La reivindicación para certificar profesionalmente a las personas dedicadas a la igualdad cuenta con antecedentes que se remontan a 2011, cuando el Instituto de las Mujeres impulsó los primeros trabajos para reconocer la titulación de estos perfiles. Según publicó el medio original, dichos esfuerzos no llegaron a concretarse entonces, pero el Gobierno ha decidido retomarlos y volcar ese conocimiento en la elaboración de un anteproyecto legislativo. Este martes, el Consejo de Ministros, por propuesta del Ministerio de Igualdad, aprobó la tramitación de una normativa específica para la regulación de los agentes de igualdad, definiendo además un periodo de transición de 10 años antes de la entrada en vigor plena de los nuevos requisitos.
De acuerdo con la información proporcionada por el citado medio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó la iniciativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Redondo detalló que el propósito principal del anteproyecto reside en avanzar hacia la profesionalización de quienes desempeñan funciones relacionadas con la promoción de la igualdad, así como destacar la formación y la capacitación técnica de los agentes que ya ejercen en este ámbito. También explicó que el nuevo marco legal responde a la necesidad de poner freno al intrusismo profesional, identificado como una de las problemáticas actuales en el sector, y de asegurar que los servicios ofrecidos posean garantías de calidad y estén respaldados por la cualificación requerida.
Según consignó la ministra y tal como detalló el medio, la certificación de estos estudios y titulaciones representa una demanda sostenida tanto por el propio colectivo de agentes de igualdad como por los movimientos feministas, actores que históricamente han reclamado su reconocimiento formal. Redondo remarcó el carácter histórico de la iniciativa, al tratarse de una aspiración “largamente acariciada” por el sector y consideró que esta propuesta normativa recoge y amplía el camino recorrido en la última década por instituciones especializadas como el Instituto de las Mujeres.
El medio informó que el texto del anteproyecto contempla un periodo transitorio de 10 años, durante el cual podrán adaptarse las personas que ya desarrollan tareas afines a la igualdad. Este margen temporal prolongado se establece para facilitar que quienes actualmente están en activo, pero no cuentan con la acreditación específica, puedan completar la formación y obtener la certificación exigida por la futura ley. De este modo, el Gobierno pretende compatibilizar el refuerzo de garantías y de estándares de calidad con la realidad existente en el sector, evitando la exclusión de profesionales por la entrada en vigor inmediata de nuevos requisitos formales.
Entre las competencias asignadas a la figura profesional del agente de igualdad, la ministra apuntó que se ocuparán de analizar y diagnosticar todas las acciones y actividades humanas que influyan en la perpetuación de desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres. También participarán en la concepción, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas orientadas a la equidad de género. Según publicó el medio, con estas definiciones el Gobierno aspira a consolidar un papel relevante para los agentes de igualdad en la ejecución y fiscalización de las políticas institucionales tanto a nivel estatal como en administraciones locales.
El medio detalló que el anteproyecto aprobado debe seguir la tramitación parlamentaria habitual antes de transformarse en ley, pero tanto colectivos de profesionales como movimientos feministas han valorado como un avance fundamental el reconocimiento explícito de la titulación y las competencias asociadas. La iniciativa se enmarca en el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la discriminación de género, una de las prioridades legislativas señaladas para el presente periodo.
