En marzo, las operaciones migratorias en el sur de Arizona afectaron de manera significativa a Beef Master Meat Market, uno de los comercios latinos que se enfrentó a una inesperada visita por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque durante ese operativo no se produjeron arrestos inmediatos, el impacto se manifestó al día siguiente: ningún trabajador se presentó a sus funciones, obligando al propietario, Marco Antonio López, a recurrir al apoyo de su familia para mantener el establecimiento funcionando. Esta situación no solo evidenció la vulnerabilidad de los negocios ante este tipo de intervenciones, sino que también adelantó el panorama que enfrentarían cadenas y mercados hispanos en Arizona y otras ciudades. Según reportó EFE, las redadas migratorias han desencadenado cierres, despidos y temor entre empleados, generando una crisis económica y legal en las comunidades empresariales latinas.
De acuerdo con la agencia EFE, el restaurante Taco Giro, una reconocida cadena mexicana en el sur de Arizona, tuvo que cerrar siete de sus diez sucursales de manera indefinida tras una operación sorpresiva llevada a cabo por ICE el pasado 5 de diciembre. Durante el operativo, agentes armados arrestaron a 46 empleados y confiscaron documentos relacionados con la contratación. César Rodríguez, director de operaciones de Taco Giro, explicó que la intervención de ICE implicó también incursiones en los domicilios de varios trabajadores, lo que aumentó el número total de detenidos y profundizó la crisis interna del negocio. Rodríguez expresó su inquietud al recalcar que la empresa perdió de inmediato el 10% de su plantilla, un golpe que ha complicado la posibilidad de reconstruir el equipo, ya que incluso aquellos con ciudadanía o residencia sienten temor de aceptar puestos en la industria por miedo a poner en riesgo a familiares indocumentados.
El impacto de las redadas no se limitó al ámbito laboral. La cadena, fundada por los hermanos Ramos Mora en 2008, también vio afectada su clientela. Mario Ramírez, cliente habitual de Taco Giro, relató a EFE que algunas personas dejaron de acudir al restaurante por miedo a una posible repetición del operativo de ICE. Durante una visita posterior a la redada, el local permanecía prácticamente vacío, ilustrando el ambiente de incertidumbre que persiste entre los consumidores.
La administración de Taco Giro se enfrenta a crecientes dificultades administrativas y legales. ICE justificó sus acciones como el resultado de una investigación prolongada sobre supuestas contrataciones de personas sin documentos migratorios, manejo de pagos en efectivo, cuestiones fiscales y sospechas vinculadas al tráfico de drogas. Rodríguez desestimó esas acusaciones, refiriéndose a ellas como "ridículas", según consignó EFE. Sin embargo, la investigación y los requerimientos federales han implicado gastos considerables, tanto en honorarios legales como en la gestión de recursos para responder adecuadamente a las autoridades.
Marco Antonio López, de Beef Master Meat Market, afirmó a EFE que el proceso de recuperación tras la redada ha sido largo y aún enfrenta consecuencias legales. Nueve meses después del operativo, continúa presentando documentos al gobierno federal y responde a interrogatorios relacionados con el caso, enfrentando la amenaza de una multa considerable. López explicó que los costos legales y los recursos invertidos en participar y capacitarse en el programa federal E-Verify han dificultado la estabilidad financiera del negocio. Considera que, de imponerse la sanción, podría verse obligado a cerrar su mercado.
La problemática derivada de este tipo de operativos federales tiene alcance nacional. Según publicó EFE, la situación en Tucson refleja lo que ocurre en otras grandes urbes como Los Ángeles, donde un informe del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43% de los propietarios hispanos consultados experimentó una disminución de al menos el 50% de sus ingresos a raíz de redadas migratorias. Entre quienes no dominan el inglés, esa cifra asciende a 68%. Estos perjuicios económicos se suman a la vulnerabilidad legal y a la inseguridad que invade a trabajadores y empresarios latinos.
Regina Romero, alcaldesa de Tucson y primera mujer latina en ocupar el cargo, declaró a EFE que las operaciones de ICE no contribuyen a la seguridad de la comunidad ni a la reducción de los precios para los residentes. Sostuvo que fomentar el cumplimiento de la ley no puede justificar la interrupción de la economía local, subrayando que las redadas suelen provocar perjuicios significativos a pequeños negocios y obstaculizar el comercio legítimo. Romero recalcó además que la intimidación generada por estos operativos alcanza tanto a empleados de larga permanencia, sin distinción de estatus migratorio, como a cualquier persona que presente rasgos o acentos percibidos como latinos. "Ahuyentan a los empleados de toda la vida, independientemente de su estatus migratorio, y utilizan recursos federales para intimidar a las personas basándose únicamente en el color de su piel o su acento", afirmó Romero, según reportó EFE.
La alcaldesa también hizo hincapié en que este tipo de operativos federales intensifican los problemas financieros de las comunidades, ya golpeadas por el alza en precios tanto de alquileres como de insumos básicos. Otros dueños de negocios latinos mencionados por EFE han reiterado la dificultad de sustituir personal e invertir en capacitación mientras deben destinar recursos adicionales a defensas legales, una situación que, de prolongarse, pone en riesgo la continuidad de pequeñas empresas y merma las oportunidades de desarrollo en sectores donde los negocios latinos representan parte central de la economía local y regional.
El informe publicado por LEAAF documentó también cómo las barreras idiomáticas y la falta de acceso adecuado a asesoría profesional incrementan la gravedad de los daños en comunidades donde existe una alta presencia de inmigrantes y minorías. Ante la pérdida repentina de empleados experimentados y la reticencia de potenciales nuevos trabajadores, los comercios deben enfrentar jornadas laborales extendidas, cambios en el servicio al cliente y una merma considerable en la productividad.
Según EFE, representantes de empresas hispanas y defensores de los derechos de inmigrantes han señalado que la inseguridad jurídica sumada a la presión financiera y social tras las redadas mina la confianza de los trabajadores e impacta de manera directa en las familias de las comunidades afectadas. Además, el temor a nuevas intervenciones de ICE provoca que muchos empleados, incluyendo aquellos con residencia legal o ciudadanía, decidan no regresar a sus empleos ni buscar nuevas ofertas laborales en la zona.
En este contexto, las recientes operaciones migratorias en Arizona y California han desplegado consecuencias generalizadas para el comercio latino. Los participantes del sector coinciden en que la incertidumbre legal y las dificultades para retener o contratar personal agravan una crisis financiera que afecta a restaurantes, mercados y pequeñas empresas, cuyas actividades cotidianas y futuros planes empresariales dependen en gran medida de la estabilidad y el respaldo comunitario, según detalló el medio EFE.
