El jefe de políticas y asuntos gubernamentales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Mike Zamore, manifestó que las decisiones médicas relacionadas con adolescentes trans deberían mantenerse ajenas a intereses políticos, una posición que ha cobrado fuerza tras la reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una propuesta legislativa que penaliza a los profesionales de la salud que brinden tratamientos de afirmación de género a menores de 18 años. Según publicó CNN, la iniciativa establece penas que pueden alcanzar hasta una década de prisión para quienes prescriban bloqueadores hormonales o realicen intervenciones quirúrgicas en este grupo etario.
El medio CNN resaltó que la votación en la Cámara Baja, impulsada por la congresista Marjorie Taylor Greene, resultó en 216 votos a favor y 211 en contra. El debate legislativo se caracterizó por el quiebre dentro de ambas bancadas: cuatro representantes republicanos votaron en rechazo a la propuesta mientras que tres demócratas se manifestaron a favor, lo que puso en relieve divisiones internas respecto al rol del Estado, la libertad familiar y la autonomía del sector médico. CNN señaló que la medida introduce sanciones penales inéditas contra quienes ofrezcan lo que asociaciones médicas consideran tratamientos respaldados por la evidencia científica.
CNN consultó la postura de organismos profesionales y de defensa de derechos, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psicología. Estos colectivos expresaron su preocupación ante el riesgo de que la criminalización disuada a médicos de atender a adolescentes trans, con posibles consecuencias negativas en la salud física y mental de esta población. La ACLU, mediante un comunicado publicado por CNN, remarcó que “los políticos nunca deberían prohibir a los padres hacer lo mejor para sus hijos transgénero”.
Entre las voces recogidas, se destacó la defensa en la Cámara Baja de la congresista transgénero Sarah McBride, quien argumentó la importancia de proteger la autonomía de las familias y el personal sanitario. McBride subrayó en el pleno que las decisiones clínicas deben basarse en el consenso científico y priorizar el bienestar de los menores.
Organizaciones como la ACLU y asociaciones médicas indicaron a CNN que la posible entrada en vigor de la ley podría generar un clima de temor en el sector salud, provocando un descenso en la cantidad de especialistas que ofrecen atención a adolescentes trans, ante el riesgo de enfrentar consecuencias legales. Estas entidades advirtieron que la política criminalizadora no solo compromete el acceso a tratamientos aprobados profesionalmente, sino que puede establecer precedentes con impacto en otros campos de la medicina.
Dentro del ámbito parlamentario, CNN reportó que el debate se centró en torno a la protección de niños y adolescentes, la atribución de las familias para decidir sobre el cuidado de sus hijos y la libertad profesional de los equipos médicos. Los opositores a la propuesta hicieron hincapié en que restringir la atención a jóvenes trans puede repercutir en el desarrollo psicológico y físico de los menores, ya que los tratamientos de afirmación de género están avalados por investigaciones científicas y forman parte del consenso médico nacional e internacional.
La discusión alcanzó al debate público, expandiéndose a cuestiones de derechos humanos, reconocimiento de la identidad de género, intervención estatal en decisiones familiares y defensa profesional frente a eventuales procesos judiciales. CNN detalló que tanto familias como profesionales manifestaron su alarma por los posibles efectos adversos de la restricción, alertando que podría incrementarse la vulnerabilidad y el sufrimiento entre adolescentes trans que no logren acceder a atención médica especializada.
El futuro de la norma permanece incierto. Según indicó CNN, la mayoría demócrata en el Senado reduce las posibilidades de que la iniciativa prospere y se convierta en ley a nivel federal, y no existe claridad sobre el eventual tratamiento del proyecto en la Cámara Alta durante el corto plazo. En este contexto, colectivos médicos, defensores de los derechos civiles y activistas han insistido, según el reporte de CNN, en la necesidad de alinear las políticas públicas con los estándares científicos internacionales para salvaguardar a los grupos más expuestos.
La resolución de este proceso legislativo determinará, según CNN, si los menores trans continuarán accediendo a procedimientos amparados en criterios profesionales y científicos, y también impactará en la relación entre Estados Unidos y las recomendaciones de la comunidad médica respecto a salud pública y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
