Los contratos para la explotación de litio firmados en Bolivia con empresas de China y Rusia generan polémica en la semana en la que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Varios sectores cuestionan la rentabilidad de los proyectos y el porcentaje de regalías para el departamento donde se encuentra la principal reserva del metal.
En ese marco, los dirigentes del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) exigieron al Gobierno la anulación de los contratos hasta el 25 de febrero y advirtieron con radicalizar sus protestas. “Si el Gobierno no va a atender nuestras demandas, habrá movilizaciones. Vamos a esperar hasta el martes 25 de febrero y después la decisión es que habrá una medida de presión”, informó Alberto Pérez, presidente de Comcipo.
El dirigente cívico señaló que se propusieron al menos tres medidas de presión a definirse la próxima semana: una marcha de 98 kilómetros desde la localidad Patacamaya hasta la sede de Gobierno, una huelga general indefinida y un bloqueo de caminos.
Esta determinación surgió en una reunión realizada en Potosí, departamento ubicado al sudoeste del país donde se encuentra el salar de Uyuni, uno de los principales reservorios del metal estratégico para la transición energética. A la región le corresponde el 3% de las regalías por la industrialización del litio, un porcentaje que los cívicos consideran bajo si se lo compara con, por ejemplo, el 11% que recibió otra región por la venta de los hidrocarburos. El Gobierno afirma que el porcentaje está determinado por la Ley Minera y que los contratos se ajustan a la normativa vigente, lo que impide su modificación hasta que se apruebe una ley específica sobre el litio.
El cívico potosino descartó su participación en reuniones convocadas por el Gobierno para explicar los alcances de los contratos, porque consideró que la socialización de éstos es tardía. “Se rechaza la firma de estos dos contratos, ya no hay socialización porque es tarde se han equivocado de camino y no vamos a ser tontos útiles. Asimismo, estamos esperando la aprobación del proyecto de ley de litio o recursos evaporíticos y no se asistirá a ninguna socialización de los contratos”, manifestó.
Los contratos fueron firmados por el Gobierno en noviembre pasado. El primero con la empresa rusa Uranium One y el segundo con un consorcio chino llamado CBC Hong Kong Investment, cuya casa matriz es CATL, la mayor productora de baterías de litio del mundo. Ambos acuerdos implican la construcción y puesta en marcha de tres plantas para la extracción directa de litio con una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.
Lejos de generar esperanza en el país golpeado por la crisis y la debacle de su industria petrolera, estos contratos generan desconfianza sobre la rentabilidad de los proyectos, los costos ambientales, los procedimientos previos a la firma y las condiciones de los acuerdos con las empresas internacionales, entre otros elementos.
Según organizaciones ambientales y algunos especialistas, no son beneficiosos para el país porque además de entregar el 49% de las utilidades a las empresas, se deberán cancelar montos adicionales como la devolución total de la inversión, los costos de operación, intereses sobre la inversión inicial y un monto extra por cada tonelada de carbonato de litio, según una revisión de los documentos realizada por la Fundación Solón.
En medio de ese debate, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china y éste deberá pasar al pleno para su revisión, posiblemente en esta semana. El contrato con la firma rusa aún está siendo analizado por la Comisión de Economía Plural.
