La Justicia Federal de Brasil ordenó este miércoles bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro.
Así, la Justicia brasileña dio ‘luz verde’ a esta decisión, solicitada por la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes, según informó O Globo.
Entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná --estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo-- , y a quien se le bloqueó un coche de lujo para, con él, pagar los gastos ocasionados por los desperfectos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.
Por otro lado, a un empresario de Santa Catarina también se le bloquearon hasta cinco vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se le bloquearon hasta siete autobuses.
Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.
Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de los 1.459 seguidores radicales del ex presidente Jair Bolsonaro detenidos por los actos golpistas del pasado 8 de enero, informó este miércoles el tribunal.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, determinó que 140 de los detenidos en flagrante pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia, con el objetivo de “garantizar el orden público”.
Los 140 implicados por su participación en “actos de terrorismo” y “destrucción de predios públicos” y responderán en la cárcel por los delitos de “asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”.
También les fueron imputados cargos por “amenaza, persecución e incitación al crimen”, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF).
Hasta el próximo viernes, agregó la Corte, se determinará la situación de las otras 1.259 personas que permanecen detenidas.
El pasado 8 de enero miles de extremistas que no aceptan la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de octubre invadieron y destruyeron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el presidencial palacio de Planalto.
Los bolsonaristas, que llevaban acampados más de dos meses en las puertas de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venció con el 50,9 % de los votos válidos.
En la misma decisión del magistrado, otras sesenta personas que estaban detenidas obtuvieron la libertad provisional atendiendo medidas cautelares pedidas por sus abogados, pero seguirán respondiendo ante la Justicia por las mismas acusaciones.
Los beneficiados con la libertad provisional deberán, además, entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica para ser monitorizados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio, entre otras medidas.
Los 1.459 detenidos entre el 8 y el 9 de enero pasaron ya por sus primeras audiencias ante jueces de la capital brasileña, mientras que otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por tratarse de ancianos, enfermos o mujeres con niños.
Con información de Europa Press y EFE
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