La inclusión de personas con condenas por delitos graves como homicidio, secuestro, agresión y maltrato a menores entre los migrantes recientemente enviados a la base de Guantánamo fue confirmada por funcionarios estadounidenses, subrayando el enfoque más restrictivo adoptado en materia migratoria tras el cambio de administración en Washington. Según informó Europa Press, la subsecretaria Tricia McLaughlin declaró que "algunos de los extranjeros ilegales llevados a la bahía de Guantánamo en el vuelo más reciente tienen historiales criminales". Este hecho se enmarca en una intensificación de la vigilancia y de los procedimientos de control desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
A partir del endurecimiento en los protocolos migratorios, el gobierno de Estados Unidos coordinó el traslado de un nuevo grupo de migrantes a la base naval situada en territorio cubano, decisión que responde a las nuevas directrices migratorias implementadas desde enero, según consignó Europa Press. El 22 de julio, en un vuelo gestionado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fueron transferidos 22 ciudadanos cubanos a la instalación de Guantánamo, conforme a datos de The New York Times recogidos por Europa Press. El Departamento de Seguridad Nacional no precisó el número total de trasladados ni la distribución exacta de sus nacionalidades, aunque The New York Times estima que cerca de 730 migrantes han sido enviados hasta la fecha, principalmente originarios de El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Las autoridades federales estadounidenses resaltaron la utilización de complejos de detención como Guantánamo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y el centro de detención apodado ‘El Alcatraz de los Caimanes’ en Florida, como parte de una estrategia para gestionar el aumento en la llegada de migrantes y tratar con aquellos con antecedentes penales. La base de Guantánamo, reconocida históricamente por su función en la detención de sospechosos de terrorismo, actualmente opera prioritariamente como centro de retención para migrantes que permanecen en espera de deportación, tal como detalló Europa Press.
La administración estadounidense ha incrementado los esfuerzos para acelerar la capacidad de respuesta y los procedimientos de expulsión, en consonancia con las directivas reforzadas que buscan desalentar la migración irregular. Los recientes traslados de migrantes y su detención en recintos de máxima seguridad han suscitado análisis legales y un debate sobre el alcance de las competencias ejecutivas en la materia migratoria. Europa Press menciona que a principios de diciembre, un magistrado federal cuestionó la legalidad del uso de Guantánamo como centro de retención, si bien no impuso el cierre de la instalación ni transfirió sus competencias a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Así, la política migratoria permanece vigente mientras se desarrollan los desafíos judiciales pendientes.
The New York Times, citado por Europa Press, destacó que la mayoría de los migrantes enviados a Guantánamo proceden de países latinoamericanos, reflejo de las tendencias migratorias actuales hacia Estados Unidos. La organización de vuelos por parte de ICE contribuye a la materialización de estos traslados, como el del grupo de 22 ciudadanos cubanos. Estos procedimientos ofrecen un marco operativo para la retención y posterior deportación de personas en situación irregular, facilitando una implementación ágil de las nuevas políticas migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que la estrategia de detención y traslado a instalaciones de alta seguridad responde tanto a la protección de la seguridad interna como a la necesidad de asegurar la aplicación estricta de la ley migratoria. El uso de infraestructuras como Guantánamo, CECOT y ‘El Alcatraz de los Caimanes’ se enmarca en la respuesta estatal al volumen creciente de extranjeros indocumentados y a la presencia de individuos con antecedentes delictivos.
Esta política, que marca un contraste respecto a administraciones anteriores, ha derivado en un aumento en el número de personas trasladadas y en la naturaleza restrictiva de las medidas aplicadas. Además de las implicancias judiciales, la estrategia migratoria implementada ejerce impactos directos sobre las comunidades migrantes, que enfrentan la posibilidad de ser ubicadas en centros de detención de alta seguridad mientras se resuelven sus procedimientos legales, según reportó Europa Press.
The New York Times y autoridades federales confirmaron que, desde el cambio de gobierno, la orientación establecida se caracteriza por la intensificación de las deportaciones y por la multiplicación de dificultades para quienes permanecen en el país sin documentación autorizada. El respaldo institucional a estas acciones, recogido en documentos y declaraciones citados por Europa Press, obedece a la percepción de una demanda sin precedentes en la gestión migratoria, tanto por el flujo de personas como por los riesgos asociados a la presencia de migrantes con historial delictivo.
Las directrices recientes hacen hincapié en reforzar la seguridad nacional y aplicar la normativa migratoria de manera rigurosa, en un contexto de crecimiento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y de crecientes desafíos logísticos y judiciales para el sistema migratorio. Al incorporar la excepción de traslados a bases e instalaciones especiales, el gobierno busca no solo disuadir el ingreso irregular, sino también gestionar eficazmente tanto la custodia como la expulsión de quienes representen riesgos adicionales, conforme a la información recogida por Europa Press.
