El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, sostuvo este martes que el Estado boliviano es responsable de garantizar la salud de la ex presidenta interina Jeanine Áñez, próxima a cumplir un año en prisión preventiva por la crisis de 2019 y en huelga de hambre.
En la conferencia de prensa ofrecida al terminar su visita oficial a Bolivia, García-Sayán se refirió a lo ocurrido el pasado viernes, cuando grupos afines al oficialismo impidieron el traslado de Áñez a un hospital tras la disposición de un juez, que luego decidió que la ex mandataria recibiera la atención médica dentro del penal.
“El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y la salud de las personas que están en esa condición y por su puesto en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez”, dijo a los medios.
En el informe preliminar sobre su visita a Bolivia que fue entregado a los medios, el relator también señala que el Estado “tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales”.
Y cita las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.
También menciona el informe de la Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que constató que no se forzó a Áñez a recibir alimentos o tratamiento médico, respetando su decisión de mantenerse en una huelga de hambre en la que ya lleva 14 días.
El relator instó a Bolivia a garantizar la independencia de la Justicia
El Estado boliviano debe “garantizar” el acceso y la independencia de la Justicia mediante un “acuerdo nacional”, señaló García-Sayán.
Para el relator, la independencia de la Justicia es “una tarea pendiente” y un “reto” que Bolivia debe encarar con “firmeza”.
García-Sayán se refirió a algunos hechos “a lo largo de varios años” en los ha habido presiones, amedrentamiento, encarcelamientos y procesos políticos identificados ya por la relatoría y que durante su visita constató que “aún no han sido erradicados”.
“La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia”, reflexionó.
También instó a que se haga efectivo un “gran acuerdo nacional” para establecer metas que suponen la participación de agrupaciones políticas y colegios de profesionales, además de representantes de los poderes del Estado y sectores sociales.
Reforma judicial
García-Sayán incidió en que la justicia en Bolivia “está lejos de la gente” y destacó la respuesta ciudadana que provocó un reciente escándalo en el que un feminicida y asesino serial quedó libre gracias a “medios corruptos”.
“He constatado con preocupación de que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la Justicia”, dijo.
Al referirse a la situación en las cárceles del país dijo que el hacinamiento alcanza “ribetes particularmente dramáticos” con más de 19.000 presos en un sistema que tiene capacidad para 5.000, un 349 % por sobre su capacidad.
Observó que existen 1.000 jueces para una población de más de 11 millones, que solo el 44 % de ellos están en una carrera judicial mientras que los demás son de tránsito y que es necesario que “pasen a ser jueces de carrera”.
Sobre el trabajo de la Fiscalía alertó sobre “las limitaciones” para acceder a la información por parte de las víctimas de delitos y pidió que se considere “seriamente” una legislación de acceso a la información pública.
También el relator señaló su “preocupación” por la “baja legitimidad” del proceso de elección de altos magistrados de Justicia sometidos a votación popular, algo que requiere “algunos ajustes” en la selección previa en el Parlamento.
(Con información de EFE)
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