La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid detalló que, de los menores no acompañados acogidos en sus centros, diecinueve ya han obtenido el estatus de protección internacional luego de tramitar el asilo. Sobre la base de estos datos, Europa Press informó que el Tribunal Supremo de España ha ordenado al Gobierno central asumir de inmediato la tutela y el cuidado de todos los menores vinculados a procedimientos de asilo bajo la protección de la región madrileña, transformando el abordaje estatal respecto a la acogida de estos jóvenes tras una larga controversia administrativa.
Según consignó Europa Press, la Administración General del Estado tiene ahora un plazo de treinta días para garantizar la entrada y permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, siempre que los propios adolescentes manifiesten su voluntad de solicitar asilo. La resolución judicial responde a la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien lleva años denunciando la inactividad estatal sobre este asunto y señalando la supuesta ausencia de políticas eficaces frente a la situación de menores migrantes.
El medio Europa Press puntualizó que este episodio se remonta a julio del año pasado, cuando la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo tras la negativa del Gobierno central a atender un requerimiento previo de asumir el cuidado de los menores solicitantes de asilo. Tras ese rechazo, la administración regional promovió la medida cautelar que ahora ha sido concedida por el Supremo, generando una modificación sustancial en la distribución de competencias respecto a estos casos.
Fuentes de la Consejería presidida por Ana Dávila indicaron que, a partir de la sentencia, el Gobierno de España tendrá que desarrollar sus propios recursos para acoger y proteger a los menores afectados. La Comunidad de Madrid interpreta que esta situación coloca íntegramente la responsabilidad en la esfera estatal, retirando la obligación de las autoridades autonómicas madrileñas respecto a la tutela de estos jóvenes.
Europa Press también detalló que la Comunidad de Madrid ha mostrado su conformidad con el fallo, asegurando que el pronunciamiento del Supremo responde a una supuesta inacción del Ejecutivo nacional en la gestión de menores solicitantes de asilo. Según la administración regional, el Estado habría incumplido sus compromisos durante al menos dos años y, a la vez, habría impuesto decisiones como el llamado “reparto forzoso” de menores no solicitantes de asilo entre las distintas comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.
La disputa en torno a la gestión de los menores migrantes ha elevado la tensión entre la administración central y varios gobiernos autonómicos. Madrid en particular ha criticado de forma reiterada el sistema vigente de distribución y los mecanismos estatales puestos en marcha, insistiendo en que corresponde al Ejecutivo central asumir integralmente las políticas de acogida y garantizar la protección e integración de los jóvenes solicitantes de asilo, en línea con la orden judicial.
Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y citados por Europa Press, actualmente residen en los centros de la Comunidad de Madrid ciento seis menores no acompañados en el marco de procesos de asilo; ochenta y siete han tramitado la solicitud de protección y diecinueve ya cuentan con el estatus reconocido.
Europa Press subrayó que la Comunidad ha recalcado la relevancia operativa y legal de la sentencia, pues desde ahora el Estado quedará obligado a garantizar el acogimiento, la tutela y la integración de estos jóvenes en el sistema nacional. Este fallo del Supremo representa un punto de inflexión en la política española sobre menores migrantes y modifica el panorama de responsabilidades en la protección de los menores no acompañados.
La sentencia, según informó Europa Press, refuerza la posición defendida por la Comunidad de Madrid y establece un precedente acerca del papel que tiene el Estado en la gestión de casos de menores extranjeros en situación de asilo. La obligación fijada por la justicia redefine los procedimientos, atendiendo a las demandas planteadas desde la administración regional y abriendo una nueva etapa en la estructura de acogida y protección a estos jóvenes.
