Las autoridades de México y Estados Unidos establecieron que el principio de respeto a la soberanía, la integridad territorial y la autonomía decisoria guiará cualquier esfuerzo conjunto en materia de seguridad, protegiendo la independencia de cada país en torno a la política interna y las operaciones fronterizas. Esta posición, confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México durante la segunda sesión del Grupo de Implementación de Seguridad, responde a preocupaciones acerca de la injerencia externa y subraya la premisa de responsabilidad compartida para la protección de intereses nacionales. En este contexto, se formalizaron una serie de nuevos pactos orientados a enfrentar el auge de redes criminales transnacionales mediante la colaboración tecnológica, la mejora de protocolos y el rastreo de recursos financieros ilícitos, de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado.
De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense, otra de las prioridades del encuentro bilateral consistió en anticipar y neutralizar modalidades delictivas emergentes, incluso aquellas que todavía no han sido detectadas en la región fronteriza. La evolución de los grupos delictivos, que ahora emplean drones para misiones de vigilancia, el traslado ilícito de drogas y posibles ataques, precipitó una revisión exhaustiva de las estrategias conjuntas y ha motivado la formulación de acuerdos para fortalecer los mecanismos de intercambio de inteligencia.
El Departamento de Estado norteamericano detalló que, en la sesión, representantes de seis agencias gubernamentales de cada país definieron una agenda centrada en el acceso ágil a datos de inteligencia, el uso de herramientas tecnológicas interoperables y la actualización periódica de protocolos que permitan responder frente a amenazas tecnológicas, como las incursiones mediante drones. Además, se destacó la importancia de la supervisión reforzada sobre entidades financieras y personas implicadas en el ocultamiento y la gestión de capitales ilícitos relacionados con el tráfico de fentanilo y otras sustancias prohibidas.
El medio estadounidense reportó que las delegaciones también debatieron el rastreo e intervención de flujos económicos derivados del robo de hidrocarburos y el contrabando, considerados como bases esenciales para la financiación de organizaciones delictivas asociadas principalmente a la producción y tráfico de drogas sintéticas. Según datos difundidos por el Departamento de Estado, la consolidación de estos flujos de capital sostiene la capacidad logística y operativa de los grupos delictivos a gran escala en ambos lados de la frontera.
Los acuerdos contemplan la aceleración de procesos de extradición de presuntos responsables, así como la incautación de bienes y activos vinculados a redes criminales. Estas medidas pretenden debilitar la infraestructura financiera que potencia el delito organizado, limitando las fuentes de recursos y la movilidad de los grupos implicados.
Se prevé un intercambio permanente y seguro de inteligencia operativa, con énfasis en el desarrollo de nuevas herramientas analíticas capaces de procesar información en tiempo real proveniente de la franja limítrofe. Esta interoperabilidad está destinada a permitir respuestas inmediatas a amenazas emergentes, haciendo frente a ataques con drones o intentos de incursión tecnológica detectados en la zona.
El medio estadounidense también indicó que la revisión frecuente de los sistemas tecnológicos implementados en la frontera será constante. Esto incluye la adaptación dinámica de protocolos y la adopción de sistemas predictivos capaces de ajustarse a las modificaciones en las tácticas utilizadas por las redes criminales, promoviendo la anticipación de situaciones de riesgo asociadas al uso no autorizado de dispositivos aéreos.
Otro eje central de la cooperación bilateral radica en el enfoque sobre la trazabilidad y la judicialización de activos financieros de origen ilícito. Ambas naciones se comprometieron a dificultar la operatividad económica de estos grupos a través del rastreo, la supervisión y el impulso a acciones conjuntas ante las instancias judiciales competentes tanto en México como en Estados Unidos.
De acuerdo con la información del Departamento de Estado, los esquemas de trabajo acordados mantendrán un alto grado de flexibilidad y serán susceptibles de ajustes inmediatos si las circunstancias en la región fronteriza lo requieren o emergen nuevas amenazas o incidentes. Esta adaptabilidad dependerá de un análisis constante de escenarios y el aprendizaje construido a partir de las acciones recientes en la materia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México remarcó que toda cooperación con Estados Unidos se enmarca en capacidades debidamente consensuadas y no implica ningún tipo de subordinación. El gobierno mexicano puntualizó la relevancia de la autodeterminación nacional respecto a las estrategias de combate contra el crimen, especialmente a partir de declaraciones recientes en las que la administración estadounidense ha definido al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Ante esta calificación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró, según consignó el medio estadounidense, que la política interna mexicana no está sujeta a negociación y que la nación mantendrá el control de su estrategia de seguridad.
Ambos gobiernos hicieron hincapié en la urgencia de dotar a sus fuerzas de seguridad de nuevos instrumentos para anticipar escenarios de riesgo generados por innovaciones tecnológicas utilizadas por la delincuencia organizada. Los acuerdos buscan incidir sobre apoyos materiales, flujos financieros y cadenas logísticas, debilitando la capacidad de respuesta de los grupos ante las medidas diseñadas para contenerlos.
Finalmente, la gestión conjunta de inteligencia y la actualización permanente de estrategias operativas y tecnológicas forman parte de los compromisos bilaterales que apuntan a neutralizar las amenazas en el corredor fronterizo, protegiendo al mismo tiempo los principios de independencia y soberanía que cada nación reivindica, según lo reiteró el Departamento de Estado.
