La Justicia cubana archivó las causas penales contra varios artistas que se manifestaron contra la dictadura

Las autoridades judiciales cubanas archivaron en los últimos días las causas penales contra varios de los artistas que protestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt) el pasado 11 de julio en el contexto de las masivas manifestaciones contra la dictadura castrista.

Algunos de esos artistas han publicado en sus redes sociales que recibieron a finales de diciembre el sobreseimiento de los procesos abiertos en su contra, en la mayoría por “desorden público”. Varios medios independientes se han hecho eco de la noticia.

“Acabo de firmar mi sobreseimiento por la manifestación del 11 de julio frente al Icrt”, escribió el historiador Leonardo Fernández, uno de los congregados en julio.

En este grupo estaba también el dramaturgo Yunior García Aguilera, que posteriormente se convirtió en el rostro de los convocantes a la marcha disidente del 15 de noviembre, y que acabó marchando a España. Su situación legal actual es incierta al no encontrarse en el país.

Los artistas se manifestaron el 11 de julio pacíficamente frente a la institución estatal en el Vedado habanero, pero fueron detenidos violentamente y cargados en camiones por agentes de la Seguridad del Estado.

Las protestas, inéditas en más de seis décadas, estallaron por la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y los efectos de la crisis económica, agravada esta vez por la pandemia y el recrudecimiento del embargo de Estados Unidos.

A esas manifestaciones, que incluyeron marchas pacíficas, enfrentamientos con la policía y saqueos puntuales en algunas localidades, siguió una ola de detenciones arbitrarias de cientos de personas críticas con el régimen de Miguel Díaz-Canel, desde ciudadanos anónimos hasta artistas, activistas opositores y periodistas independientes.

Los activistas independientes han documentado más de un millar de detenidos, pero las autoridades judiciales contabilizan 62 personas juzgadas, en su mayoría por el delito de desorden público -imputado a 53 de los procesados-. También hay acusaciones de desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños.

Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, acorde al Código Penal cubano.

Días atrás, el exilio cubano urgió a la ONU a interceder por los opositores detenidos tras las protestas del 11 de julio.

El Directorio Democrático Cubano solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una “acción urgente” para liberar a los manifestantes detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio en Cuba como parte de “la ola represiva desatada por el régimen castrista”.

En una carta enviada a la Relatoría del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, Orlando Gutiérrez, director de esta organización del exilio en Miami, solicitó la aplicación del procedimiento especial conocido como “Acción Urgente” en favor de los detenidos.

Precisó que esta medida, según las regulaciones de la ONU, es aplicable a “los casos en que hay suficientes argumentos confiables de que una persona está siendo privada de su libertad sin evidencia creíble de delito”.

Agregó que dicha detención de opositores en la isla constituye además “una seria amenaza a la salud de esa persona, a su integridad física o psicológica o hasta de su vida”.

Gutiérrez, directivo del Directorio Democrático, una de las organizaciones de dentro y fuera de Cuba englobadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, lamentó “las condiciones inhumanas de encarcelamiento”.

Recalcó que estas han sido denunciadas de forma consistente y desde hace décadas, ante los organismos internacionales de derechos humanos y, en especial, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al que pertenece el Grupo de Detenciones Arbitrarias.

“El tratamiento a los presos en Cuba, especialmente a los presos políticos, ha sido típicamente cruel, inhumano y degradante. Las golpizas y el hambre, junto al hacinamiento y la falta de atención médica, son los métodos usuales en las prisiones”, detalló la organización.

La relación directa entre la detención “arbitraria” que padecen las personas arrestadas desde el 11 de julio y el tratamiento que reciben esas personas en las prisiones “hace imprescindible que se aplique a su favor la Acción Urgente de Naciones Unidas”, reiteró.

La misiva fue dirigida a Miriam Estrada-Castillo, del Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas.

El documento recordó que el pasado 11 y 12 de julio se produjeron en Cuba numerosas demostraciones populares reclamando libertad, que recibieron una “feroz represión que culminó con el asesinato a tiros de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, varios heridos de bala y el arresto de cientos de personas, incluidos menores de edad”.

“Han transcurrido casi 5 meses desde esos hechos y todavía mantienen arrestadas a cientos de personas”, señaló la carta. Agregó que otros cientos han sido procesados en juicios sumarios, sin derechos ni garantías, y con acusaciones arbitrarias y falsas.

(Con información de EFE)

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