La revisión de más de 2.800 documentos calificados como irregulares durante el escrutinio electoral en Honduras formó uno de los focos centrales de tensión en el proceso, caracterizado por la estrecha diferencia entre los principales candidatos y la alta presencia de observadores nacionales e internacionales. El Heraldo informó que esta etapa, desarrollada en el Centro Logístico Electoral del Instituto Nacional de Formación Profesional, modificó la dinámica acordada para las elecciones, pues la duración extendida de las sesiones de revisión y el ambiente de fiscalización constante colocaron bajo presión adicional a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según consignó El Heraldo, la revisión de actas con inconsistencias no solo ralentizó el conteo de votos hasta superar el 99,80 por ciento del total, sino que también amplificó las disputas internas entre los miembros del organismo electoral. El medio informó que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, acumulaba en ese contexto el 40,54 por ciento de los sufragios, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sostenía el 39,20 por ciento, lo cual convertía cada acta impugnada en un punto de conflicto con impacto potencial sobre el resultado final.
El uso de certificados digitales y la validez jurídica de las firmas electrónicas se transformaron en objeto de debate público y motivos de preocupación para partidos, funcionarios y observadores. El Heraldo detalló que la controversia alcanzó uno de sus momentos álgidos al cuestionarse la legitimidad de sesiones virtuales de deliberación, particularmente por parte de Marlon Ochoa, representante del partido LIBRE, quien expresó ante el medio su inquietud sobre la legalidad de los actos realizados de manera remota por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio. Ochoa argumentó al medio hondureño que la ausencia física de estas funcionarias en la sede del CNE requería controles adicionales para validar sus decisiones.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, afirmó a El Heraldo que tanto ella como López-Osorio participaron de forma continua en las sesiones, cuya duración total excedió los diez días. Hall explicó que la prolongación del escrutinio obedeció a la complejidad técnica y a las presiones políticas y sociales presentes, descartando motivaciones extrañas al cumplimiento institucional. Según la funcionaria, las condiciones excepcionales demandaron procedimientos transparentes cuyos fundamentos legales y operativos defendió ante las críticas.
Por su parte, Cossette López-Osorio denunció ante El Heraldo situaciones de hostigamiento e intimidación durante el proceso. "Cree que puede someternos a sus caprichos mediante amenazas, intimidación y el respaldo de quienes lo acompañan en esta peligrosa deriva. Su intención es evidente", manifestó al medio aludiendo al comportamiento de ciertos integrantes del propio CNE. Estas declaraciones impulsaron cambios en los protocolos internos dirigidos a blindar la integridad legal de las resoluciones y a fortalecer la confianza en el proceso electoral.
La presión de organizaciones nacionales e internacionales determinó la adopción de medidas extraordinarias para reforzar la vigilancia sobre el recuento. De acuerdo con lo publicado por El Heraldo, la singularidad del elevado número de actas sometidas a escrutinio exhaustivo, sumada a la mínima diferencia porcentual entre los principales aspirantes y la reiterada observación internacional, incrementó la demanda de transparencia y justificación pública de cada paso realizado por los consejeros.
El Heraldo reportó que el debate por el empleo de recursos electrónicos, como las firmas y sellos digitales, ocupó un lugar central en la discusión sobre la legitimidad de las decisiones del órgano electoral. Las deliberaciones internas incluyeron diferencias sobre el marco regulatorio vigente aplicable a este tipo de evidencia, lo cual acentuó el desacuerdo tanto dentro del Consejo como entre los actores políticos que participaron en la contienda.
Diversos partidos y agrupaciones sociales solicitaron que se clarificaran los procedimientos adoptados para atender el cuestionamiento de las actas, especialmente aquellas en las que el uso de herramientas electrónicas reemplazó la presencia física de los consejeros. El Heraldo añadió que estas peticiones se vincularon tanto a la necesidad de fortalecer los controles internos como a la intención de restaurar la confianza en la legalidad y neutralidad del resultado.
El escrutinio, según la crónica del medio, estuvo marcado por episodios de enfrentamiento y mutuas acusaciones de interferencia, que se tradujeron en llamados reiterados a mejorar la supervisión y los mecanismos de control institucional. Numerosas organizaciones de la sociedad civil, junto a observadores extranjeros, participaron en la fiscalización de las sesiones y en la evaluación de la transparencia del proceso. La persistencia de una diferencia mínima entre los candidatos intensificó el escrutinio y llevó a múltiples sectores a demandar decisiones que fuesen percibidas como legítimas y aceptables por todos los involucrados.
Por último, El Heraldo documentó el impacto de la presión política, social y mediática sobre los miembros del CNE, quienes se vieron obligados a ajustar los ritmos y modalidades del recuento para responder tanto a los estándares legales como a la demanda pública de credibilidad en las instituciones. El proceso de revisión se tornó una prioridad judicializada, con los expedientes cuestionados tratados de manera individual y procedimientos revisados en detalle para garantizar la validez de cada decisión.
El periodo de escrutinio electoral en Honduras, de acuerdo con lo consignado por El Heraldo, se distinguió no solo por la intensidad de la contienda y el volumen de documentos impugnados, sino por la centralidad que ocupó el debate por la legitimidad de los mecanismos electrónicos y el papel de la supervisión en la aceptación de los resultados finales por parte de la sociedad.
