El pronunciamiento del gobierno británico contra la sentencia dictada a Jimmy Lai incluyó la entrega formal de una protesta diplomática directamente al embajador chino en Londres, lo que marcó un episodio de especial tensión dentro de la relación bilateral. Según informó la prensa británica, las autoridades del Reino Unido fundamentaron su queja en la preocupación por la integridad de los derechos humanos y la protección diplomática de Lai, quien posee nacionalidad británica. Esta protesta se formalizó en el Ministerio de Exteriores y estuvo impulsada también por los históricos compromisos asumidos tras el traspaso de soberanía de Hong Kong en 1997. El acto diplomático estuvo dirigido a rechazar de manera explícita tanto la condena emitida por los tribunales hongkoneses como el proceso legal seguido contra el empresario y activista, además de exigir su liberación inmediata.
De acuerdo con el medio británico, la condena a Lai, de 78 años, mediatizada por la implementación de la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso a Hong Kong en 2020, ha sido cuestionada debido a la falta de garantías procesales y la presunta motivación política tras el proceso judicial. La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, declaró públicamente que tanto Pekín como el gobierno local persiguieron a Lai debido a su defensa de la libertad de expresión en la ciudad. Cooper también destacó ante el Parlamento británico que la iniciativa diplomática responde al deber del Reino Unido de proteger a sus ciudadanos y a su política de salvaguarda de derechos fundamentales en territorios donde mantiene obligaciones históricas, como en el caso de Hong Kong.
El medio británico detalló que la protesta ante el embajador Zheng Zeguang se inscribe en un contexto de restricción creciente sobre derechos civiles en Hong Kong, consecuencia de la Ley de Seguridad Nacional. Diversas fuentes citadas por la prensa del Reino Unido señalaron que la aplicación de esta normativa ha reducido el margen de acción para sectores críticos y ha limitado el espacio para la prensa independiente, ejemplificado en el cierre del periódico Apple Daily fundado por Jimmy Lai. El caso del empresario tomó relevancia internacional después de las protestas ciudadanas de 2019, reconocidas como las más extensas en la región desde el traspaso de poderes, y desde entonces se consolidó como referente para los grupos que promueven la autonomía y los medios libres en Hong Kong.
Según publicó la prensa británica, el gobierno del Reino Unido profundizó su rechazo al veredicto tras considerar que la decisión judicial representa una amenaza no solo para la seguridad nacional británica, sino también para los derechos de todos sus ciudadanos en el exterior. El comunicado oficial insistió en la vulneración de garantías judiciales internacionalmente reconocidas durante el proceso legal contra Lai, abonando la tesis de que el caso forma parte de una campaña más amplia de represión contra el disenso y la información independiente. Las autoridades británicas remarcaron que la situación de Jimmy Lai resulta paradigmática de las transformaciones políticas que vive la ciudad bajo la influencia directa del gobierno central chino.
El medio británico informó además que la estrategia actual del gobierno de Londres incluye la coordinación con aliados internacionales con el objetivo de incrementar la presión sobre Pekín. El propósito es fortalecer la defensa colectiva de los derechos civiles y mantener la atención sobre la evolución política en Hong Kong. Fuentes oficiales confirmaron la continuidad de las gestiones diplomáticas, orientadas a visibilizar la preocupación de la comunidad internacional y a demandar el respeto a las garantías fundamentales en la región administrativa especial.
Diversos foros internacionales han recogido la postura del Reino Unido, cuyo gobierno reiteró la importancia de proteger la libertad de expresión y garantizar la seguridad de las personas con nacionalidad británica en situaciones de riesgo. Según precisó la prensa nacional, el impacto del juicio y la condena a Jimmy Lai supera el ámbito individual y afecta de manera general a los derechos cívicos de toda la sociedad de Hong Kong, desplazando el debate más allá de un solo caso hasta el futuro mismo de la ciudad bajo las actuales condiciones políticas.
Fuentes citadas por los medios británicos aseguraron que la convocatoria al embajador chino y la entrega del reclamo hacen parte de una política sostenida para mantener visible el caso ante la opinión internacional y seguir demandando la protección de las libertades fundamentales en la región. El gobierno británico, de acuerdo con los reportes de la prensa del país, evalúa de manera permanente nuevas acciones en respuesta al desarrollo de la situación en Hong Kong y permanece en estrecho contacto con otros gobiernos para compartir información y coordinar iniciativas en defensa de los derechos humanos.
