El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) de Ecuador ha confirmado que el personal de la cárcel de Esmeraldas encontró los cuerpos sin vida de dos presos con evidentes signos de asfixia en la mañana de este sábado.
La Policía Nacional ha informado de que se ha iniciado una investigación para determinar la causa de las muertes, aunque el diario ‘El Comercio’ recoge que podrían haber perdido la vida por golpes propinados dentro de sus celdas, después de un altercado que tuvo lugar de madrugada.
Esta misma semana 29 reclusos han sido asesinados y 53 han resultado heridos en enfrentamientos registrados en los centros de retención de Guayas y Cotopaxi, según ‘El Obrero’.
Este diario apunta que en lo que va del año, más de 100 reos han fallecido en las cárceles ecuatorianas, lo que sumaría más de 400 asesinados desde 2020 cuando estalló una crisis carcelaria alimentada por la disputa entre bandas criminales por el control de las prisiones, el hacinamiento y la falta de presupuesto.
Las asociaciones humanitarias han denunciado estas cifras, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en un informe difundido este viernes, ha criticado que “la dinámica del Estado sea que dentro de las cárceles mueran las personas” y una vez se hayan desarrollado los disturbios traten de poner orden.
Los expertos del Subcomité para la Prevención de Tortura de las Naciones Unidas visitaron Ecuador y expresaron su preocupación sobre la crisis carcelaria que vive el país andino. La delegación exhortó al Estado a tomar medidas inmediatas y adicionales que permitan retomar el control de las prisiones y garantizar los derechos humanos de los reclusos.
El pronunciamiento de los expertos de la ONU se dio luego de las dos jornadas de violencia registradas esta semana en la cárcel de Latacunga, a 100 kilómetros de Quito, y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Esta última es la cárcel más violenta del país. Los enfrentamientos han dejado al menos 21 presos muertos y 66 heridos. Con esto, el número de reos asesinados en las matanzas en las prisiones desde el 2021 asciende a casi 500, según los datos oficiales.
La delegación del Subcomité para la Prevención de Tortura (SPT) estuvo compuesta por María Luisa Romero, de Panamá, como jefa de delegación, por María Andrea Casamento, de Argentina, por Marco Feoli, de Costa Rica, y por Patricia Arias, de Chile.
El SPT está compuesto por 25 miembros independientes e imparciales que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
(Con información de Europa Press)
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