Al destacar la relevancia de la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como elemento clave para reforzar la seguridad en la zona fronteriza que conecta a Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro aclaró que la conducción de las fuerzas armadas colombianas es un asunto exclusivo del Estado colombiano y de sus mecanismos internos democráticos. Según reportó Europa Press, esta postura de Petro responde a la reciente propuesta formulada públicamente por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien planteó la creación de un comando militar regional conjunto entre ambos países.
De acuerdo con el medio Europa Press, Petro dejó clara su posición respecto al planteamiento de Maduro, enfatizando que ningún líder extranjero tiene facultad para intervenir ni emitir directrices a las Fuerzas Militares de Colombia. El mandatario colombiano expresó sin ambigüedad que la estructura y el mando de la defensa nacional constituyen competencias exclusivas del gobierno colombiano, y remarcó: “No, él no tiene que dar órdenes a los militares... Nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”. Esta declaración establece la separación formal entre las cadenas de mando de ambos países y reafirma la vigencia de la soberanía nacional sobre las decisiones que afectan los dispositivos de seguridad y defensa.
En la intervención difundida a través de medios oficiales en Venezuela, Maduro buscó justificar la propuesta de unión militar en la necesidad de hacer frente a amenazas externas, con especial referencia a la participación e influencia de Estados Unidos en la región. Argumentó que la “memoria histórica de la Gran Colombia” brinda un precedente legítimo para la iniciativa de cooperación militar. Europa Press consignó que el presidente venezolano apeló tanto a las fuerzas armadas como a sectores civiles de su país para conformar un bloque común frente a lo que describió como estrategias impulsadas desde Washington, supuestamente destinadas a crear fracturas entre Colombia y Venezuela.
La tensión discursiva entre ambos gobiernos se produce en medio de un contexto de desafíos fronterizos persistentes, donde el tráfico de drogas, la presencia de bandas criminales y la movilidad de actores armados ilegales impactan la vida cotidiana de las comunidades rurales y urbanas a ambos lados de la frontera. Según informó Europa Press, esta situación ha obligado a modificar tanto los esquemas de patrullaje y vigilancia como los mecanismos bilaterales de cooperación, en un intento de contener los efectos de estas dinámicas transnacionales.
Tras la clasificación del gobierno venezolano como “organización terrorista” por parte de la administración estadounidense bajo el mandato de Donald Trump y la imposición de sanciones económicas, Caracas elevó quejas formales ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela calificó las medidas como una “agresión grave y criminal”, e insistió en la idea de que las sanciones buscan socavar su soberanía y reducir al país a una condición de dependencia externa. Maduro caracterizó la política estadounidense hacia Venezuela como un “delirio”, según recogió el medio Europa Press.
El problema de organizaciones armadas ilegales que circulan y operan a lo largo de la frontera continúa dificultando cualquier intento de control total y real de la región. Europa Press remarcó que la persistencia de estos grupos transfronterizos constituye un desafío de alta complejidad tanto para las autoridades colombianas como venezolanas. La vida en pueblos y ciudades fronterizos se ve condicionada por la inestabilidad y la violencia asociadas a la operación de actores ilegales, forzando respuestas adaptativas por parte de las fuerzas de seguridad y de las mismas comunidades locales.
Ambas administraciones rechazan de manera reiterada toda forma de intervención externa en asuntos militares y políticos, y presentan la defensa de la soberanía como pilar de sus respectivas agendas internacionales. Según detalló Europa Press, mientras Colombia sostiene que la conducción de sus fuerzas armadas debe limitarse a decisiones internas y a canales institucionales definidos por la democracia representativa, el gobierno venezolano insiste en una integración más profunda, en particular en materia de defensa común ante injerencias externas.
La agenda bilateral enfrenta permanentes debates por los matices e interpretaciones divergentes sobre el rol de la cooperación militar y la gestión conjunta de la frontera. Los puntos de fricción se agravan por el flujo constante de migrantes, la expansión de economías ilegales, la presión sobre recursos estatales y las denuncias mutuas sobre falta de control territorial. Europa Press indicó que, a pesar de los esfuerzos por mantener canales de diálogo y acuerdo, la noción de establecer un comando militar binacional continúa generando resistencia en las autoridades colombianas, que priorizan la protección de principios soberanos frente a propuestas de integración estructural militar.
Las demandas de Venezuela ante órganos multilaterales como la ONU buscan obtener respaldo internacional frente a las sanciones implementadas por Estados Unidos, sumando así un componente global a la disputa regional. Esta dimensión internacionaliza el conflicto y condiciona la agenda de seguridad, diplomacia y cooperación entre vecinos, según lo informado por Europa Press.
Las respuestas a la inseguridad fronteriza, la autonomía en la toma de decisiones militares y las presiones derivadas de actores externos se convierten en temas recurrentes de negociación y tensión, reflejando tanto la necesidad de adaptabilidad como los límites de colaboración entre dos gobiernos que, aún cuando comparten la defensa nominal de la soberanía, difieren en la implementación de sus políticas de integración y protección territorial.
