La preocupación por la posible implicación de menores de edad, incluso lactantes, en los centros temporales de recepción para extranjeros en Mauritania ha intensificado las demandas de transparencia y protección de derechos por parte de organizaciones sociales. Según informó el medio, un conjunto de 18 entidades humanitarias remitió una carta al Gobierno solicitando claridad en las acciones emprendidas y subrayando los riesgos que acompañan a las recientes estrategias europeas sobre control migratorio, en particular aquellas relacionadas con la externalización de fronteras y la gestión en terceros países.
De acuerdo con lo publicado por la fuente, la denuncia de estas entidades coincide con la discusión de nuevas políticas en el ámbito de la Unión Europea que profundizan el modelo de externalización del control migratorio. Las organizaciones advirtieron que estas políticas pueden vulnerar derechos humanos, principalmente el derecho al asilo, al permitir que los Estados de la UE declaren automáticamente inadmisibles las solicitudes de protección internacional si la persona migrante ha atravesado un tercer país considerado seguro. Reportaron que este enfoque se aleja de la práctica general del derecho internacional relativa a las personas refugiadas y puede derivar en expulsiones forzadas, incluso hacia países con los que las personas afectadas no mantienen vínculo alguno, dejándolas sin recursos legales para apelar estas decisiones.
El comunicado, que fue firmado por Amnistía Internacional, la Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convive-Fundación Cepaim, Federación Sur Acoge, Fundación Alboan, Fundación Entreculturas, Iridia, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz y otras asociaciones, alertó acerca de la inclusión en la lista de países seguros de algunos Estados señalados previamente por vulneraciones de derechos humanos. Según consignó el medio, el refuerzo del sistema de identificación, control y evaluación expeditiva en frontera, junto al empleo sostenido de datos biométricos, puede agravar la criminalización y alimentar prácticas de racismo institucional hacia la población migrante.
Las entidades sociales remarcaron el impacto adverso de estas políticas sobre personas en situación de vulnerabilidad, enfatizando los riesgos adicionales para la infancia migrante y solicitante de protección internacional. Detallaron que la aplicación del denominado “tercer país seguro” amenaza garantías como el derecho a pedir asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, y la cobertura de salud integral. Añadieron que la atención específica a quienes se encuentran en condiciones más precarias, en especial menores, podría verse comprometida por la configuración de estos nuevos procedimientos.
El medio recogió también las dudas expresadas por las ONG sobre la llamada “solidaridad flexible”, mecanismo que faculta a los Estados miembro a financiar proyectos externos para el control migratorio en reemplazo de la acogida directa de personas necesitadas de protección internacional. Las organizaciones reiteraron que, sin un sistema compartido de responsabilidad y acogida digno, este tipo de iniciativas no puede suplantar la obligación de ofrecer refugio y soluciones duraderas.
En relación al papel de España, las ONG destacaron la posición de rechazo adoptada por el Gobierno ante el Reglamento de Retorno de la UE. Este reglamento plantea acelerar y simplificar los procedimientos para la expulsión de personas en situación irregular, así como la posibilidad de establecer centros de deportación en terceros países. No obstante, según reportó el medio, las entidades mostraron inquietud frente a las informaciones sobre la implicación de la agencia de cooperación española FIAP en la construcción de centros de recepción en Mauritania, donde sería posible la privación de libertad, incluso de menores y lactantes. También cuestionaron el incremento de recursos orientados a la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y medidas de vigilancia hacia países africanos con el propósito de frenar los flujos migratorios.
El escrito remitido subraya la importancia de garantizar un control efectivo y transparente de las acciones ejecutadas en la gestión fronteriza. Insiste, según publicó la fuente, en la necesidad de contar con un mecanismo de supervisión independiente en el que la sociedad civil participe activamente y de forma regular, con el fin de velar por el respeto de los derechos fundamentales durante el proceso migratorio.
Las ONG firmantes hicieron hincapié en la importancia de establecer vías legales y seguras para las personas migrantes, compromisos reales en políticas de reasentamiento y sistemas sólidos de acogida, sin los cuales advierten que el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo carecería de capacidad efectiva para responder a las necesidades humanitarias. Según detalló el medio, las entidades subrayaron que la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes refuerza la urgencia de adoptar enfoques que sitúen la dignidad y los derechos de las personas migrantes en el centro de las políticas públicas.
