Tras la reciente aprobación del mecanismo de salvaguarda, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, se preparan para viajar a Brasil, donde se prevé que firmen el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en los próximos días. Según consignó el medio, este avance ocurre después de que el Parlamento Europeo respaldara por una amplia mayoría la nueva estructura de protección agrícola, diseñada específicamente para atenuar los riesgos que perciben varios Estados miembros en el contexto del tratado.
De acuerdo con lo publicado, la votación celebrada en Estrasburgo arrojó 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones, lo que reflejó el consenso interno en torno a la necesidad de resguardar los intereses de los productores europeos. El mecanismo de salvaguardas busca responder a las preocupaciones expresadas por países como Francia, Italia y Polonia, cuyo apoyo al acuerdo con Mercosur estaba supeditado a la concreción de una red eficaz de protección ante posibles impactos negativos en sus sectores agrarios.
Según detalló el medio, la Comisión Europea elaboró este paquete de medidas, consciente de las reservas planteadas por gobiernos y actores agrarios que reclamaron garantías adicionales antes de dar luz verde al tratado con Mercosur. La presidencia danesa de turno en la Unión Europea había condicionado el avance del pacto a la aprobación formal de estas salvaguardas, estableciendo la implementación como requisito previo para autorizar a los líderes comunitarios a ultimar la firma del documento.
El sistema adoptado por el Parlamento contempla medidas dirigidas a responder eficazmente ante desequilibrios generados por las importaciones de productos sensibles, como el azúcar, el etanol, los huevos, el arroz, la carne de vacuno y el pollo, entre otros. Bruselas, conforme explicó el medio, asume la responsabilidad de monitorear de manera sistemática el comportamiento del mercado, con el objetivo de detectar tempranamente señales que pongan en riesgo la estabilidad del sector agroalimentario europeo.
Para garantizar la efectividad del dispositivo, el diseño prevé que la Comisión informe cada seis meses al Consejo y al propio Parlamento sobre la evolución de los flujos desde Mercosur y su impacto en los mercados comunitarios. Según reportó el medio, este seguimiento pretende dar respuestas rápidas ante anomalías, privilegiando la prevención sobre eventuales daños estructurales para los productores de la Unión.
Los procedimientos activarán una investigación formal si, en un mismo ejercicio, el precio de los productos importados cae un 10% respecto a los equivalentes europeos y se registra un incremento del más del 10% en el volumen anual de importaciones dentro de los contingentes preferenciales procedentes de Mercosur, o bien si los precios de importación descienden un 10% en relación con el año anterior. Si el análisis concluye que existe un daño grave o una amenaza inminente para el sector agrícola, la Comisión podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias para aquellos bienes responsables de la situación, de acuerdo con lo fijado en el protocolo.
La reacción normativa facilita resguardos jurídicos y operativos en un contexto de fuertes inquietudes en el medio agrario, subrayó el medio. El texto aprobado pone el acento en que la reacción debe ser rápida y alineada con los desafíos que identifique la vigilancia permanente de los mercados, de modo de preservar tanto la competitividad como los ingresos de los agricultores comunitarios frente a las nuevas condiciones comerciales derivadas del tratado con Mercosur.
Las diferencias internas sobre el acuerdo se han mantenido durante meses, con Francia, en particular, mostrándose reacia a apoyarlo en ausencia de mecanismos robustos de protección para el sector agrario, según lo consignado. Sin embargo, pese a su resistencia, París no ha logrado reunir suficientes adhesiones para bloquear el proceso, lo que facilitó la reciente votación favorable en la Eurocámara.
El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, tuvo a cargo la elaboración de la posición adoptada por el Parlamento y defendió el nuevo marco normativo en la sesión previa. Durante su intervención, según publicó el medio, Mato señaló que la iniciativa de la Comisión lograba “un equilibrio” y proporcionaba garantías reales para quienes producen alimentos en el bloque.
La puesta en marcha de esta red de actuación responde así a los principales cuestionamientos surgidos en la discusión política y social interna europea sobre la conveniencia y los posibles efectos de una apertura comercial con las economías sudamericanas de Mercosur. Diversos sectores exigieron instrumentos de protección específicos para mitigar impactos en segmentos considerados estratégicos, demandas que motivaron la recalibración de la propuesta original presentada por Bruselas.
Según reportó el medio, con el visto bueno del pleno, las instituciones europeas avanzan hacia la etapa final del proceso de ratificación y, al mismo tiempo, refuerzan el control sobre las consecuencias del comercio agrícola con el bloque sudamericano. La aprobación parlamentaria de las salvaguardas agrícolas se convierte en un factor clave en la hoja de ruta para formalizar la firma del tratado, que prevé la participación de los máximos responsables políticos de la Unión en un acto en Brasil.
