En el estado de Guanajuato, el Cartel de Santa Rosa de Lima mantiene operaciones que, además de impactar el mercado negro de combustibles, provocan importantes pérdidas al erario mexicano e interfieren directamente en el funcionamiento de compañías energéticas ubicadas en Estados Unidos, conforme a datos comunicados oficialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Este grupo, uno de los principales rivales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha sido identificado como un actor relevante en el tráfico y robo de hidrocarburos, fenómeno conocido en México como huachicol. De acuerdo con el medio, las autoridades estadounidenses han decidido imponer sanciones tanto al cártel como a su máximo líder, José Antonio Yépez Ortiz, apodado “El Marro,” respondiendo a las operaciones ilícitas que afectan simultáneamente a los sectores energéticos mexicano y estadounidense.
Según consignó la fuente, Yépez Ortiz se encuentra privado de libertad desde 2020 y cumple una condena de 60 años de prisión en México por delitos de delincuencia organizada. A pesar de su detención, la OFAC sostiene que continúa ejerciendo el liderazgo de la organización. Las sanciones impuestas buscan cercar financieramente tanto al cártel como a su cabecilla, al incluirlos en la denominada “lista negra” estadounidense, mecanismo que bloquea sus activos en ese país y limita la posibilidad de realizar transacciones comerciales y financieras con entidades estadounidenses.
Tal como informó la OFAC en su comunicado, el Cartel de Santa Rosa de Lima concentra su actividad principal en el robo y tráfico ilegal de combustible y petróleo. Estas acciones suelen efectuarse mediante saqueos a refinerías, conexión clandestina a ductos, interceptación de camiones cisterna y corrupción de empleados de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El combustible robado se comercializa posteriormente en mercados ilícitos situados tanto dentro de México como en Estados Unidos y varias naciones de Centroamérica, lo que amplifica la repercusión regional de este fenómeno.
La OFAC subrayó que los delitos de esta organización trascienden el marco de la delincuencia común, al privar al gobierno mexicano de ingresos fiscales y dañar a empresas norteamericanas de los sectores de petróleo y gas natural. Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, manifestó que la adopción de estas sanciones responde a los compromisos adquiridos por el presidente Donald Trump en torno a la erradicación de los cárteles de droga y la protección de la población de Estados Unidos. Bessent reafirmó que la colaboración binacional y el uso de herramientas legales como la “lista negra” representan estrategias clave para contrarrestar la expansión y actividades de estas agrupaciones delictivas.
Según detalló la misma autoridad, el huachicol se ha transformado en una fuente predominante de financiamiento no ligado al tráfico de drogas para los cárteles mexicanos. El atractivo de estas actividades radica en sus ganancias elevadas y en la inserción que tienen tanto en México como en el extranjero. La OFAC remarcó que, para concretar estos delitos, las redes recurren a diferentes métodos, entre ellos la complicidad con empleados de Pemex, lo que señala la existencia de vínculos corruptos dentro de las instituciones encargadas de los recursos energéticos.
De acuerdo con el informe difundido, la respuesta de las autoridades estadounidenses pretende frenar la influencia del cártel y limitar la capacidad operativa de sus miembros en el ámbito internacional. Al ser incorporados a la “lista negra,” tanto el líder como la organización afrontan obstáculos significativos para movilizar fondos o establecer relaciones comerciales a través del sistema financiero con presencia estadounidense. El Departamento del Tesoro recalcó que el alcance transfronterizo de estas actividades ilícitas hace necesario el uso de sanciones para apoyar los esfuerzos bilaterales de seguridad y control del crimen organizado.
El Cartel de Santa Rosa de Lima surgió en 2014 y, según el reporte, estableció rápidamente su base de influencia en Guanajuato. Alrededor de sus actividades ilícitas se ha desarrollado una estructura criminal que, además de incidir en el robo de hidrocarburos, ha generado afectaciones directas en la economía regional. Las pugnas con otras organizaciones, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han producido episodios de violencia y presiones sobre la infraestructura energética.
La exclusión de sus miembros y cabecillas de operaciones comerciales ocurre en un contexto de creciente cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, interesadas en reducir tanto el flujo de recursos ilegales como los impactos negativos en empresas legales dentro y fuera de ambos países. Según publicó el medio, las investigaciones y sanciones buscan impedir la exportación y circulación de combustibles provenientes de actividades ilícitas, así como asegurar que los ingresos públicos, afectados por el robo de hidrocarburos, contribuyan de forma adecuada a sus destinatarios legales en México y la región.
De acuerdo con la OFAC, la implementación de sanciones permite ejercer presión sobre estructuras criminales que, aunque operan principalmente en territorio mexicano, muestran injerencia directa en el sector energético e inciden en los mercados estadounidenses. Las autoridades recalcaron que la persistencia del liderazgo de Yépez Ortiz aun en prisión demuestra la capacidad de adaptación y resiliencia de estas organizaciones, lo que refuerza la necesidad de actuar contra sus fuentes de financiamiento. Las sanciones anunciadas forman parte del esfuerzo por limitar la operación transnacional de los cárteles vinculados al tráfico de hidrocarburos y a la corrupción en el sector público mexicano.
