El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Cedric Lodge, quien se ocupaba de la morgue en la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, se declaró culpable de apropiarse ilícitamente de restos humanos de personas que donaron sus cuerpos para la investigación científica. Lodge retiró sin autorización órganos, piel, partes del rostro, cabezas y extremidades de cuerpos destinados a la investigación, y comercializó estos restos en coordinación con su esposa, Denise Lodge. Este accionar ilegal, desarrollado principalmente entre 2018 y 2020, derivó en la imposición de una condena de ocho años de cárcel a Cedric Lodge y de un año a su esposa, así como el despido del acusado por parte de la universidad en mayo de 2023.
Según detalló el comunicado del Departamento de Justicia, las investigaciones revelaron que Cedric y Denise Lodge sacaron los restos de la facultad de Medicina localizada en las inmediaciones de Boston y los trasladaron a su residencia en Goffstown, New Hampshire, además de movilizarlos a otros puntos de Massachusetts y Pensilvania. El medio consignó que estas operaciones se realizaron sin el consentimiento de quienes donaron sus cuerpos ni de sus familiares, violando procedimientos institucionales y éticos.
Las pesquisas concluyeron que la extracción y venta de las partes humanas se organizaron de manera sistemática, facilitando la circulación ilegal de órganos y tejidos fuera del sistema regulado para uso médico o científico. El FBI en Filadelfia, bajo la dirección de Wayne A. Jacobs, estuvo a cargo de buena parte de la investigación. Jacobs declaró: “Esta condena es otro paso adelante a la hora de garantizar que este tipo de actos son llevados ante la Justicia”, recogió el Departamento de Justicia en su información para la prensa.
La condena a Cedric Lodge y la pena impuesta a su esposa marcan un precedente en la actuación judicial frente al comercio ilícito de restos humanos provenientes de programas universitarios de donación con fines médicos. Como indica el reporte del Departamento de Justicia, el caso evidenció grandes fallas en los controles internos y el resguardo de los cuerpos entregados a Harvard para investigación científica, poniendo en cuestión los sistemas de supervisión y trazabilidad de estos programas. No hubo mención de otros implicados, pero los detalles de la investigación reflejan que la recolección y venta involucró más de un estado, lo que amplió el alcance de las diligencias judiciales, incluyendo la cooperación de agencias policiales y judiciales en distintas jurisdicciones.
El comunicado oficial enfatizó también las consecuencias de estos hechos sobre la confianza pública en los sistemas de donación de cuerpos, subrayando la importancia de que quienes gestionan estos programas cumplan estrictamente las normativas y respeten los derechos de los donantes y sus familias. Harvard, por su parte, procedió al despido inmediato del empleado tras confirmarse los hechos a través de las investigaciones realizadas tanto por la universidad como por las autoridades federales.
