Después de los ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, los procesos de expulsión de ciudadanos afganos desde territorio iraní escalaron, alcanzando un pico entre los meses de julio y octubre, cuando aproximadamente 900.000 afganos fueron trasladados a la fuerza de regreso a su país, según cifras de Naciones Unidas. Esta dinámica caracteriza la situación actual descrita por Amnistía Internacional, que en un comunicado difundido el martes insistió en la necesidad de detener las “deportaciones forzosas” masivas de personas a Afganistán, enfatizando que los movimientos involuntarios afectan principalmente a mujeres y niños.
De acuerdo con el informe publicado por Amnistía Internacional, al menos 2,6 millones de personas han sido expulsadas de manera forzada a territorio afgano durante el año 2025, con la mayoría de ellas provenientes de países fronterizos como Irán y Pakistán. El medio consignó que cerca del 60 por ciento de quienes enfrentan estas deportaciones forzadas son mujeres y menores de edad. Turquía y Tayikistán también figuran entre las naciones que han enviado a ciudadanos afganos devolviéndolos a una situación que, según la organización, resulta extremadamente riesgosa por la escalada de violaciones de derechos humanos ejercidas por el régimen talibán.
La intensificación de las políticas de deportación no se limita a los países vecinos de Afganistán; Amnistía Internacional detalló que en el último año varias naciones europeas incrementaron la cifra de afganos retornados a la fuerza, a pesar de los registros previos sobre violaciones sistemáticas por parte de las autoridades talibanes. Esta tendencia coincide con una crisis humanitaria cada vez más pronunciada en territorio afgano, donde más de 22 millones de personas requieren ayuda inmediata, según los registros consignados por la ONG.
El comunicado de Amnistía Internacional enfatizó que gran parte de la población expulsada afronta una situación agravada por los recientes desastres naturales que golpearon el país, lo que incrementa la vulnerabilidad de los retornados y profundiza la precariedad de acceso a recursos básicos y protección. La ONG recordó que el principio internacional de “no devolución” impone la obligación de no retornar a ningún individuo a un territorio donde enfrente peligro real de abusos graves de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que en la práctica ese principio está siendo ignorado tanto por países vecinos como europeos.
La organización subrayó que “fomentar el regreso forzoso de estas personas a Afganistán, país del que han huido en primer lugar, pone en peligro sus vidas”. Según publicó Amnistía Internacional, estas medidas gubernamentales desatienden los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados y desplazados, y contribuyen a exponer a miles de personas a riesgos documentados, incluido el trato degradante, la tortura y otros abusos después de su repatriación forzada.
En el contexto del régimen talibán, Amnistía Internacional recalcó que las condiciones para las mujeres y las niñas se han deteriorado drásticamente. La organización advirtió que estos grupos enfrentan exclusión sistemática de la vida pública, eliminación de oportunidades educativas y restricciones severas en el acceso a la salud y el empleo. El informe divulgado indicó que bajo el gobierno talibán se documentaron múltiples abusos contra quienes han sido retornados, muchos de los cuales son sometidos a malos tratos incluso después de su expulsión.
El seguimiento al incremento de expulsiones desde Irán indicó que, solo entre enero y octubre de 2025, la cifra global alcanzó los 1,6 millones de personas, según lo reportado por Naciones Unidas y replicado por Amnistía Internacional. Irán, Pakistán, Turquía y Tayikistán conforman los principales países desde donde se han producido estas devoluciones, a menudo en condiciones que incumplen los estándares internacionales y sin garantía de seguridad para los afectados.
Amnistía Internacional sostuvo en el comunicado que persisten numerosas denuncias sobre tortura, violencia y toda clase de tratos crueles e inhumanos hacia los deportados afganos, tanto durante su traslado como después de ingresar nuevamente en Afganistán. Según reportó el mismo medio, las violaciones a los derechos humanos no disminuyen tras el retorno, sino que en varios casos se agravan debido a la persecución, la precariedad socioeconómica y la falta de acceso a servicios esenciales.
La crisis humanitaria en Afganistán, detallada en el informe de Amnistía Internacional, se ha visto reforzada por una combinación de factores que incluyen la intensificación del conflicto, la inestabilidad política y los recientes desastres naturales. Más de 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, una cifra que sitúa al país entre los de mayor vulnerabilidad global. A ello se suma el impacto directo de las devoluciones masivas, que agravan la presión sobre los sistemas de ayuda y la infraestructura local.
La organización describió cómo las expulsiones masivas desde Irán aumentaron especialmente tras los ataques entre Israel e Irán durante el mes de junio de 2025. Este contexto geopolítico intensificó las políticas de devolución y provocó mayores dificultades para quienes buscaban asilo o seguridad fuera de Afganistán. Según lo detallado por Amnistía Internacional, la situación en el país sigue deteriorándose, mientras la comunidad internacional mantiene políticas de devolución pese a los riesgos ampliamente documentados para los retornados.
El documento de Amnistía Internacional concluyó recordando que las medidas de expulsión implementadas por gobiernos que deberían garantizar el respeto al principio de no devolución implican una renuncia a la protección de los derechos fundamentales, tal como lo requieren los tratados internacionales. La organización reiteró el llamado urgente a detener todas las deportaciones forzosas a Afganistán y solicitó una respuesta coordinada que priorice la salvaguarda de los derechos y la vida de mujeres, niños y el resto de la población desplazada que enfrenta riesgo de persecución y violencia al volver al país bajo dominio talibán.
