La gobernación de San Pablo, el estado más poblado de Brasil con 46 millones de habitantes y el más afectado por la pandemia del COVID-19, publicó este martes un decreto que obliga a sus cerca de 570.000 empleados públicos a presentar certificado de vacunación contra el coronavirus.
El decreto determina que todos los funcionarios públicos vinculados directa o indirectamente a la gobernación de San Pablo o a órganos de la administración regional tienen plazo hasta el próximo domingo para presentar el certificado que compruebe que ya cuentan con el ciclo completo de inmunización (dos dosis o la vacuna de dosis única).
La gobernación solo admitirá como excepciones a los empleados públicos que presenten un comprobante médico en el que demuestren que tienen alguna condición que contraindica la vacuna.
“Quien viole el plazo fijado en el decreto estará sujeto a un proceso administrativo interno por eventual responsabilidad disciplinaria”, según un comunicado divulgado por la gobernación, que por ahora no estableció las posibles sanciones que serán impuestas a quien no presente el certificado.
El gobierno regional únicamente aclaró que las posibles sanciones están previstas en el Estatuto de los Funcionarios Públicos del Estado, en los Reglamentos Disciplinarios y en los respectivos códigos de conducta de las empresas públicas.
A nivel privado, algunas empresas brasileñas ya exigen el certificado de vacunación a sus empleados como condición para mantener sus contratos y hasta han despedido sin pagar indemnización a quienes se niegan a vacunarse.
El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el líder de la negacionista ultraderecha brasileña, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y un opositor al certificado de vacunación, hasta el punto que él no se ha vacunado, llegó a publicar un decreto por el que prohibía a las empresas privadas exigirle el comprobante a sus empleados.
Pero la Corte Suprema dejó sin efectos el decreto y autorizó a las empresas a exigir el comprobante y a despedir a quien no lo presente.
La alcaldía de San Pablo, capital regional y mayor ciudad de Brasil, ya exige el certificado de vacunación a sus empleados públicos pero hasta ahora no se lo pide a las personas que acceden a las edificaciones públicas.
El Concejo municipal de San Pablo, el Tribunal regional de Justicia y el Ministerio Público, en cambio, sí exigen el comprobante a las personas que necesitan acceder a sus predios administrativos.
Pero los casos de personas que se niegan a vacunarse son mínimos en San Pablo, estado en el que, según cifras oficiales, el 96% de los adultos ya cuenta con el ciclo completo de inmunización contra el COVID-19.
Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia del COVID-19, el segundo en número de muertos por coronavirus detrás de Estados Unidos, con unos 619.000 víctimas, y el tercero en contagios después de EEUU e India, con unos 22,3 millones de casos.
(Con información de EFE)
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