El hallazgo de dos banderas con simbología vinculada al Estado Islámico en el vehículo utilizado por Naveed Akram ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que el atentado en una playa de Sídney pudo haber contado con respaldo internacional o apoyo externo en su planeación y ejecución. El ataque, registrado durante las celebraciones de Janucá, dejó un saldo de quince personas fallecidas y veintiséis heridas, con doce de ellas internadas en unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con los reportes de ABC News. Las pesquisas se centran en esclarecer si existieron canales de comunicación encriptados, transferencias financieras fuera del país o contactos con terceros en el extranjero que hayan facilitado el hecho.
Según informó ABC News, los equipos de investigación han puesto el foco en el análisis exhaustivo de los dispositivos electrónicos confiscados a la familia Akram. El propósito es identificar eventuales evidencias de conversaciones codificadas, movimientos de dinero y vínculos con interlocutores foráneos, que permitan confirmar la participación o la influencia desde el extranjero. Este rastreo digital se complementa con la revisión de antecedentes y la inspección de bienes asociados al entorno familiar de los presuntos responsables del ataque.
ABC News detalló que los desplazamientos internacionales de Naveed Akram y Sajid Akram, incluyendo viajes a Filipinas y otros destinos en Asia y Oceanía, se encuentran bajo revisión con el objetivo de precisar si en alguno de estos trayectos se produjeron contactos que contribuyeran a procesos de radicalización o a la obtención de recursos logísticos. El comandante Mal Lanyon, citado por el mismo medio, indicó que las labores de los equipos forenses digitales resultan fundamentales para rastrear huellas electrónicas que puedan vincular a los sospechosos con redes internacionales y aportar claridad sobre la posible coordinación del ataque desde fuera de Australia.
En el plano logístico, ABC News consignó que la policía investiga también el origen de las armas utilizadas, indagando tanto el circuito legal como posibles rutas ilícitas de adquisición de armamento. Las pesquisas han revelado que Sajid Akram solicitó una licencia para armas en 2015, aunque la autorización para comprar armas de categorías AB se le otorgó recién en 2023. Este dato motivó a los agentes a identificar si redes ilegales jugaron un papel en el aprovisionamiento de las armas o si existieron otros individuos implicados en el proceso de acceso a estos recursos.
El seguimiento sobre los movimientos financieros de la familia Akram constituye otra línea de pesquisa. ABC News comunicó que las autoridades rastrean transferencias bancarias y pagos no tradicionales para establecer si existieron flujos de fondos procedentes del exterior que puedan vincularse con la financiación del atentado. La minuciosa revisión de las transacciones busca detectar cualquier señal que relacione las operaciones económicas con la materialización del ataque, en particular mediante análisis de transferencias transnacionales y rutas de recursos materiales.
En cuanto a los antecedentes de los implicados, informó ABC News que en 2019 Naveed Akram estuvo bajo seguimiento de la policía de Nueva Gales del Sur y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) durante seis meses. En ese periodo, las autoridades no encontraron señales de radicalización ni conductas delictivas evidentes, lo que, según el medio, pone de manifiesto las dificultades de los métodos institucionales para identificar casos de autorradicalización que escapan a los protocolos convencionales de vigilancia y prevención.
El ámbito hospitalario ha sido objeto de nuevas medidas de resguardo tras los hechos. El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, explicó a ABC News la implementación de protocolos especiales de seguridad en los centros sanitarios de la región, con el objetivo de garantizar la integridad de pacientes y trabajadores frente a posibles consecuencias derivadas del atentado. Esta estrategia incluye ajustes en los procedimientos internos y monitoreo constante de las áreas sensibles.
En el terreno de la prevención, según publicó ABC News, las agencias federales y locales respondieron al atentado con actualizaciones en los sistemas de control de armas, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la intensificación de la vigilancia en entornos susceptibles de exposición a discursos extremistas. Estas acciones incluyen tanto la supervisión digital como la financiera de los investigados y su círculo inmediato, así como la monitorización continua de comunidades consideradas en riesgo de radicalización violenta.
El primer ministro Anthony Albanese, según declaraciones recogidas por ABC News, advirtió sobre la persistencia de mensajes y materiales propagandísticos relacionados con el Estado Islámico y la capacidad de estos contenidos para incentivar conductas violentas, incluso a diez años de la formación de dicho grupo. Albanese remarcó la necesidad de reforzar los mecanismos de colaboración interagencial y de avanzar hacia modelos preventivos que se anticipen a fenómenos de radicalización impulsados por la difusión masiva de contenidos digitales.
En la actualidad, el gobierno australiano ha lanzado una campaña de transparencia informativa para mantener a la población al tanto del avance de las investigaciones y de los dispositivos de seguridad en marcha tanto en el espacio público como en los hospitales, según consignó ABC News. El intercambio de información entre entidades policiales, de inteligencia y aliados extranjeros se perfila como un elemento clave para comprender los eventuales patrones de financiamiento y los movimientos internacionales que pudieran asociarse al caso.
La vigilancia permanente sobre redes sociales y plataformas digitales, reportó ABC News, compone una de las herramientas principales para identificar la circulación de ideas extremistas y detectar posibles contactos internacionales susceptibles de aumentar el riesgo de futuras acciones. Las autoridades reconocen la incidencia del acceso a contenidos violentos en Internet sobre los procesos de autorradicalización, lo que impulsa continuas revisiones de los protocolos institucionales y la actualización de los procedimientos de prevención y respuesta frente a situaciones semejantes.
