Durante la fase final de La Vuelta Ciclista a España en Madrid, un grupo de veinticinco agentes de la Unidad de Intervención Policial resultó herido en medio de protestas propalestinas que se desarrollaron paralelamente al evento deportivo. De acuerdo con Europa Press, las cifras de agentes lesionados contrastan con el hecho de que únicamente se produjeron dos detenciones, una situación que generó críticas desde los sindicatos policiales y ha dado lugar a la apertura de una investigación judicial contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid inició diligencias previas tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, que atribuye al delegado posibles delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones, así como otros presuntos delitos relacionados con desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación administrativa.
Europa Press detalló que, según el escrito presentado por Manos Limpias, la planificación policial durante la etapa final de La Vuelta resultó insuficiente. Los sindicatos policiales implicados expresan que las órdenes de la Delegación del Gobierno priorizaron la imagen pública del operativo y evitar molestias a los manifestantes, lo que, según sus versiones, limitó la capacidad operativa de los antidisturbios. También señalaron que los mandos policiales advirtieron previamente que los efectivos desplegados carecían de instrucciones detalladas, lo que, según sostienen los sindicatos, habría condicionado negativamente la actuación policial ante posibles incidentes violentos.
El auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, precisa que el procedimiento penal iniciado se centra especialmente en la investigación de lesiones por imprudencia sufridas por los agentes durante los disturbios. Miembros de la UIP relatan que el operativo no incluyó directrices concretas ni protocolos de actuación frente a episodios de violencia. En la denuncia recogida por Europa Press, los representantes policiales exponen que la Secretaría de Estado de Seguridad limitó su margen de intervención, citando expresiones como “se les envió con las manos atadas”. Según la argumentación presentada, la falta de órdenes claras impidió una intervención eficaz para contener o evitar altercados mayores.
El escrito de denuncia compara algunos incidentes ocurridos esa jornada con situaciones de “kale borroka”, término utilizado en España para referirse a acciones violentas en la vía pública generalmente asociadas al terrorismo callejero. De acuerdo con los documentos aportados por Manos Limpias y citados por Europa Press, los sindicatos consideran que el diseño y la ejecución del dispositivo policial estaban “abocados al fracaso” como consecuencia de la ausencia de instrucciones para actuar en los momentos de mayor tensión. Aseguran que, en los episodios violentos, los agentes no recibieron orientaciones activas ni autorización para actuar con determinación, lo que dificultó, según su testimonio, las labores de contención y disuasión frente a los disturbios.
Los denunciantes rechazan que la cifra de arrestos durante la jornada —dos en total— sea proporcional al nivel de violencia registrado y a la cantidad de heridos entre las filas policiales. Manos Limpias interpreta este desequilibrio como una “prueba evidente” de que se instauró una política de “contención” y “guante blanco” hacia los manifestantes calificados de violentos por los sindicatos. Añaden, según lo recabado por Europa Press, que esta estrategia derivó directamente de las instrucciones emanadas desde la Delegación del Gobierno.
La denuncia también recoge que Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, manifestó públicamente que la última etapa de La Vuelta transcurrió con normalidad y que los incidentes fueron mínimos. Según reflejó Europa Press a partir de la denuncia, esta declaración oficial contrasta con los datos facilitados por los sindicatos y la cifra de policías heridos, incrementando las sospechas de una posible falta de transparencia sobre la gravedad de los altercados vividos durante el evento.
Como parte de las diligencias judiciales iniciadas, los denunciantes han solicitado la comparecencia de los agentes heridos y de los portavoces de los principales sindicatos policiales, con la finalidad de aclarar cuál fue el proceso de adopción de decisiones y bajo qué criterios operativos se diseñó el dispositivo de seguridad. Manos Limpias defiende ante el juzgado que los testimonios de estos funcionarios resultan fundamentales para establecer si existió realmente una carencia de previsión y una gestión no adecuada por parte de la Delegación del Gobierno.
El proceso judicial se halla actualmente en fase de instrucción y se enfoca en determinar la responsabilidad de los mandos gubernamentales en la planificación y el desarrollo del despliegue policial, así como en analizar las posibles consecuencias penales de las decisiones adoptadas en el contexto de las protestas vinculadas a la última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid. Europa Press señala que la investigación tiene entre sus objetivos establecer si las acciones u omisiones de los responsables políticos y policiales encajan dentro de alguna de las figuras delictivas recogidas en la denuncia: imprudencia grave, desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación administrativa.
