
Un recipiente con líquido inflamable, un encendedor tipo soplete y una caja de cerillas figuran entre los objetos requisados al principal sospechoso de una cadena de incendios en el barrio de Sant Antoni en Barcelona. Según informó el Ayuntamiento de Barcelona, el hombre fue detenido el jueves pasado en la calle Comte Urgell durante una operación llevada a cabo por agentes de la Guardia Urbana, en el marco de la investigación por varios fuegos intencionados detectados a lo largo de noviembre y diciembre en este sector de la ciudad.
El consistorio detalló que la recolección de pruebas incluyó la revisión de grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia y el análisis de testimonios proporcionados por residentes de Sant Antoni, elementos que resultaron determinantes para precisar la identidad, el vestuario y los desplazamientos del sospechoso durante los episodios investigados. De acuerdo con la información municipal, la conjunción de estos elementos resultó básica para establecer la acusación, fortalecer la imputación penal y proceder a la detención del implicado.
Según publicó el Ayuntamiento de Barcelona, los materiales inflamables incautados durante el arresto refuerzan la hipótesis de que los incendios se originaron de forma deliberada. Los episodios atribuidos al detenido incluyeron la quema de contenedores de basura y daños en elementos de mobiliario urbano ubicados en distintas calles del barrio. Los objetos decomisados, así como los relatos de los testigos y el material audiovisual, fueron incorporados inmediatamente al expediente judicial, mientras el sospechoso pasaba a disposición de la justicia y se mantienen abiertas diligencias en torno al caso, reportó la administración local.
Un informe municipal divulgado tras la operación policial consignó que los incendios provocaron daños materiales en bienes públicos y representaron un riesgo para residentes y transeúntes. El Ayuntamiento de Barcelona remarcó que la exposición al peligro se acentuó durante las horas de entrada y salida escolar, afectando especialmente a menores y personas mayores en cruces y aceras de elevado tránsito peatonal.
La quema de contenedores implicó un aumento notable de residuos, junto a un deterioro ambiental inmediato y al menoscabo de la imagen urbana de Sant Antoni, subrayó el comunicado institucional. Uno de los incidentes revisados tuvo lugar junto a la fachada de un edificio residencial, lo que supuso obstáculos adicionales para evacuar a los ocupantes e intensificó la preocupación y el temor en la comunidad. El reporte municipal citó que el episodio más reciente se registró el 17 de diciembre, cuando ardieron tres contenedores en la calle Villarroel y fue necesaria la intervención urgente de los servicios de emergencia para impedir que el fuego se propagara y agravara la situación.
El Ayuntamiento de Barcelona destacó que la sucesión de ataques con fuego afectó directamente la percepción de seguridad vecinal, generó inquietud y provocó un ambiente de alarma que persistió varias semanas. La preocupación sobre la convivencia y la cohesión social en Sant Antoni se reflejó en el aumento de encuentros y debates entre residentes, que impulsaron a intensificar la comunicación con las autoridades en busca de mecanismos preventivos más eficaces. De acuerdo con el informe municipal, la coordinación entre las áreas de Investigación y Territorial del Eixample de la Guardia Urbana resultó esencial para la obtención de pruebas y la fundamentación de la causa penal.
Sobre el proceso legal, el consistorio señaló que todos los datos recabados, incluidos testimonios y registros visuales, respaldan la imputación al detenido por la comisión de incendios en diferentes puntos de Sant Antoni. Además, se analiza la dimensión de los daños materiales y los costes asociados a la reposición de infraestructuras, intervenciones de emergencia y tareas de limpieza y restauración de los espacios públicos afectados, informó el Ayuntamiento de Barcelona.
La administración local insistió en la necesidad de continuar la investigación, recoger información adicional y recabar nuevos testimonios, todo orientado a clarificar los hechos e identificar con precisión las responsabilidades correspondientes. Entre las medidas en estudio, el municipio expuso su compromiso de fortalecer los canales de prevención y fomentar la colaboración directa con los vecinos del barrio. Según detalló el Ayuntamiento de Barcelona, el objetivo consistirá en minimizar el riesgo de nuevos incidentes y restaurar la confianza comunitaria.
El balance de las autoridades también destacó las dificultades surgidas durante la evacuación de los edificios implicados y el impacto negativo sostenido sobre la convivencia y la percepción de seguridad en la zona afectada. El expediente judicial permanece abierto y la investigación continuará, según informaron las fuentes municipales, con vistas a precisar la realidad de los hechos y adoptar acciones orientadas tanto a la recuperación del espacio público como a prevenir delitos similares en la zona de Sant Antoni.


