La definición de la misión en la base de Manta no se presentó como una acción bélica, sino como una colaboración logística destinada a interceptar y frenar las rutas del narcotráfico y el crimen organizado, de acuerdo con declaraciones del presidente Daniel Noboa recogidas por Europa Press. Este operativo binacional se desarrolla pese al resultado del reciente referéndum, en el que aproximadamente un 60 por ciento de los ecuatorianos votó contra la concesión de bases militares a fuerzas extranjeras, hecho que evidencia la oposición significativa entre la población del país. Según publicó Europa Press, el gobierno ecuatoriano defendió la legalidad del despliegue, argumentando que la operación conjunta con Estados Unidos se enmarca dentro de las disposiciones nacionales, dado que no contempla la instalación de una base militar permanente.
La llegada de un avión militar estadounidense el martes a la base aérea de Manta marcó el inicio del operativo, tras el cierre de intensas negociaciones bilaterales entre Washington y Quito. Desde el miércoles, contingentes militares de ambas naciones pusieron en marcha labores conjuntas con carácter temporal. Europa Press detalló que la base de esta cooperación reposa en acuerdos refrendados durante la segunda visita oficial de Kristi Noem, secretaria de Seguridad estadounidense, quien negoció los términos del despliegue durante su estancia reciente en Ecuador.
El medio Europa Press informó que tanto la embajada de Estados Unidos como el Ejecutivo ecuatoriano han subrayado en comunicaciones oficiales que la operación responde a la necesidad de contener la expansión de organizaciones narco-terroristas en el país e incluso fuera de sus fronteras. La embajada norteamericana, mediante mensajes difundidos en la red X, enfatizó que estas acciones buscan reforzar la habilidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para hacer frente a amenazas compartidas, fortaleciendo las capacidades locales frente a grupos delictivos vinculados con el tráfico ilícito de drogas y personas. Según la misma fuente, el propósito de la misión en Manta se relaciona directamente con la protección de la seguridad en Ecuador y Estados Unidos, en consonancia con una política de mayor cooperación militar bilaterales impulsada luego de la llegada de la administración Noboa.
El despliegue norteamericano se da en un contexto regional en que Estados Unidos ha intensificado su presencia en áreas consideradas estratégicas para la lucha contra el narcotráfico, como el Caribe venezolano y sectores del Pacífico. Europa Press consignó que las fuerzas estadounidenses han liderado operaciones directas desde septiembre contra embarcaciones y grupos armados sospechosos de estar involucrados en el tráfico de drogas; en estos operativos se han producido ataques contra numerosas narcolanchas y el saldo aproximado asciende a cien muertos, conforme a los datos recogidos por la agencia.
El acuerdo bilateral para reanudar la participación de efectivos de Estados Unidos en Ecuador tuvo como detonante la visita de Noem, durante la cual se establecieron los parámetros legales y operativos del despliegue. Según la información compartida por Europa Press, la ciudad de Manta fue seleccionada por su importancia estratégica tanto para controlar las rutas marítimas próximas a las islas Galápagos como para vigilar el tráfico de drogas y personas, así como las actividades pesqueras irregulares en la región. El gobierno de Ecuador sostiene que estas tareas requieren la articulación de capacidades y recursos logísticos que las fuerzas estadounidenses pueden aportar en el terreno, razón por la cual la cooperación ha recibido respaldo desde la presidencia.
El antecedente más inmediato de la operación estadounidense en Manta data del periodo entre 1999 y 2009, cuando Washington mantuvo una base de operaciones en la ciudad que se dedicaba a la vigilancia aérea y naval de la región andina y del Pacífico oriental. Tras la finalización del acuerdo en 2009, durante el mandato del expresidente Rafael Correa, Ecuador optó por no renovar el convenio con Estados Unidos y dictó una nueva línea de política exterior orientada a limitar la presencia militar internacional en su territorio, recordó Europa Press.
En este nuevo contexto, las condiciones de la colaboración han sido objeto de debate en la sociedad ecuatoriana, donde buena parte de la oposición política y social considera que la presencia de fuerzas extranjeras vulnera la decisión expresada en las urnas. Pese a ello, tanto el Ejecutivo de Noboa como la embajada de Estados Unidos insisten, según reiteran en sus comunicados, en que el marco actual solo contempla una cooperación temporal y circunscrita a operaciones logísticas, excluyendo la instalación de infraestructuras militares a largo plazo.
Ambas partes coinciden, recoge Europa Press, en que la presión ejercida por el crimen organizado trasciende límites nacionales y requiere respuestas coordinadas de acuerdo con estándares internacionales. La administración ecuatoriana ha hecho hincapié en que el objetivo central consiste en identificar y desarticular las rutas de narcotráfico, además de someter las estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado.
Las autoridades presentes en la presentación pública del operativo remarcaron, citadas por Europa Press, que la implementación de la operación en Manta se justifica por el incremento de las actividades de redes narco-terroristas en la región, describiendo la situación actual como una amenaza directa a la estabilidad y la seguridad tanto de Ecuador como de Estados Unidos. La comunicación institucional destaca la urgencia de fortalecer mecanismos de cooperación internacional, abordando fenómenos delictivos que en la actualidad desbordan la capacidad de los estados de manera aislada.
El desarrollo de la misión, afirman voceros oficiales de ambos países citados por Europa Press, cumple con la legislación nacional y refleja el interés de ambos gobiernos en mejorar la seguridad y la vigilancia en el corredor estratégico del Pacífico sur, donde confluyen varias rutas de tráfico ilegal. La operación en Manta se proyecta como un caso emblemático de coordinación bilateral en un entorno donde la presión del crimen transnacional exige respuestas ágiles y colaborativas, según la postura oficial recogida en los comunicados oficiales publicados por la fuente.
