En los documentos presentados ante Naciones Unidas, el gobierno venezolano fundamenta su denuncia alegando que las restricciones impuestas por Estados Unidos no solo afectan el flujo de comercio y el acceso a mercados internacionales, sino que ponen en riesgo la sostenibilidad de la infraestructura energética nacional. Europa Press informa que las autoridades de Caracas consideran que esta presión compromete el margen de maniobra institucional del Estado y agudiza la vulnerabilidad económica. Dentro de este escenario, la administración del presidente Nicolás Maduro responsabiliza a la estrategia estadounidense de provocar un aumento de la fragilidad en sectores clave, haciendo especial énfasis en el impacto inmediato sobre la industria petrolera.
Según señaló Europa Press, en la denuncia formal remitida a Naciones Unidas, Caracas sostiene que la presencia militar estadounidense en el Caribe, conjuntamente con las sanciones dirigidas al sector petrolero, ha alterado el normal funcionamiento del aparato productivo. De acuerdo con el texto oficial, las sanciones afectan el acceso a divisas y recursos esenciales, obstaculizando alianzas estratégicas, restringiendo el flujo bancario y financiero y generando desequilibrios estructurales que repercuten en la economía e inciden en la participación venezolana dentro de los mercados energéticos globales.
El sector petrolero continúa en el centro de la controversia, ya que constituye la principal fuente de financiamiento estatal para Venezuela. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la influencia de las restricciones y la presión militar estadounidense ha provocado dificultades logísticas, retrasos en la comercialización y limitaciones para acceder a insumos necesarios para la refinación y el transporte de crudo. Esto redundó en el debilitamiento de la capacidad productiva de la industria y en la merma de ingresos, situación que, a juicio del gobierno, reduce el margen de maniobra del Estado para ejecutar políticas públicas, atender compromisos sociales y financiar proyectos de desarrollo.
Europa Press detalla que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el marco de la presentación ante Naciones Unidas, asoció la denuncia con la necesidad de proteger los activos nacionales. Rodríguez aseguró que “estas restricciones contradicen aspectos fundamentales de la Carta de la ONU” y sostuvo que los riesgos generados por las sanciones se extienden tanto a la economía venezolana como al entorno jurídico internacional. Según la funcionaria, la documentación entregada acredita los efectos negativos de las medidas sobre el acceso de Venezuela a los mercados, el sistema financiero global y la estabilidad de su sector productivo.
El documento oficial presentado por Caracas incluye referencias a declaraciones anteriores de autoridades estadounidenses. Europa Press menciona que entre los antecedentes citados figura la expresión de Donald Trump, quien aseguró: “Estados Unidos mantendrá la presión hasta que Venezuela ceda control de todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”. Caracas interpreta testimonios de este tipo como evidencia del carácter punitivo y estratégico de la política norteamericana hacia Venezuela.
Según Europa Press, la denuncia venezolana considera que la combinación de herramientas jurídicas, económicas y militares forma parte de una estrategia destinada a restringir la autonomía de decisión del Estado venezolano. La administración de Maduro argumenta que esta presión impacta en el comercio internacional al entorpecer el movimiento marítimo de bienes y recursos, y al mismo tiempo amplía los desequilibrios preexistentes en la estructura estatal.
En su intervención ante Naciones Unidas, el gobierno venezolano resalta el principio de autodeterminación y la igualdad jurídica entre los Estados como fundamentos de su reclamo. El texto presentado subraya la demanda de respeto a la soberanía y al manejo autónomo de los recursos nacionales y señala que cualquier acción orientada a limitar la autonomía venezolana vulnera el marco legal y diplomático internacional. Europa Press destaca que, además, la postura oficial incorpora críticas a campañas mediáticas y discursos orientados a fundamentar el aislamiento internacional de Venezuela en foros multilaterales.
Europa Press reporta que, a criterio de Caracas, las justificaciones estadounidenses para mantener y endurecer las sanciones recurren de manera reiterada a argumentos vinculados al terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Según la denuncia, estas categorías se emplean para legitimar el endurecimiento de las medidas restrictivas y para debilitar la posición venezolana a nivel global.
La acción diplomática desplegada por Venezuela, según Europa Press, no se limita a Naciones Unidas, sino que incluye gestiones en otros organismos internacionales y la búsqueda activa de respaldo entre gobiernos aliados y bloques regionales. El gobierno de Maduro prioriza el fortalecimiento de alianzas, la defensa de los ingresos petroleros y la protección de la infraestructura crítica. Además, expresa que la continuidad de las sanciones podría generar repercusiones en el mercado mundial de hidrocarburos y en los sistemas financieros con los que el país mantiene vínculos activos.
Según Europa Press, las autoridades venezolanas perciben una intensificación progresiva de la presión estadounidense, tanto en el ámbito jurídico-económico como en la esfera militar, con el despliegue de unidades navales estadounidenses cerca de aguas nacionales. El Estado venezolano también menciona las restricciones al flujo marítimo y aéreo, que redundan en un ambiente hostil para las operaciones comerciales y dificultan la recuperación de canales de diálogo y cooperación multilateral.
En la documentación oficial revisada por Europa Press, el gobierno de Venezuela reclama a los países y organismos internacionales que rechacen el régimen de sanciones y se pronuncien a favor de la gestión soberana de los recursos internos. La estrategia venezolana comprende recursos legales, diplomáticos y administrativos que buscan respuestas coordinadas ante una presión percibida como dirigida por intereses estratégicos externos.
Europa Press indica que la visión de Caracas integra la consolidación de posiciones en el ámbito multilateral y la diversificación de relaciones internacionales como ejes para preservar la integridad territorial, los ingresos energéticos y el dominio sobre los activos estatales. En los canales bilaterales y ante organizaciones multilaterales, las autoridades insisten en la defensa del principio de no intervención y la igualdad de trato entre naciones, a la vez que demandan respeto por su autonomía en el manejo de los recursos y la política energética.
De acuerdo con Europa Press, la postura venezolana advierte que los efectos de las medidas restrictivas podrían exceder el ámbito nacional e impactar en la estabilidad del sistema petrolero global y en las redes financieras donde Venezuela tiene presencia. Todo lo anterior, según la documentación entregada a Naciones Unidas, refuerza el posicionamiento de Venezuela en defensa de su aparato productivo y sus activos estratégicos, en un contexto internacional descrito como adverso y condicionado por la persistencia de sanciones y presión militar inusitada.
