A finales de junio, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico advirtieron que si el informe sexenal remitido a Bruselas identificaba un estado de conservación “desfavorable” para el lobo, España vería limitadas sus opciones de intervención sobre la especie, siguiendo lo dictado por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este informe, cuyo envío está pendiente desde hace más de cuatro meses, resulta determinante en la posibilidad de aplicar controles letales y otras medidas de gestión. El retraso en su entrega mantiene abiertas las incógnitas sobre la regulación y manejo de especies protegidas en España.
Según publicó Europa Press, la Administración española no ha remitido todavía el dossier incluido en el Artículo 17 de la Directiva Hábitats, cuyo plazo venció oficialmente el 31 de julio. La Comisión Europea confirmó este incumplimiento a través de su portavoz de medio ambiente, Maciej Berestecki, quien explicó que España continúa en proceso de “revisión” de los datos antes de proceder con el envío oficial a Bruselas. La Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), dependiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, identificó la falta de entrega en los registros comunitarios y anotó el incumplimiento del plazo en la plataforma de seguimiento.
El informe sexenal, obligatorio cada seis años bajo el ámbito de la Directiva Hábitats, sirvió históricamente para recopilar datos sobre el estado de conservación de especies y hábitats de interés comunitario. El lobo, cuya presencia y gestión han sido fuente de tensiones entre sectores ambientalistas y representantes del ámbito rural, figura como una de las especies evaluadas con mayor atención y polémica. Europa Press detalló que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las autoridades españolas justificaron el retraso en la necesidad de perfeccionar los datos recogidos antes de materializar el informe, lo que mantiene la formalización pendiente.
A comienzo de junio, la Comisión Europea envió comunicaciones a los Estados miembros, según indicó Europa Press, donde contemplaba aceptar breves demoras en la remisión de datos debido a problemas técnicos detectados en el nuevo sistema digital de la Agencia Europea de Medio Ambiente encargado de recibir los informes. El Gobierno español solicitó formalmente una ampliación del plazo, petición que el Ejecutivo justificó ante Europa Press como parte del proceso de verificación interna de la información.
El marco legal español exige que estos informes reciban el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, según fija la Ley de Desperdicio Alimentario aprobada en 2023. Esta ley, en su disposición adicional octava, establece que la gestión de los informes sexenales queda a iniciativa de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y requiere el aval sectorial correspondiente. Europa Press recordó que este procedimiento se encuentra actualmente bajo revisión judicial, ya que el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la citada ley, incluyendo el procedimiento administrativo de validación.
El retraso, que según Europa Press ya supera el margen de gracia ofrecido por la Comisión Europea para la transición a la nueva plataforma electrónica, mantiene en suspenso la aplicación de medidas de gestión sobre las especies protegidas, con especial atención al lobo ibérico. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un informe negativo sobre el estado de conservación de la especie en una parte del territorio español implicaría aplicar las restricciones derivadas al conjunto del país. Esta interpretación, recogida por el Ministerio y reportada por Europa Press, complicaría la implementación de “controles letales” u otras medidas dirigidas a la población de lobos.
La falta de envío del dossier afecta el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España y deja en incertidumbre la validación y adopción de decisiones futuras tanto en el ámbito nacional como europeo. Europa Press informó que la Comisión Europea permanece a la espera de la actualización de datos, mientras sectores implicados en la gestión, desde colectivos medioambientales hasta el mundo rural, observan expectantes el desenlace del proceso y sus repercusiones sociales y legales.
Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúa revisando información considerada esencial, el debate sobre el futuro legal y ecológico del lobo y otras especies protegidas permanece abierto a la espera de la decisión final sobre el envío del informe. El resultado de este proceso administrativo resultará clave en la concreción de futuras políticas de manejo y conservación, así como en el estatus legal del país ante la normativa comunitaria.
