La Comisión Federal Marítima de Estados Unidos ha solicitado a compañías navieras y operadores españoles una serie de documentos para evaluar el alcance y los efectos prácticos de la política portuaria española, en especial tras la negativa del Gobierno de España al atraque de tres buques militares estadounidenses en el puerto de Algeciras con armamento destinado a Israel. Según consignó Europa Press, este expediente administrativo en curso podría traducirse en sanciones económicas que alcanzarían hasta 2,3 millones de dólares por cada viaje afectado, e incluso contempla la posibilidad de restringir el acceso de embarcaciones españolas a terminales marítimas estadounidenses.
De acuerdo con Europa Press, la investigación iniciada por la autoridad marítima estadounidense se extiende más allá de aquel episodio puntual ocurrido en noviembre de 2024. El objeto de la revisión consiste en analizar cómo las restricciones impuestas por España podrían afectar la dinámica de los flujos logísticos bilaterales, tanto en el ámbito comercial como en el sector defensa. La Comisión Federal Marítima evalúa si las medidas adoptadas supusieron un trato discriminatorio o desventajoso hacia intereses estadounidenses y si provocaron alteraciones en el acceso al mercado marítimo de Estados Unidos, lo que podría traducirse en desventajas competitivas frente a otros actores internacionales.
El medio Europa Press detalló que la política portuaria española permanece bajo escrutinio por la relevancia estratégica de las rutas marítimas implicadas, ya que Estados Unidos cuenta con intereses militares y logísticos de alto valor en la región de Oriente Medio. La autoridad estadounidense analiza si la negativa española a facilitar escalas para buques con destino a Israel cambió las condiciones de acceso o introdujo prácticas restrictivas que desestabilizan la situación anterior en el comercio marítimo bilateral.
La revisión puesta en marcha aborda aspectos técnicos, pero también legales, en busca de determinar si España ha incumplido compromisos internacionales o bilaterales suscritos con Estados Unidos. Según la investigación difundida por Europa Press, la comparación entre los criterios nacionales aplicados en España para autorizar o denegar atraques y los núcleos de los tratados internacionales constituye uno de los ejes centrales del análisis. Al respecto, la Comisión Federal Marítima ha requerido información y argumentos a empresas del sector portuario español para puntualizar las consecuencias de la estrategia adoptada por el Gobierno de Madrid, insistiendo en la necesidad de transparencia en los procesos de autorización.
Europa Press reportó que la autoridad marítima estadounidense se propone evitar que las empresas de su país enfrenten restricciones arbitrarias en el acceso a puertos extranjeros. Su propósito apunta a impedir la aparición de obstáculos que distorsionen el comercio internacional o favorezcan ventajas injustificadas para actores de terceros países. Los funcionarios estadounidenses consultados por el medio recalcaron la importancia de asegurar la equidad competitiva ante regulaciones extranjeras que puedan modificar sustancialmente patrones de tráfico con Oriente Medio, vinculado estrechamente a las operaciones de defensa de EE.UU.
Dentro de las posibles medidas consideradas por la Comisión Federal Marítima estadounidense se encuentran la suspensión total o parcial del acceso de barcos españoles a puertos estadounidenses y la imposición de severas sanciones económicas. Europa Press agregó que el expediente continuará en estudio hasta reunir todos los elementos necesarios, garantizando la participación y defensa de las partes involucradas, incluidas las empresas portuarias españolas y estadounidenses. En este contexto, la vigencia de la seguridad jurídica y la claridad normativa resulta prioritaria para los operadores logísticos y navieros de España, preocupados tanto por las condiciones de competitividad como por su presencia en el comercio transatlántico.
La índole de la investigación, según describió Europa Press, abarca la posible existencia de reglas del juego alteradas por las decisiones de Madrid y su adecuación a los compromisos pactados entre ambos estados. El propio procedimiento dispone términos para asegurar que cualquier sanción cumpla los estándares en materia de legalidad y proporcionalidad, tal como exigen los marcos legislativos estadounidense e internacionales. Mientras tanto, la investigación permanece abierta y todavía no se ha emitido una resolución definitiva ni impuesto sanción alguna a las compañías españolas señaladas.
El proceso, tal como relató Europa Press, no solo ha generado atención en las compañías españolas involucradas en la logística marítima y portuaria, sino que también motivó un seguimiento especial por parte de la industria ante la posibilidad de un cambio sustancial en el régimen de acceso a los puertos estadounidenses. La resolución final que emita la autoridad estadounidense determinará las reglas bajo las cuales transitarán los barcos españoles en Estados Unidos en los próximos años y marcará la interpretación que se haga sobre el cumplimiento de acuerdos bilaterales y normas internacionales en situaciones similares.
Durante el desarrollo de la investigación, Europa Press reportó que los gobiernos de Estados Unidos y España han mantenido un canal activo de negociaciones y consultas, presentando argumentos técnicos y jurídicos y aportando documentación relevante al expediente. Washington mantiene que la negativa de España a autorizar los atraques puede dificultar la ejecución de acuerdos internacionales que rigen el tránsito de armamento con destino a Oriente Medio, así como afectar compromisos bilaterales previamente adquiridos en materia estratégica y logística.
El sector marítimo español, según detalló Europa Press, ha intensificado el monitoreo sobre la evolución del caso, atento a los posibles impactos a corto y largo plazo en la cadena de suministro y en la operativa logística, tanto para el tráfico vinculado a la defensa como para el transporte intercontinental de mercancías. La conclusión del procedimiento administrativo de la Comisión Federal Marítima definirá así el marco en el que se inscribirá la actividad comercial y militar marítima entre España y Estados Unidos, así como la vigencia de los principios de igualdad de trato y competencia que presiden los intercambios internacionales en este sector.
