
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este viernes al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con una resolución que declara “ilegítimas” las elecciones presidenciales donde el líder sandinista fue reelegido. La votación resultó aprobada con 25 votos a favor, un voto en contra y siete abstenciones. Además, hubo una ausencia.
Desde que el proyecto de resolución fue impulsado el miércoles por ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) se ha hecho más evidente la división hacia adentro del organismo entre los que defienden que la OEA endurezca su posición y los que piden que no se entrometa.
El proyecto de resolución —que se aprobó con 25 votos pero podría haberse aprobado por la mayoría simple de 18 votos (entre 34 miembros)—, pide al Consejo Permanente de la OEA que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.
El texto aprobado no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero sí podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”.
El documento afirma que las elecciones presidenciales que le dieron la reelección por cuarto mandato consecutivo al presidente Daniel Ortega el domingo, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Nicaragua ha “ignorado todas las recomendaciones de la OEA”, afirman, y agregan que las iniciativas diplomáticas llevadas a cabo por el organismo para promover la democracia en el país “no han tenido éxito por haber sido ignoradas” por el gobierno del país.

Los 25 votos a favor fueron de El Salvador, EEUU, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Solo votó en contra de la resolución Nicaragua; mientras que hubo siete abstenciones: de Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica. San Cristobal y Nieves, por su parte, fue el único ausente en la votación.
Argentina, que este año se abstuvo de apoyar dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA que pedían elecciones libres y la liberación de todos los opositores detenidos en Nicaragua, votó a favor, en un giro en su política.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya mostró el martes su rechazo a los comicios en Nicaragua, calificándolos de “ilegítimos” e instó a los países miembros a “responder” en la Asamblea General a una “clara violación de la Carta Democrática”. En junio Almagro pidió al Consejo Permanente considerar aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería la participación de Nicaragua en el organismo.
Estados Unidos, Canadá y Costa Rica condenaron al régimen de Ortega, reelegido el domingo tras haber detenido o forzado al exilio a los opositores con posibilidades de derrotarlo.
La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y “tenemos que respetar esta carta”, insistió el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken durante la asamblea.

“No se vale desconocer” la Carta Democrática, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Rodolfo Solano.
Mientras tanto, y como un mantra, el representante de Managua solicitó el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron “libres” y pedir “respeto”. Cuando le llegó el turno a su país, su representante, Michael Campbell, recalcó: “Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas”.
Ortega, quien lleva 14 años consecutivos en el poder en Nicaragua, fue reelecto el domingo para otro mandato de cinco años, frente a cinco candidatos derechistas desconocidos, acusados de confabular con el gobierno, y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.
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