Las condiciones del préstamo colectivo permiten que Ucrania no devuelva los fondos hasta que reciba las reparaciones correspondientes por los daños derivados del conflicto, una medida que busca fortalecer su posición negociadora ante el Gobierno ruso, según detalló Europa Press. Esta facultad de posponer el reembolso se integra en el acuerdo entre veinticuatro países de la Unión Europea, que han consensuado otorgar un crédito conjunto de 90.000 millones de euros a Ucrania, tras extensas deliberaciones en Bruselas. La decisión posterga toda utilización inmediata de los activos rusos congelados, optando por privilegiar la legalidad internacional y la estabilidad financiera del bloque regional.
La reunión de líderes europeos, según publicó Europa Press, se extendió a lo largo de dieciséis horas y estuvo marcada por el rechazo de varias propuestas iniciales que pretendían movilizar directamente los activos rusos retenidos como avales para la operación de financiamiento. Bélgica encabezó la oposición, advirtiendo sobre eventuales litigios y controversias jurídicas que podrían derivarse de dicha medida, así como sobre los riesgos reputacionales y financieros para las entidades gestoras de estos fondos, particularmente Euroclear. De acuerdo con Europa Press, la postura belga, respaldada por expertos jurídicos y representantes del sector financiero, pesó considerablemente en la definición del mecanismo definitivo.
La fórmula aprobada se basa en la experiencia previa de la Unión Europea con instrumentos de deuda conjunta, empleada durante la pandemia de COVID-19. Esta estrategia articula la movilización de recursos a través de los mercados de capital, usando como respaldo los márgenes presupuestarios de la UE, sin implicar obligaciones para los presupuestos nacionales de los países que no participen del esquema. Hungría, República Checa y Eslovaquia optaron por no sumarse al acuerdo, automarginándose del sistema de cooperación reforzada que lo sustenta, relató Europa Press. Los veinticuatro Estados restantes consideraron que el modelo representa una respuesta pragmática frente a los desafíos técnicos, financieros y legales aparejados al respaldo a Ucrania.
Durante las negociaciones, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestó a Europa Press que la Unión Europea se reserva el derecho de recurrir a los activos rusos congelados en caso de que Moscú no cumpla con las compensaciones fijadas por el daño de guerra. Costa sostuvo que el formato elegido permite que la asistencia financiera se active de forma oportuna y que supone un instrumento de presión política y económica dirigido a las autoridades rusas. Costa agregó que la persistencia de la congelación sobre los activos rusos queda garantizada de forma indefinida; su empleo solo podrá considerarse tras la obtención de nuevas garantías jurídicas, mediante mayoría cualificada entre los Estados miembros.
El debate sobre el futuro de los activos sancionados reflejó la preocupación de numerosas delegaciones por los posibles precedentes legales de recurrir inmediatamente a fondos inmovilizados bajo sanción. Según consignó Europa Press, la delegación belga y asesores en derecho internacional subrayaron que las implicancias para el derecho financiero global y la arquitectura legal comunitaria requerían máxima precaución. Bart De Wever, representante belga, declaró a Europa Press que este acuerdo evidencia que los estados de menor tamaño dentro del bloque pueden ejercer influencia significativa en decisiones de impacto internacional, asegurando la protección del marco jurídico.
Para la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, entrevistada por Europa Press, el resultado supone un acuerdo de convergencia entre dos posturas: la que propugnaba el uso inmediato de los activos rusos y la que defendía la cohesión y el respeto a normas legales existentes. Frederiksen señaló que la presidencia danesa integró factores técnicos, políticos y jurídicos, logrando la aceptación mayoritaria del texto final.
Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz expresó al medio que el préstamo representa una alternativa sólida para socorrer a Kiev, sin renunciar a la posibilidad de emplear los activos rusos bloqueados como aval ante un eventual incumplimiento de Rusia en sus compromisos de reparación. Merz afirmó que el respaldo jurídico internacional constituye el criterio fundamental para una potencial aplicación de esos recursos si los mecanismos diplomáticos y judiciales demostraran ser insuficientes.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó su apoyo al acuerdo durante una reunión bilateral con Volodímir Zelenski. Sánchez consideró que la decisión atiende la emergencia financiera de Ucrania y reiteró su compromiso de explorar fórmulas para activar los activos rusos cuando exista mayor base legal y consenso entre los socios europeos, según informaciones de Europa Press. El encuentro reafirmó la voluntad política para avanzar en sistemas de financiamiento que combinen la urgencia de las necesidades ucranianas con el respeto a la normativa internacional.
La Comisión Europea impulsó la propuesta conocida como “préstamo de reparación”, mecanismo que vincula el anticipo de los fondos a la recuperación futura mediante indemnizaciones. Esta metodología, reportó Europa Press, se diseñó con la intención de salvaguardar tanto la urgencia en el apoyo a Ucrania como la protección del sistema global de garantías frente a eventualidades legales y financieras.
El texto acordado entre los veinticuatro Estados miembros determina que cualquier cambio en el estatus de los activos rusos bloqueados o en su utilización directa por parte de la Unión Europea deberá someterse a un nuevo proceso de discusión y aprobación por mayoría cualificada. El objetivo consiste en evitar medidas unilaterales que pudieran dar pie a litigios internacionales y dificultar la confianza en el sistema financiero europeo. Europa Press subrayó que la congelación de los activos seguirá siendo objeto de revisiones periódicas y que solo podrían emplearse para saldar la deuda ucraniana si Moscú rehúsa pagar las compensaciones estipuladas.
Varios Estados subrayaron la importancia política y simbólica del nuevo instrumento acordado. António Costa, citado por Europa Press, expuso que la ayuda financiera reafirma la determinación europea frente al conflicto de Ucrania y condiciona el reembolso de la deuda a eventuales pagos de reparaciones por parte de Rusia. Para Costa, esto refuerza los márgenes de maniobra de Kiev en las negociaciones.
Las deliberaciones que antecedieron al acuerdo evidenciaron múltiples fracturas internas, prolongándose ante la necesidad de ajustar el esquema legal propuesto a los distintos marcos regulatorios y sensibilidades nacionales, según informó Europa Press. Finalmente, la estructura reforzada adoptada permite canalizar la asistencia financiera sin comprometer los presupuestos nacionales de los países que elijan no participar, preservando así la unidad europea en el contexto del apoyo internacional a Ucrania.
La decisión de optar por el préstamo conjunto, en lugar del uso inmediato de los fondos rusos congelados, responde a la necesidad de mantener la coherencia jurídica e institucional de la Unión Europea, así como de modular la respuesta financiera frente a la evolución del conflicto y a las exigencias judiciales internacionales. Europa Press enfatizó que las condiciones aprobadas son flexibles y que el mecanismo brinda una hoja de ruta para la eventual utilización de los activos rusos, siempre supeditada a garantías legales renovadas y a la obtención de un respaldo adecuado por parte de los Estados miembros.
En este contexto, Ucrania contará con recursos hasta el año 2027 para sostener sus finanzas públicas, mientras continúan las tratativas sobre el destino de los activos rusos sometidos a sanciones internacionales. La revisión periódica de la congelación y la posibilidad de emplear estos fondos en caso de ausencia de compensaciones por parte de Rusia siguen marcando el horizonte de la política de respaldo a Ucrania por parte de la Unión Europea.
