La llegada reciente de material militar estadounidense a la base aérea de Manta precedió por solo dos días al arribo de tropas del país norteamericano al mismo lugar, punto estratégico cerca del archipiélago de Galápagos, reconocido por su impacto en el control de tráfico de drogas, personas y las actividades de pesca ilícita. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador a través de redes sociales, el despliegue del contingente militar forma parte de una operación conjunta con las fuerzas ecuatorianas, enmarcada en los acuerdos de defensa sellados tras la visita de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, el mes anterior.
De acuerdo con la información difundida este miércoles por autoridades estadounidenses, la operación tiene carácter temporal y su objetivo consiste en fortalecer la capacidad ecuatoriana frente al fenómeno catalogado como “narcoterrorismo”. El medio señaló que la Embajada estadounidense subrayó que la misión fue diseñada para “proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos”. El operativo, según remarcó la representación diplomática, se corresponde con la legislación vigente en Ecuador.
Esta presencia militar estadounidense reabre el debate sobre la colaboración en defensa entre ambos países, considerando la historia reciente de la base de Manta, que hasta 2009 había funcionado como enclave para el ejército estadounidense durante una década. La permanencia de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano finalizó tras la decisión del entonces presidente Rafael Correa de no renovar los acuerdos bilaterales. El actual contexto, según publicó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, responde a nuevos desafíos en materia de seguridad y a una cooperación renovada.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que la operación ayudará a identificar y desarticular rutas del narcotráfico y perseguir a quienes buscaron aprovecharse de la situación de inseguridad del país. Según consignó el medio citado, durante la pasada campaña del referéndum Noboa planteó la posibilidad de restaurar la base de operaciones para Estados Unidos en Manta, aunque evitó precisar el enfoque militar de la misión. La consulta popular, realizada un mes antes del presente despliegue, reflejó que el 60% de los votantes se opuso al retorno de instalaciones militares extranjeras en el territorio nacional.
El contexto regional también aparece marcado por un incremento en la actividad militar de Estados Unidos. Tal como reportó el mismo medio, Washington reforzó recientemente su presencia a través de acuerdos en Paraguay y Perú, mostrando un patrón de colaboración centrado en la lucha contra el crimen transnacional y el apoyo logístico a los ejércitos aliados. En el caso de Paraguay, Estados Unidos mantiene una agenda de cooperación que incluye entrenamiento militar, asistencia humanitaria y preparación ante catástrofes. En Perú, el Congreso autorizó la entrada de personal militar estadounidense junto con material bélico para ejercicios y misiones conjuntas a desarrollarse en 2026.
La región vive, según detalló la fuente, un momento de tensión particular en el Caribe venezolano y el Pacífico, escenarios de operaciones militares estadounidenses en los que se han destruido decenas de embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas y han fallecido casi un centenar de personas desde septiembre del último año. La justificación oficial proporcionada por actores estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, apunta a la naturaleza financiera de los grupos señalados como organizaciones terroristas transnacionales, más que a motivaciones ideológicas.
Manta, por su ubicación geográfica, se considera un punto clave en el proyecto de cooperación contra los delitos transnacionales, lo que explica el interés estadounidense en reanudar la colaboración en el lugar. De acuerdo con las diferentes fuentes citadas por la prensa internacional, la operación conjunta es temporal y se mantendrá dentro de los márgenes de la normativa nacional ecuatoriana, pese a la crítica interna y la desaprobación expresada en la última consulta electoral sobre la participación de fuerzas extranjeras en el país.
