La reciente operación militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe se realizó sin revelar públicamente el nombre del buque incautado ni confirmar si este figura entre las embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro. Según informó Axios, esta acción forma parte de una estrategia intensificada de vigilancia naval desarrollada en la región. El despliegue estadounidense tiene como meta restringir las exportaciones de hidrocarburos desde Venezuela, enviar una señal clara sobre los riesgos legales y económicos de desafiar las sanciones y advertir a empresas, gobiernos y particulares internacionales acerca de la determinación de Washington de hacer cumplir su política de embargo.
De acuerdo con Axios y CNN, este operativo ocurrió un sábado, aproximadamente dos semanas después de que la Guardia Costera estadounidense y otros cuerpos militares interceptaran el buque petrolero “Skipper” bajo circunstancias semejantes. Las fuentes citadas por ambos medios dentro de la administración estadounidense explicaron que la lógica de estas intervenciones militares apunta a bloquear rutas marítimas y a disuadir posibles intentos de evasión del embargo, recalcando que ningún actor internacional queda fuera del alcance de la política de sanciones de Washington. CNN destacó que estas acciones constantes se han convertido en parte de una campaña sostenida y coordinada, cuyo alcance se incrementó a partir del endurecimiento del régimen de sanciones impuesto al sector petrolero venezolano desde 2019.
La intensificación de operativos militares en el Caribe, detalló Axios, no solo pretende bloquear el comercio ilícito de crudo venezolano, sino también establecer un precedente visible capaz de generar “incertidumbre y temor entre los posibles implicados sobre los riesgos legales y económicos que implica desafiar las sanciones estadounidenses”. Una fuente citada por el medio sostuvo: “Estados Unidos ya ha demostrado su capacidad de intervenir en cualquier lugar y momento”, aludiendo al mensaje preventivo que subyace detrás de las acciones en alta mar.
Según reportó CNN, la administración estadounidense coordina estas operaciones con otras políticas internacionales orientadas a presionar al gobierno de Nicolás Maduro y reforzar el bloqueo sobre los flujos de recursos energéticos que sostienen la economía venezolana. El refuerzo de la presencia de la Guardia Costera y otras fuerzas militares estadounidenses en la región caribeña se concibe como un cerco destinado a restringir de manera efectiva la capacidad de Caracas para sostenerse financieramente mediante exportaciones de crudo, así como para dificultar las operaciones diplomáticas y comerciales del régimen venezolano.
Axios consignó que la ofensiva naval estadounidense también se enmarca en un contexto de lucha contra el tráfico de drogas asociado a embarcaciones procedentes de Venezuela. Según cifras recogidas por ambos medios, la intensificación de la vigilancia se tradujo en la destrucción de 29 barcos vinculados a actividades ilícitas y en la muerte de 104 personas durante los operativos, una demostración de las consecuencias directas que tiene el incremento de la presencia militar en el área. Este despliegue militar sostiene simultáneamente la política exterior de Washington y sus intereses de seguridad hemisféricos, combinando la interdicción de cargamentos de hidrocarburos con la represión del narcotráfico.
La política de restricciones totales sobre el sector petrolero venezolano se remonta al anuncio realizado por Donald Trump el 10 de diciembre de 2023, fecha posterior a la incautación del petrolero “Skipper”, cuando el entonces presidente estadounidense confirmó el reforzamiento del embargo a través de un veto completo a todas las embarcaciones contenidas en la lista de sancionadas. CNN puntualizó que hasta la fecha, el gobierno estadounidense no confirmó públicamente si el barco intervenido durante la última operación formaba parte de dicha lista.
La estrategia trazada por las autoridades estadounidenses, según documentó Axios, se manifiesta tanto en la coordinación multilateral con países aliados para bloquear canales de comercio internacional, como en la intervención directa contra cualquier intento de exportación no autorizada de materias energéticas venezolanas. Las acciones en foros internacionales buscan consolidar el aislamiento político y económico de Venezuela, recurriendo a sanciones, bloqueos e incautaciones navales para dificultar la llegada del crudo venezolano a los mercados globales.
CNN resaltó la vigilancia permanente sobre las rutas marítimas del Caribe, describiendo la política estadounidense como una combinación de medidas disuasorias, coordinadas con socios de la región y con el objetivo explícito de frustrar cualquier intento del gobierno de Maduro de obtener recursos mediante la evasión del bloqueo. Voceros consultados por ambos medios afirmaron que la campaña estadounidense permanecerá activa mientras persista el riesgo de transacciones internacionales destinadas a eludir los controles de Washington sobre los activos energéticos de Venezuela.
Datos de Axios y CNN muestran que los efectos de este régimen de sanciones y acciones militares han impactado profundamente la recaudación de fondos y los ingresos públicos del Estado venezolano desde 2019, afectando directamente la capacidad del gobierno de Maduro para financiar compromisos internos y mantener influencia en el escenario internacional. Analistas citados por Axios consideraron que el uso del elemento militar resulta decisivo para dificultar la logística y desalentar el interés de empresas, naciones o agentes independientes en participar del comercio petrolero venezolano, dada la elevada probabilidad de incautaciones, procedimientos judiciales y sanciones financieras.
Las últimas operaciones en el Caribe documentadas tanto por CNN como por Axios reafirman la disposición estadounidense a mantener, e incluso incrementar, la presión sobre el gobierno venezolano mediante combinaciones sucesivas de acciones militares y diplomáticas. A través de estos medios, Washington apunta a restringir el acceso de Venezuela a los mercados energéticos internacionales, reducir de forma ostensible su margen de maniobra diplomático y reforzar el patrón disuasorio ante cualquier forma de cooperación material o financiera con Caracas en el sector hidrocarburos.
En cada procedimiento, la administración estadounidense busca demostrar la viabilidad y efectividad de su política de embargo, evidenciando que el cerco impuesto va más allá de las sanciones económicas y alcanza el plano operacional mediante interdicciones marítimas coordinadas. Esta táctica, reiterada desde hace más de cuatro años, configura el escenario actual de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en el ámbito energético internacional, marcado por la sucesión de incautaciones, cercos diplomáticos y restricciones cada vez más estrictas sobre la economía venezolana.
