El paquete legislativo que actualmente espera la firma del presidente estadounidense establece que cualquier interrupción en el suministro de inteligencia militar a Ucrania deberá informarse al Congreso con al menos 48 horas de antelación, incluyendo la entrega de documentación justificativa. Esta medida, según detalló Politico, forma parte de una reforma integral destinada a fortalecer el papel de supervisión del Congreso sobre el Departamento de Defensa. La noticia principal es que a partir de ahora, el Pentágono solo podrá recibir fondos para misiones antidroga en el Caribe si proporciona al Congreso los vídeos completos de los operativos realizados contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, reforzando de modo directo las facultades de control legislativo sobre la política militar estadounidense.
Según publicó Politico, este requisito se integra en la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que establece por primera vez la obligación de transparencia total en este tipo de operaciones en la región caribeña. La aprobación de la NDAA en el Senado se produjo con 77 votos a favor y 20 en contra, tras su revisión previa en la Cámara de Representantes. El debate sobre este punto cobró notoriedad luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazara la entrega íntegra de imágenes de una intervención militar desarrollada el 2 de septiembre frente a las costas de Venezuela. Esto llevó a la introducción de la cláusula, que ahora condiciona el financiamiento militar a la supervisión audiovisual por parte del órgano legislativo.
El medio Politico señaló que la normativa aprobada representa una ampliación significativa en las prerrogativas de fiscalización del Congreso, asegurando la posibilidad de un escrutinio más riguroso sobre el destino de los recursos, las tácticas empleadas y la ejecución de las órdenes en las operaciones militares exteriores. Para el caso concreto de las misiones antidroga en el Caribe, la ley exige el acceso completo, sin ediciones, a los registros visuales generados durante los operativos. La decisión busca evitar la opacidad en torno al uso de fuerza y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas al más alto nivel institucional.
Otra disposición destacada por Politico en relación a la NDAA es la fijación de un mínimo de 76.000 efectivos estadounidenses desplegados en Europa. Este número no podrá reducirse durante más de 45 días consecutivos sin que el Pentágono presente primero información formal al Congreso y consulte simultáneamente con los países miembros de la OTAN. La finalidad de este control es garantizar la estabilidad de los compromisos estratégicos de Estados Unidos en el continente europeo, permitiendo que los aliados europeos se pronuncien ante eventuales variaciones en la presencia militar estadounidense, lo que fortalece la consulta previa dentro del marco atlántico.
La ley también influye en la estructura de mando militar en Europa, ya que impide que el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) deje de ejercer a la vez el cargo de comandante supremo aliado en Europa. De acuerdo con Politico, esto busca preservar la continuidad en la dirección y el desarrollo de estrategias bilaterales y multilaterales, intensificando el nivel de vigilancia y control parlamentario sobre las altas esferas de liderazgo militar internacional.
En lo referente al apoyo militar a Ucrania, la NDAA destina 400 millones de dólares exclusivamente para armas y asistencia castrense a Kiev, en el contexto del actual conflicto con Rusia. Politico reportó que cualquier modificación relevante en el flujo de inteligencia ofrecido a Ucrania requerirá comunicación inmediata al Congreso, reforzando la supervisión sobre la implicación estadounidense en esa guerra.
Una modificación importante incluida en la NDAA afecta al régimen de sanciones existente sobre Siria. El texto anula las restricciones introducidas por la Ley César de Protección Civil de Siria de 2019, que permitió imponer medidas coercitivas como respuesta a abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Con esta anulación, el Congreso redefine la estrategia estadounidense en relación al gobierno sirio y modifica las herramientas de presión política empleadas durante la última década, explicó Politico.
La reforma legal también elimina dos autorizaciones vigentes que avalaban intervenciones armadas de Estados Unidos en la región del Golfo y en Irak, originalmente otorgadas en 1991 y 2002. Según publicó Politico, esta supresión transforma el marco jurídico que confiere legitimidad a futuras operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, confirmando al legislativo como actor central en la evaluación previa, supervisión y validación de cualquier intervención exterior.
En cuanto al fortalecimiento de los controles sobre el Departamento de Defensa, Politico detalló que la nueva legislación reserva al Congreso la capacidad de exigir información completa tanto en lo relativo al despliegue de tropas como al suministro de inteligencia y a los fundamentos legales que rigen las misiones internacionales. La entrega obligatoria de los videos completos de actuaciones marítimas antidroga se establece como condición ineludible para la transferencia de fondos, así como para autorizar desplazamientos del secretario de Defensa.
Cada cláusula de la NDAA tiene el objetivo de incrementar la transparencia y consolidar la rendición de cuentas. La variedad de disposiciones, desde la supervisión directa de maniobras militares y movimientos de efectivos hasta el control de la inteligencia y la redefinición del apoyo legal a operaciones en zonas de conflicto, responde a la voluntad del Congreso de asumir un papel más activo en la tutela del gasto y las actividades castrenses. Politico precisó que este proceso legislativo finaliza tras una extensa discusión sobre la necesidad de reforzar los frenos y contrapesos que rigen la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de defensa.
La puesta en vigencia de este paquete aguardará la promulgación presidencial, tras la cual las fuerzas armadas, el Pentágono y el propio secretario de Defensa quedarán sujetos a los nuevos criterios de evaluación, auditoría y justificación ante el Congreso, tal como enfatizó Politico. Todo ello configura un cambio en la manera de gestionar la política exterior y la acción militar de Estados Unidos, estableciendo límites más definidos a la autonomía operativa del Departamento de Defensa.
