El gobierno boliviano ha subrayado recientemente la importancia de garantizar la trazabilidad y transparencia en la gestión de información relacionada con la producción y tráfico de hoja de coca, una decisión impulsada por la advertencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el crecimiento de los cultivos excedentarios que superan en forma significativa la demanda permitida por la ley nacional. A partir de estos datos y ante la proliferación de cultivos en áreas no autorizadas, las autoridades bolivianas han decidido modificar de manera sustancial su estrategia antidrogas. Según publicó El Deber, el país fortalecerá su cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU para enfrentar el aumento del tráfico de cocaína y reforzar el monitoreo de fronteras.
Los informes presentados por la UNODC, citados por El Deber, marcan que la superficie destinada al cultivo de hoja de coca se expande más allá de los límites legales establecidos, generando un excedente que alimenta mercados ilícitos tanto internos como internacionales. Esta sobreoferta propicia el desvío de la materia prima hacia la producción de cocaína y facilita la consolidación de rutas transnacionales de tráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que esta situación condiciona la adopción de una estrategia integral que combine monitoreo reforzado, alianzas operativas y presencia internacional para enfrentar una problemática que desborda la capacidad de respuesta unilateral del Estado.
De acuerdo con lo detallado por El Deber, el nuevo plan antidrogas anunciado por el Ejecutivo prioriza la coordinación multilateral y el despliegue de expertos procedentes de la Unión Europea, la ONU y países vecinos como Brasil, que ya colabora en tareas policiales conjuntas. Oviedo insistió en que el crecimiento y sofisticación del tráfico de drogas requieren asistencia técnica especializada, así como instrumentos de inteligencia y vigilancia que permitan diferenciar con rigurosidad entre los flujos legales y los orientados al narcotráfico.
Según las declaraciones recopiladas por El Deber, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, subrayó el papel de los datos de la UNODC en la identificación de puntos de expansión de cultivos ilegales y del movimiento de hoja de coca por canales al margen de la fiscalización estatal. Este escenario representa un desafío para la seguridad interna y complica la tarea de control en las zonas de mayor riesgo para el desvío hacia el tráfico ilícito.
El medio boliviano reportó que la administración ha optado por dejar atrás el esquema basado únicamente en la erradicación forzosa de cultivos. La nueva hoja de ruta se construye sobre tres ejes: la acción directa contra las redes de tráfico, la promoción de alternativas económicas en regiones productoras y la promoción de la transparencia mediante la publicación amplia de datos relevantes. En ese marco, Oviedo criticó a la administración anterior de Luis Arce por haber restringido el acceso a información esencial sobre la extensión de los cultivos y su destino final, un obstáculo que impedía la supervisión pública y el diseño de medidas preventivas efectivas. “El anterior Gobierno no quería que se conozcan algunas cifras. Hoy eso cambia”, remarcó el ministro, según recogió El Deber.
En lo que respecta a la supervisión, El Deber indicó que la estrategia oficial comprende la llegada de equipos internacionales para labores de inteligencia y la incorporación de nuevas tecnologías de control en áreas identificadas como puntos neurálgicos para la exportación ilegal. Así, el gobierno apuesta por impedir que la coca excedentaria continúe nutriendo a las organizaciones criminales, especialmente en corredores fronterizos sensibles.
Uno de los elementos centrales, destacado por El Deber, consiste en la diferenciación clara entre la hoja de coca dirigida a mercados legales —con fines medicinales o culturales— y la destinada a la producción de cocaína. Esto plantea el desafío de establecer métodos actualizados de seguimiento y de mantener un contingente internacional estable en territorio boliviano, con el fin de cerrar brechas legales que faciliten el tráfico ilícito.
La estrategia también integra la promoción de oportunidades económicas legales para las comunidades productoras, identificadas por el Ejecutivo como un mecanismo para reducir su dependencia del circuito ilegal. El Deber subrayó que el desarrollo alternativo figura como uno de los pilares principales del enfoque integral y busca ofrecer incentivos que alejen a los productores de vínculos con las estructuras criminales.
Según informó el mismo medio, la administración de Oviedo y Justiniano considera la cooperación multilateral y la adaptación a las nuevas dinámicas criminales como las herramientas fundamentales para mantener bajo control la expansión de las redes delictivas. El informe de la UNODC aborda no solo la distribución interna, sino también la proyección internacional del tráfico y resalta la importancia de compartir información y reforzar los controles integrados en zonas limítrofes con los principales países de tránsito y destino.
El acceso amplio a datos y la apertura al control público también figuran, según reportó El Deber, como una de las prioridades del rediseño del plan nacional. La estrategia oficial sostiene que la mayor visibilidad y supervisión dificultarán la operación de las organizaciones ilegales y permitirán mejores resultados tanto en la prevención como en la represión.
Las autoridades señalaron que las deficiencias administrativas del pasado —como la permisividad frente a la expansión de cultivos fuera de los parámetros formales— facilitaron la consolidación del abastecimiento clandestino de materia prima y el tránsito transnacional. Esta falta de controles estrictos y de datos fiables dificultó la acción preventiva y dio margen al fortalecimiento de las redes criminales, según El Deber.
En suma, el plan propuesto por el gobierno boliviano, presentado y detallado en El Deber, pone el acento en un abordaje multidimensional que trasciende las fronteras del país y se apoya tanto en la cooperación internacional denunciada por la UNODC, como en la transparencia, el desarrollo económico sostenible y la vigilancia conjunta con organismos y países estratégicos. La administración nacional sostiene que solo a través de este esfuerzo conjunto y coordinado será posible reducir la incidencia del narcotráfico y limitar el impacto de la producción ilegal de cocaína en el ámbito nacional y regional.
