El juicio político en Ecuador avanza en el congreso, mientras que en el Ejecutivo cuentan uno a uno los votos para que la oposición no reúna las 92 de 137 voluntades que necesita en el Legislativo para destituir al presidente Guillermo Lasso. En medio de la coyuntura política, el riesgo país de Ecuador ha incrementado y ronda los 1.900 puntos.
Este incremento es una bandera roja para los inversionistas extranjeros que aún no deciden si Ecuador puede ser un buen lugar para colocar sus empresas. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, declaró a Primicias que el indicador de riesgo ha incrementado por el juicio político en contra de Lasso que “hay empresas que esperan el desenlace del juicio al Presidente, para decidir su inversión”.
Además, Prado ha reiterado que “ese riesgo país no está atado a la gestión del Gobierno, es simplemente una especulación política en torno al juicio que se le quiere seguir al Presidente”. No obstante, la inversión prevista por las autoridades aún no alcanza los niveles que esperaban, en parte, por la crisis política que se acentuó en el Ecuador desde febrero de este año, cuando Lasso perdió aparatosamente el referéndum que su administración impulsaba.
Por su parte, Guillermo Lasso ha dicho a medios internacionales que confía en que la oposición no reúna los votos para forzarlo a dejar el cargo. En su más reciente declaración pública con el Financial Times, Lasso dijo que, en caso de no contar con los votos a su favor, activará el mecanismo constitucional de disolución anticipada de poderes representativos. En otras palabras, disolverá el congreso, convocará a nuevas elecciones y gobernará bajo decreto ley mientras se efectúan los nuevos comicios.
A este recurso constitucional en Ecuador se lo conoce como “muerte cruzada”. La muerte cruzada también puede ser activada por la Asamblea Nacional bajo tres causales dispuestas en la Constitución. En junio de 2022, durante las protestas que paralizaron al país por 18 días, el congreso intentó utilizar este mecanismo, pero no hubo los votos necesarios.
En esa entrevista, Lasso aseguró que, de anticipar elecciones, se presentaría como candidato: “Tengo un deber con mis votantes”, insistió. El mejor momento de la popularidad de Lasso ocurrió durante el plan de vacunación anticovid que impulsó su gobierno. Sin embargo, ahora su aceptación no supera el 20%.
Aunque Lasso recientemente ha asegurado que no ha decretado la muerte cruzada “porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”. A esto se suma el temor del mandatario frente a la comunidad internacional, que podría interpretar la disolución del congreso como la instalación de un régimen dictatorial. No obstante, con el Financial Times aseguró que no permitirá “la censura del presidente”, dijo.
Alrededor de sus argumentos en el juicio político, el mandatario ha dejado claro que necesita defender su nombre y el de su familia. En un cuestionado mensaje a la nación, transmitido en marzo pasado, Lasso dedicó casi 20 minutos ha declararse inocente del cargo de peculado que le imputa, políticamente, la oposición de la Legislatura.
El argumento de los proponentes se basa en un contrato firmado entre Amazonas Tanker y la Flota Petrolera Ecuatoriana. Aunque el contrato se firmó en 2020, cuando Lasso aún no asumía, la oposición asegura que el mandatario debió actuar frente a un contrato que perjudica al país.
“El peculado se define como un delito en el que alguien se aprovecha de los fondos públicos para su propio beneficio. No he utilizado fondos públicos para mi propio beneficio”., indicó Lasso.
De acuerdo con el presidente, el 75% de los ecuatorianos no quieren una desestabilización política. No obstante, un sondeo de opinión reciente de Click Report indicó que el 38% de encuestados están de acuerdo con que Lasso cumpla su mandato, mientras que el 18% preferirían que la Asamblea lo destituya. El 28%, en cambio, creen que la muerte cruzada es una opción que el mandatario debería tomar.
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