Las entidades financieras establecidas en Bélgica podrían enfrentar serias dificultades si la Unión Europea lleva adelante la transferencia de activos rusos bloqueados a Ucrania. Así lo indicó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien advirtió que la operación podría desestabilizar la economía belga y provocar un aumento de las tensiones internas dentro de la Unión Europea. Según detalló el medio Europa Press, Orbán planteó que el traslado de estos bienes, retenidos tras la invasión rusa a Ucrania, representa riesgos que trascienden el ámbito nacional y ponen en juego la estabilidad de todo el continente europeo. La declaración ocurrió durante el vuelo oficial del jefe de gobierno húngaro rumbo a Bélgica, donde participará en la cumbre del Consejo Europeo.
De acuerdo con Europa Press, Orbán declaró que transferir los activos rusos congelados a Ucrania constituye una “declaración de guerra”, y remarcó que Rusia, ante tal decisión, inevitablemente responderá. El mandatario húngaro puso en duda tanto la utilidad práctica como la legalidad de esta medida, señalando que “no tiene sentido legal ni práctico”. Orbán comparó posturas divergentes dentro de la UE respecto al conflicto ucraniano: “Algunos abogan por seguir financiando a Ucrania y apoyar al país militarmente. Otros creemos que es mejor la contención. Hungría pertenece a este último grupo”.
La polémica por los fondos congelados se originó tras la respuesta de la Unión Europea a la invasión rusa a Ucrania, cuando se dispuso el bloqueo de bienes pertenecientes al Estado ruso en bancos de la zona euro. Según explicó el primer ministro húngaro, las reglas que hasta ahora exigían unanimidad para proceder con una medida de este calibre fueron modificadas “de manera ilegal”, anulando la capacidad de veto de los Estados miembro. Orbán denunció que “el marco legal ha sido modificado de forma ilegal y ya no hace falta la unanimidad, por lo que se han vetado los derechos húngaros”. De acuerdo a Europa Press, remarcó que “Hungría, jamás, bajo ninguna circunstancia, va a apoyar que se confisquen las reservas extranjeras de otros países”.
Durante la conversación citada por Europa Press, Orbán también puntualizó que Bélgica se enfrenta a presiones considerables por parte tanto de las instituciones europeas como de factores legales y económicos derivados de esta posible transferencia. “Bélgica se encuentra bajo una fuerte presión por parte de las instituciones europeas mientras hace frente a posibles riesgos legales y económicos”, subrayó. El jefe de gobierno magiar advirtió que las instituciones financieras de Bélgica pueden sufrir consecuencias graves, e incluso afirmó que “esto podría acabar desestabilizando la economía belga”. El primer ministro añadió que los belgas “están siendo muy fuertes, dada la situación”, y expresó palabras de simpatía y apoyo hacia el primer ministro belga Bart de Wever.
Según citó Europa Press, Viktor Orbán analizó que si la confiscación de activos extranjeros llega a consolidarse como una práctica estándar, esa tendencia marcará a largo plazo el devenir de la Unión Europea. Expresó que “el continente se dirige a una mayor militarización, algo que podría poner en peligro a las futuras generaciones y socavar las prioridades europeas”. Orbán insistió en que la UE debería centrarse en apoyar las iniciativas de paz promovidas por Estados Unidos, y no escalar medidas que aumenten el enfrentamiento con Rusia.
Por otra parte, el portavoz de Orbán para asuntos internacionales, Zoltan Kovacs, respaldó que el tema de los fondos rusos requiere tradicionalmente un consenso absoluto y la aprobación de todos los Estados miembro, lo que le daba a Hungría derecho de veto. La alegada modificación en las reglas despertó críticas en Budapest y abrió una grieta en la toma de decisiones de la UE sobre materias sensibles. Según Europa Press, el líder húngaro llamó a extremar la vigilancia para que su país “no sea arrastrado a una guerra que no quiere y que no ha elegido”. Orbán resumió la situación al afirmar que actualmente prevalecen la gravedad y la tensión, al considerar que la política de la UE en este sentido puede comprometer la seguridad y los intereses de los ciudadanos europeos.
