La última etapa del caso judicial se centró en el análisis de un cuaderno encriptado y mensajes electrónicos que los investigadores iraníes atribuyeron a presuntos vínculos con servicios de inteligencia extranjeros. La ejecución de Aqil Keshavarz por cargos de espionaje a favor de Israel se produjo en un entorno de creciente tensión entre Irán e Israel y en medio de solicitudes persistentes de entidades internacionales que demandan mayor apertura en los procesos judiciales relacionados con la pena de muerte. Según consignó Mizan, medio portavoz del Poder Judicial iraní, el hallazgo del cuaderno, contenido entre los efectos personales del acusado, resultó clave en la conformación del expediente y en la decisión del Tribunal Supremo iraní de mantener la condena capital.
El medio Mizan informó que la detención de Keshavarz tuvo lugar en mayo en la localidad de Urmía, ubicada al noroeste de Irán. Agentes de seguridad actuaron tras observar conductas sospechosas cuando el ciudadano capturaba imágenes de una instalación militar. La posterior intervención de los servicios de inteligencia incluyó la revisión de su teléfono móvil, donde identificaron un mensaje dirigido a un usuario denominado “Osher”, que según los especialistas citados por el mismo medio, respondería a un contacto vinculado a la estructura israelí.
La investigación, según detalló el medio iraní, combinó elementos materiales y la confesión del procesado ante las autoridades judiciales. Keshavarz reconoció que habría participado en más de doscientas actividades que habrían favorecido a los servicios de inteligencia israelíes en distintas ubicaciones del país, incluyendo capitales regionales como Teherán, Isfahán, Urmía y Shahroud. El tribunal consideró suficiente tanto la evidencia recogida como el testimonio de Keshavarz para dictaminar la sentencia de pena de muerte.
Conforme a lo publicado por Mizan, la dinámica de confrontación entre Irán e Israel se caracteriza por acusaciones sobre presuntos ataques israelíes a estructuras nucleares iraníes y acciones violentas contra personalidades científicas y militares de relevancia, fundamentalmente relacionadas con el desarrollo de energía nuclear. Estas circunstancias han impulsado operativos reforzados por parte de las autoridades iraníes para proteger espacios considerados críticos para la seguridad nacional, según declaró el medio.
En esa línea, la agencia de prensa dpa reportó que el número de ejecuciones atribuidas a cargos de espionaje en Irán ya ha superado la decena en el actual período. El análisis de dispositivos electrónicos, documentos cifrados y declaraciones judiciales suele ser común en estos procesos, indicó la agencia. Dpa también destacó que este tipo de juicios transitan con rapidez y suelen realizarse de manera sumaria, lo que motiva interrogantes acerca de las garantías procesales y la proporcionalidad de las penas impuestas.
Diversas organizaciones humanitarias han señalado inquietudes sobre el uso frecuente de la pena capital ante acusaciones de espionaje en territorio iraní, según reportó dpa. Estas entidades consideran que, además de perseguir posibles delitos, las ejecuciones pueden emplearse con el objetivo de desalentar actitudes críticas en el panorama político nacional. Datos de Naciones Unidas, citados por la agencia, señalan que Irán efectuó cerca de mil ejecuciones en el año más reciente, posicionándolo entre los países con mayor aplicación global de la pena de muerte.
El acceso restringido a información relevante de procesos judiciales por espionaje en Irán representa un obstáculo, de acuerdo con los expertos consultados por dpa. Señalan que la confidencialidad de los expedientes y el procedimiento acelerado de las causas impiden el monitoreo independiente y dificultan la verificación de que se respeten las garantías procesales. Estas problemáticas continúan siendo objeto de cuestionamientos en foros multilaterales y entre organismos de derechos humanos.
Según Mizan, la intensificación de las políticas de vigilancia y el aumento de arrestos por motivaciones de espionaje se enmarcan en una estrategia oficial destinada a contrarrestar amenazas que las autoridades perciben como externas. El gobierno, según el mismo medio, preservará una política estricta de supervisión y examinará periódicamente la seguridad de infraestructuras sensibles para evitar intervenciones de actores foráneos calificados como hostiles.
En respuesta a la ejecución de Keshavarz y situaciones similares, la agencia dpa relató un incremento en las solicitudes oficiales dirigidas a Irán desde plataformas multilaterales y entidades civiles. Estas apelan al gobierno iraní a fortalecer la transparencia de los procedimientos judiciales y a dar acceso a la documentación relevante. Los pedidos también incluyen la revisión de sentencias, el refuerzo de salvaguardas legales para acusados y la observancia de compromisos internacionales vinculados a derechos humanos y debido proceso.
El caso de Keshavarz ilustra el persistente contexto de rivalidad política y operativa entre Teherán y Jerusalén, documentado tanto por Mizan como por dpa. La vigilancia sobre instalaciones estratégicas y el endurecimiento de las políticas de control estatal se presentan como respuesta gubernamental al actual clima de confrontación. Al mismo tiempo, organizaciones y actores internacionales continúan presionando al aparato judicial iraní para que adapte sus procedimientos a estándares globales, particularmente respecto a delitos relacionados con la seguridad nacional y sentencias de carácter irreversible.
