La diputada del Partido Popular, Cristina Gil, enfatizó que "cada siete segundos una niña es obligada a casarse en el mundo", al alertar desde el Parlament sobre la gravedad de prácticas que considera atentatorias contra los derechos de mujeres y niñas. Según informó el medio que recogió la propuesta, el Partido Popular ha presentado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) con el fin de prohibir el uso del burka y el niqab en instalaciones y edificios públicos. El objetivo declarado de esta iniciativa consiste en erradicar prácticas consideradas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad, tales como la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.
Tal como publicó la fuente, la promotora de la medida subrayó que no se trata de una acción orientada contra ninguna creencia religiosa, sino de una defensa explícita de la libertad, la dignidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Cristina Gil afirmó que el uso del burka y el niqab constituye, a ojos del Partido Popular, una manifestación de sumisión incompatible con el desarrollo de una sociedad democrática avanzada, motivo por el cual quedaron incluidos en la propuesta de prohibición en el ámbito de los edificios públicos.
La proposición del PP argumenta que el uso del velo integral va más allá del plano religioso y plantea un conflicto con los valores constitucionales vigentes en España, dado que, según enfatizó Gil, la Constitución consagra la igualdad entre hombres y mujeres y coloca la dignidad personal como piedra angular del sistema político y de la convivencia. "La libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres", citó la fuente a la diputada.
De acuerdo con el texto registrado por el grupo parlamentario popular, la iniciativa se sustenta también en experiencias legislativas similares en varios países europeos. La diputada mencionó que estados como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han aprobado normativas para restringir el uso del velo integral en espacios públicos, y advirtió que el contexto internacional exige que España integre políticas firmes para salvaguardar los derechos humanos y no permanezca al margen de los retos en materia de igualdad y de seguridad.
Según consignó el medio, la propuesta no se limita exclusivamente a la cuestión del velo islámico integral, sino que abarca otras formas de violencia extrema reconocidas internacionalmente, como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados o infantiles. Estas prácticas, en palabras de Cristina Gil, constituyen "auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año", y deberán ser denunciadas y perseguidas como delitos contrarios a los valores esenciales de la sociedad.
La proposición presentada reclama también al Parlament que reconozca la incompatibilidad de estas prácticas con el marco normativo y los principios democráticos, y plantea al Gobierno central la necesidad de promover reformas legislativas que prohíban el uso del velo islámico integral en cualquier edificio de titularidad pública en todo el país.
En la exposición de motivos, el grupo popular defendió el carácter de obligación moral y legal de las instituciones en materia de protección de mujeres y niñas frente a cualquier forma de violencia, opresión o discriminación. Gil concluyó asegurando que "no podemos mirar hacia otro lado" ante situaciones que vulneran los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, insistiendo en la urgencia de tomar medidas tanto preventivas como punitivas para acabar con prácticas discriminatorias y violentas.
Tal como detalló la fuente, el texto de la proposición busca que el Parlament condene de manera rotunda la imposición del velo islámico integral, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado o infantil, y exige que su persecución sea inequívoca. El documento recalca la necesidad de reformas legislativas que materialicen la prohibición del burka y el niqab en espacios de propiedad pública, en paralelo a la persecución de otras prácticas identificadas como violentas y discriminatorias.
El Partido Popular, según reportó la fuente, defiende que ninguna tradición cultural puede prevalecer sobre los derechos humanos, e insiste en que las instituciones deben actuar para garantizar la seguridad, la dignidad y la igualdad sin admitir excepciones de origen cultural o religioso. Esta propuesta legislativa busca, según sus impulsores, alinear la normativa española con el estándar internacional vigente respecto a las formas de violencia de género y discriminación practicadas bajo argumentos culturales, sociales o religiosos.
