El vicepresidente de Bolivia se opone al fin del subsidio al diésel y anuncia medidas contra el decreto de Paz

Edman Lara anticipa la presentación de una iniciativa parlamentaria para revertir las medidas planteadas por Rodrigo Paz, en medio de una creciente controversia que agita el escenario político y económico tras las elecciones recientes en Bolivia

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La diputada Claudia Mallón, integrante de la agrupación APB Súmate, anticipó la presentación de un proyecto ante la Cámara Baja que buscará revertir tanto la eliminación del subsidio al diésel como otras medidas económicas impulsadas por el presidente boliviano Rodrigo Paz. Según informó inicialmente el diario 'El Deber', esta decisión del bloque parlamentario responde a una serie de decretos emitidos por el Ejecutivo, incluyendo el incremento del 20 por ciento del salario mínimo, oficializado el miércoles.

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, se pronunció públicamente este jueves para rechazar la eliminación del subsidio al diésel y confirmó que promoverá acciones legislativas diseñadas para frenar lo que considera políticas económicas inapropiadas para el contexto actual. De acuerdo con 'El Deber', Lara compareció en rueda de prensa junto a representantes de partidos miembros de la Asamblea Legislativa, desde donde advirtió que este paquete de medidas impulsadas por el presidente Paz podría profundizar la pobreza, incrementar el desempleo y aumentar los precios de la canasta familiar.

El malestar entre la Vicepresidencia y el Ejecutivo surgió tras las recientes elecciones, período a partir del cual se hicieron evidentes las diferencias entre Lara y Paz. El medio 'El Deber' recogió declaraciones en las que el vicepresidente aseguró que, bajo las circunstancias presentes, implementar estas medidas resultaría nocivo para las condiciones de vida de amplios sectores de la población boliviana.

Por su parte, según puntualizó 'El Deber', la administración de Rodrigo Paz reconoció el potencial impacto inmediato que la eliminación del subsidio al diésel puede ocasionar en los precios de productos básicos. No obstante, el Ejecutivo sostuvo que este efecto no será elevado y argumentó que, a mediano y largo plazo, el nuevo marco económico garantizará el reordenamiento de la economía nacional. Autoridades gubernamentales insistieron en que el ajuste es necesario para enfrentar la inviabilidad de mantener los esquemas previos de subsidios y regulaciones salariales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Aramayo, defendió este jueves la batería de reformas desplegadas, horas antes de partir rumbo a Brasil para participar en la cumbre de Mercosur con la Unión Europea. Aramayo subrayó, según consignó 'El Deber', que el gobierno ya no encontraba margen para sostener modelos económicos insostenibles y consideró imprescindibles los cambios decretados por la presidencia.

El debate público y parlamentario se intensificó tras el anuncio, abriendo la posibilidad de una inédita confrontación entre los principales poderes del Estado boliviano. De acuerdo con lo reportado por 'El Deber', tanto en la Asamblea Legislativa como entre distintos sectores políticos persisten divergencias marcadas respecto a los efectos que podrían derivar de la supresión del subsidio al diésel y del incremento salarial decretado. Además, la población y organizaciones sindicales manifestaron inquietud ante la eventual alza de los precios de alimentos y servicios esenciales.

La propuesta de ley que anunció la oposición parlamentaria aún debe ser registrada y debatida formalmente. Según el medio boliviano, el equipo del vicepresidente Edman Lara prepara los argumentos jurídicos y económicos necesarios para sustentar su moción y buscar respaldo político capaz de revocar las medidas presidenciales.

El gobierno, mientras tanto, mantiene su defensa del decreto y recalca, en declaraciones recogidas por 'El Deber', que las reformas adoptadas forman parte de un plan más amplio destinado a asegurar la sostenibilidad fiscal y reducir la dependencia estatal del gasto en subsidios energéticos. Las autoridades insisten en que sin estos cambios, Bolivia corría el riesgo de profundizar sus desequilibrios macroeconómicos.

El escenario en la sede de gobierno está marcado por la expectativa en torno a la presentación y posterior análisis parlamentario del proyecto opositor, mientras continúan las discusiones sobre las posibles consecuencias sociales y económicas de la nueva política energética y laboral.