Cientos de miles de bolivianos de todo el país participaron el miércoles en un “cabildo nacional” liderado por la oposición para discutir una serie de propuestas, incluida la reanudación de las protestas que se iniciaron en diciembre por el arresto del gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho.
Movimientos cívicos y grupos de ciudadanos críticos con el presidente Luis Arce pidieron una ley de amnistía que, en un plazo no mayor de 30 días, determine la liberación de Camacho y de otros opositores que están presos.
De no darse, aseguraron que impulsarán “activamente un proceso constitucional para revocar su mandato”. Se sumaron a la campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referendo sobre la reforma de la justicia.
En las nueve ciudades capitales de Bolivia se realizó el cabildo este miércoles, una suerte de asamblea local de las bases, para decidir el rumbo de las acciones de oposición que en las últimas dos semanas han protagonizado protestas en el país.
La convocatoria de mayor concentración fue la de Santa Cruz, considerada el motor económico de Bolivia y un bastión opositor, de donde es gobernador el líder opositor encarcelado.
El presidente del comité cívico de esa región. Rómulo Calvo, leyó las preguntas y consideraciones que posteriormente fueron aprobadas por los asistentes.
Entre las determinaciones, se exigió una guardia departamental que proteja a la población y un Defensor del Pueblo departamental, además de la liberación de Camacho y de otras 180 personas a las que consideran presos políticos.
“El Gobierno del Estado Plurinacional no debe decretar amnistías y es precisamente lo que se está pidiendo en este cabildo”, dijo antes de la cita ciudadana el ministro de Justicia, Iván Lima, a la televisora Unitel.
Por la mañana con el respaldo de la Iglesia católica, abogados y voluntarios bolivianos emprendieron una campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referendo sobre la reforma de la justicia,
“¡Basta! Yo firmo”, se llama la campaña que busca reunir 1,5 millones de firmas. El Tribunal Supremo Electoral otorgó los libros para la recolección de las firmas que, según la ley, se realizará por 90 días.
“Es tiempo de que todos los bolivianos formen parte de esta cruzada para reformar esta justicia”, dijo Juan del Granado, abogado y ex alcalde de La Paz. Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, explicó que desde la Iglesia católica se “está apoyando para que se pueda hacer el referéndum en Bolivia y se llegue a hacer realidad la transformación de la justicia”.
El senador Luis Adolfo Flores, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó a la campaña de “cuentos” y sostuvo que en la Asamblea Legislativa se iniciará a fines de marzo la preselección de candidatos para las elecciones judiciales previstas para fin de año.
La reforma de la justicia es uno de los reclamos de la oposición y grupos civiles críticos del presidente Luis Arce que surgieron de cabildos convocados tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Camacho fue enviado preventivamente por cuatro meses a una cárcel el 30 de diciembre mientras se lo investiga por presunto terrorismo.
El gobernador de Santa Cruz está acusado de alentar las protestas que siguieron a las fallidas elecciones de 2019 en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ello desató una crisis política y social que dejó 37 muertos y obligó a Morales a renunciar y huir del país.
Posteriormente la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia en forma interina. Áñez también fue enviada a la cárcel por presunto terrorismo y posteriormente juzgada y condenada por ejercer el cargo de forma ilegal, en primera instancia.
En paralelo, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el avance de las recomendaciones de un grupo interdisciplinario de expertos sobre la crisis de 2019. Los expertos responsabilizaron a los gobiernos de Morales y Áñez por la violencia que derivó en masacres, torturas, ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos.
(Con información de AP)
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