El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó una condena de 30 años de prisión contra el ex presidente Otto Pérez Molina por supuestamente haber liderado una estructura criminal que operaba en los puertos del país y defraudó por millones de dólares al Estado.
La Fiscalía finalizó este martes la etapa de conclusiones en el juicio que se celebra contra Pérez Molina, ex mandatario de Guatemala (2012-2015), y otros 29 ex funcionarios más acusados de operar una estructura criminal que funcionó en los puertos del país centroamericano entre 2012 y 2015.
El ente investigador solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial una sentencia de 30 años de prisión y una multa de 9,3 millones de dólares contra Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
La fiscal Leslie Rosales, quien está a cargo de la acusación contra el binomio presidencial, fundamentó su petición con escuchas telefónicas y señalamientos directos de testigos protegidos que aseguran que Pérez Molina y Baldetti dirigían la estructura criminal.
Los delitos que pesan contra los ex gobernantes son asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Dicha estructura criminal, denominada “La Línea”, se encargaba de realizar cobros ilícitos a importadores en los puertos del país a cambio de reducir el pago de impuestos por sus mercaderías, de acuerdo con la investigación de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Fiscalía también solicitó 32 años de prisión contra Carlos Muñoz y Omar Franco, dos de las máximas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante los años en los que la estructura criminal habría funcionado.
Para el resto de implicados, donde figuran técnicos aduaneros y enlaces externos de la organización, la fiscalía solicitó penas que van de 10 a 22 años de prisión.
Por su parte, Pérez Molina, de 71 años, tras conocer la petición de la Fiscalía en su contra señaló ante periodistas que si es absuelto por el tribunal accionará legalmente contra los autores de la investigación.
La investigación de este caso salió a la luz pública en 2015 y provocó masivas manifestaciones ciudadanas que contribuyeron a la renuncia del binomio presidencial y su posterior procesamiento.
Además, el descubrimiento de dicha organización criminal que operaba en aduanas, fue el parteaguas para que la Cicig y la Fiscalía descubrieran al menos otras 7 estructuras criminales incrustadas en diferentes entidades gubernamentales durante la administración del extinto Partido Patriota.
En los próximos días el tribunal dirigido por la jueza Jeannette Váldez dará a conocer la fecha en la que se dictará sentencia contra el ex presidente y los otros 29 sindicados.
Por su parte, el Ministerio Público allanó este miércoles la residencia de Leily Santizo, una ex fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, debido a una orden de captura en su contra por un supuesto caso de obstaculización a la acción penal.
La Fiscalía pretendía capturar a la ex investigadora Santizo esta mañana, sin embargo no fue localizada en su vivienda ubicada en la Ciudad de Guatemala, según confirmó a la agencia EFE la vocería del ente investigador.
Con información de EFE
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