La necesidad de adaptar la normativa interna de Perú a los compromisos internacionales ha cobrado relevancia tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional, según relató Europa Press. Organizaciones internacionales han señalado la importancia de eliminar toda figura legal que obstaculice la persecución penal de delitos graves, incluidos desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, al considerar que cualquier limitación normativa podría favorecer la impunidad de los responsables. Este análisis se suma a la controversia generada por la decisión que autoriza declarar prescritos algunos delitos de lesa humanidad cometidos antes de la adhesión del país a tratados clave, lo que, según publicó Europa Press, ha situado en el centro de la discusión la protección judicial de las víctimas y la estabilidad institucional de la justicia peruana.
El fallo del Tribunal Constitucional permite que jueces dictaminen la prescripción de delitos de lesa humanidad, siempre que hayan ocurrido antes de que Perú se uniera a tratados internacionales como el Estatuto de Roma o la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Europa Press detalló que la reacción de agencias especializadas de Naciones Unidas y diversas entidades de derechos humanos no se hizo esperar, manifestando su preocupación por la seguridad jurídica de jueces, fiscales y defensores involucrados en casos de violaciones graves de derechos humanos o corrupción, y alertando de los riesgos para las garantías institucionales.
De acuerdo con lo informado por Europa Press, la resolución del tribunal introduce una reinterpretación de la doctrina de imprescriptibilidad de ciertos delitos, tradicionalmente considerada inamovible por estar sustentada en el derecho internacional. Diversos organismos han advertido que, al permitir que estos crímenes prescriban, la nueva norma podría frustrar el acceso a la justicia para las víctimas y dificultar la sanción a los responsables de hechos que han marcado la historia reciente del país.
Numerosas voces especializadas recordaron la posición expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en resoluciones previas, según publicó Europa Press. Ambas instancias han reiterado que los tratados internacionales firmados no se ven sujetos a restricciones por reformas legales internas ni condicionados por la fecha de ratificación. Este marco jurídico ha sostenido tradicionalmente que las víctimas de graves delitos de derechos humanos requieren un acceso efectivo a la justicia, lo que, según las recomendaciones de estos organismos, prevalece sobre cualquier limitación establecida en normas de carácter nacional.
A lo largo de la cobertura, Europa Press destacó que portavoces de Naciones Unidas recalcaron la supremacía de los tratados internacionales ratificados por Perú por encima de sus leyes nacionales. Los expertos argumentaron que “el principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento”, enfatizando la obligación del Estado peruano de revisar cualquier marco legal que dificulte la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de graves violaciones a los derechos humanos.
Según reportó Europa Press, la interpretación del Tribunal Constitucional, referida en el debate público como “ley de impunidad”, ha generado posturas críticas entre defensores de derechos humanos y especialistas legales, quienes consideran que se pone en duda la legitimidad y consistencia del sistema judicial peruano. Estos grupos advierten sobre el riesgo de que casos emblemáticos y de alto perfil puedan quedar sin respuesta judicial y exigen el fortalecimiento de mecanismos de protección para jueces, fiscales y demás operadores jurídicos involucrados en estas investigaciones.
En su análisis, Europa Press consignó que dichas organizaciones han pedido salvaguardar la autonomía de los órganos judiciales y reforzar las garantías para quienes lideran la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y corrupción. Además, resaltaron la urgencia de supervisar permanentemente cualquier cambio legislativo o institucional que modifique el acceso a la justicia o debilite los derechos fundamentales protegidos por acuerdos multilaterales.
Las agencias multilaterales advirtieron, según Europa Press, sobre la necesidad de vigilancia hacia el desarrollo legal peruano y la actuación de sus poderes públicos, señalando que la confianza y eficacia del Estado depende de evitar retrocesos que limiten la persecución penal de crímenes reconocidos internacionalmente. La comunidad internacional mantiene activa la observación sobre la implementación y los efectos del mencionado fallo, preocupada por la posibilidad de que los nuevos criterios conduzcan a la caducidad de causas judiciales contra responsables de delitos con impacto global.
Europa Press informó, además, que expertos de Naciones Unidas insistieron en que la prevención y sanción de violaciones graves de derechos humanos representa un compromiso de la comunidad internacional, por lo que ninguna disposición interna puede justificar la impunidad de estos delitos. Señalaron que toda revisión del marco legal debe garantizar el acceso a la verdad y a la reparación para las víctimas, y eliminar obstáculos formales que frenen estos procesos.
Al intensificarse el debate, Europa Press recopiló las opiniones de organizaciones que exigen mantener los estándares internacionales y proteger la labor de investigadores y jueces frente a posibles represalias. La protección judicial de los derechos fundamentales, señalaron los organismos multilaterales a través de Europa Press, debe sustraerse de cualquier formalismo normativo que impida el castigo efectivo de violaciones graves. Reiteraron la importancia de mantener la consistencia entre la legislación nacional y las obligaciones internacionales adquiridas por Perú para responder a las exigencias de justicia y reparación que plantean los crímenes de lesa humanidad.
