El 18 de diciembre, más de cincuenta habitantes de Grabovske, en la región ucraniana de Sumi, quedaron incomunicados tras ser capturados durante una operación militar rusa y permanecieron sin contacto externo durante dos días antes de su traslado a territorio ruso. El incidente, que afectó principalmente a mujeres y adultos mayores con dificultades de movilidad y recursos limitados, ha sido clasificado por las autoridades ucranianas como una deportación forzada y una violación grave del derecho internacional humanitario. Según reportó Ukrinform, el comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, encabezó la denuncia ante medios nacionales e internacionales y destacó la especial vulnerabilidad de las personas detenidas.
De acuerdo con Ukrinform, las autoridades ucranianas consideran que la privación de libertad y el aislamiento de los civiles en el contexto de hostilidades militares vulneran tratados y convenciones internacionales destinados a la protección de la población no combatiente. Lubinets señaló que tales acciones implican no solo el traslado no consentido de residentes, sino también la exposición de grupos en condición de riesgo a situaciones de suma indefensión, por lo que solicitó la intervención urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de emplear mecanismos para asegurar los derechos y la seguridad de los desplazados.
Las averiguaciones iniciales consignadas por Ukrinform indican que la intervención de soldados rusos en Grabovske se realizó en medio de la intensificación de enfrentamientos armados en la zona fronteriza de Sumi. La Dirección de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó posteriormente que el número total de personas capturadas supera el medio centenar, lo que reitera la dimensión del operativo y sus repercusiones en la población civil, según el medio ucraniano.
El seguimiento del caso se mantiene vigente mientras continúan las investigaciones acerca de la situación jurídica y física de los trasladados a territorio ruso. Ukrinform detalló que el gobierno de Ucrania ha demandado respuestas formales a la Federación Rusa sobre el paradero y las condiciones de los ciudadanos ucranianos afectados, al mismo tiempo que persisten las gestiones diplomáticas orientadas a exigir su retorno y el respeto de sus derechos fundamentales.
En declaraciones recogidas por Ukrinform, Lubinets hizo un llamado a organizaciones humanitarias, organismos internacionales y la comunidad diplomática a adoptar medidas legales y políticas para evitar que se repitan traslados forzosos de este tipo. El funcionario remarcó la necesidad de una cooperación activa con entidades multilaterales para reforzar las normas de protección y cumplimiento de los tratados que prohíben el desplazamiento involuntario de civiles dentro de zonas de conflicto armado.
La repercusión del caso se trasladó también al plano local, donde Lubinets realizó recomendaciones a la población de Sumi y áreas colindantes con el objetivo de prevenir nuevos incidentes. Aconsejó evaluar la evacuación voluntaria frente al agravamiento de las hostilidades, argumentando que abandonar las zonas de enfrentamiento constituye la vía más segura para evitar ser objetivo de acciones militares similares.
Según Ukrinform, la respuesta ucraniana incluye el despliegue de recursos diplomáticos y operativos para monitorear el estado de los civiles trasladados y mantener informado al público sobre el desarrollo de las pesquisas. El gobierno ucraniano ha reiterado su petición a la comunidad internacional para que se adopten acciones que impidan futuras deportaciones y aseguren la protección inmediata de la población civil en zonas en disputa militar.
Lubinets insistió, de acuerdo con Ukrinform, en la gravedad de la situación y subrayó la urgencia de coordinar esfuerzos internacionales que permitan tanto la protección humanitaria como la eventual repatriación de los habitantes de Grabovske. Las autoridades mantienen abierto el seguimiento del caso en espera de nuevos datos sobre el destino de las personas capturadas y el cumplimiento de exigencias relativas a su regreso seguro a territorio ucraniano.
