La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 47 en el que solicita el archivo de las actuaciones contra Íñigo Errejón, exlíder parlamentario y exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, basándose en la falta de pruebas concluyentes que permitan sostener la acusación. Según informó el medio, el Ministerio Público considera que, aunque el auto emitido por el juez Adolfo Carretero cumple formalmente con lo exigido por la ley y expone los indicios que habrían avalado la continuación del proceso, esos mismos indicios no alcanzan el umbral necesario para mantener una acusación por delito de agresión sexual.
La solicitud de la Fiscalía contrasta con la decisión tomada el 14 de noviembre por el juez Carretero, quien había dado por válidos los elementos presentados hasta ese momento y procesado a Errejón, lo que abría la puerta a su posible enjuiciamiento. En ese contexto, la defensa de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, había solicitado una condena de tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual y exigía una indemnización de 30.000 euros por daños.
No obstante, la intervención de la Fiscalía supone un giro relevante en el caso. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Madrid y que fue reportada por la prensa, el Ministerio Público entiende que los elementos recopilados durante la investigación judicial y recogidos en el auto del juez no permiten fundamentar una acusación sólida. Tal como detalló el medio, la Fiscalía fundamenta que aunque la resolución judicial describe de manera precisa los indicios, en su valoración resultan insuficientes para realizar un escrito de acusación responsable.
El recurso de Errejón contra el auto de procesamiento fue igualmente impugnado por la Fiscalía, que manifestó en su escrito que el procedimiento seguido hasta la fecha ha respetado los cauces legales, pero reiteró la insuficiencia probatoria para llevar el caso a juicio oral. El Ministerio Público solicita, en consecuencia, el sobreseimiento provisional y el cierre del procedimiento penal contra el exdirigente.
Según publicó la fuente, este posicionamiento de la Fiscalía abre el debate sobre la robustez de las pruebas en jurisdicción penal y la importancia de que los casos se sustenten en indicios claros y suficientes antes de sentar a un acusado en el banquillo. El desarrollo del caso, que inició con la denuncia de Mouliaá, experimenta con este escrito un nuevo episodio en la fase de instrucción, que ahora queda pendiente de la resolución judicial sobre la petición de archivo.
El medio consignó que la decisión de archivar provisionalmente la causa responde a la valoración técnico-jurídica realizada por la Fiscalía tras examinar la totalidad del expediente y los informes presentados. Dicha postura, de ser estimada por el juez instructor, supondría la interrupción del proceso penal, aunque una posterior aportación de nuevos elementos podría motivar la reapertura. Hasta ese momento, el exlíder parlamentario enfrenta una perspectiva procesal distinta a la que se percibía tras el procesamiento inicial.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía y recogida por el medio, la petición de archivo representa una impugnación indirecta al criterio del juzgado instructor, destacando diferencias en la valoración de los mismos hechos. El caso, que atrajo la atención pública por el perfil de los involucrados y la naturaleza de la acusación, se mantiene bajo seguimiento a la espera de la decisión definitiva sobre la solicitud del Ministerio Fiscal.
