La incautación del buque petrolero ‘Skipper’, perteneciente a la petrolera estatal venezolana PDVSA y que transportaba 1,9 millones de barriles de crudo, constituye uno de los elementos centrales en la reciente interrupción del suministro de gas natural y la cooperación energética entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Según informó Europa Press, las autoridades venezolanas atribuyeron la confiscación del navío, llevada a cabo el 10 de diciembre, a una operación internacional en la que participaron funcionarios de Trinidad y Tobago en coordinación con Estados Unidos. El Gobierno de Venezuela denuncia que este acto responde a intereses estadounidenses y considera la medida como una “agresión” e “intromisión”, situación que ha motivado la ruptura de relaciones energéticas.
En este contexto, Europa Press detalló que el ejecutivo venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, formalizó el cese inmediato de todos los acuerdos y el suministro de gas natural a la nación insular. Caracas fundamentó la decisión en la percepción de un “cambio de postura” en la política exterior de Trinidad y Tobago bajo el liderazgo de su Primera Ministra, Kamla Persad-Bissessar, a quien responsabiliza de haber promovido la “hostilidad” y la colaboración con Washington, especialmente en materia de seguridad y defensa.
Según consignó el medio Europa Press, la instalación de radares y equipamiento militar estadounidense en el territorio de Trinidad y Tobago representa otro de los motivos principales alegados por Venezuela para suspender de manera inmediata la relación bilateral en materia energética. Para Caracas, el despliegue de infraestructuras militares en el archipiélago por parte de Estados Unidos constituye un riesgo directo para la soberanía nacional y los intereses estratégicos, y configura una “intromisión inaceptable” en los asuntos internos venezolanos. La administración de Maduro afirma que este tipo de acciones, incluidas las restricciones y confiscaciones de activos venezolanos, atentan contra el Derecho Internacional y alteran las reglas de comercio y navegación tradicionales en la región del Caribe.
La medida difundida oficialmente por Venezuela —reproducida por Europa Press— también contiene advertencias respecto a la continuación de “prácticas hostiles” y la colaboración militar entre Trinidad y Tobago y actores externos. En ese documento, Caracas estableció como condición para la posible reactivación de los flujos energéticos la retirada de personal y equipos militares extranjeros, junto con el compromiso de evitar futuras “agresiones”. El argumento central del Gobierno venezolano, reiterado en varias declaraciones públicas según reportes de Europa Press, sostiene que la conversión de Trinidad y Tobago en una base operativa de los Estados Unidos implica un peligro para la estabilidad regional y crea una situación de aislamiento forzado para Caracas.
Hasta la fecha de la interrupción, ambos Estados mantenían relaciones económicas y políticas de relevancia en el sector energético, incluyendo proyectos conjuntos para la explotación y suministro de gas natural y otros hidrocarburos. Europa Press indicó que la decisión venezolana supone también la suspensión indefinida de cualquier acuerdo o marco de cooperación en hidrocarburos, lo que genera consecuencias inmediatas sobre el mercado energético caribeño. El impacto se manifiesta de manera particular en Trinidad y Tobago, dada su dependencia de los recursos venezolanos para abastecer parte de sus necesidades energéticas.
Los pronunciamientos del Ejecutivo de Maduro, recogidos por Europa Press, atribuyen la “escalada de hostilidades” a decisiones de política exterior de Trinidad y Tobago, dirigidas —según Caracas— a fortalecer la presencia y los intereses estadounidenses en la zona. El gobierno venezolano enfatizó que “Venezuela no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país y su derecho al desarrollo”, refiriéndose a la conjunción entre Washington y las autoridades trinitarias en actos contra intereses venezolanos.
El anuncio despertó inquietud y dudas entre sectores económicos y políticos del Caribe, quienes perciben una mayor incertidumbre respecto a la continuidad de los proyectos energéticos y la estabilidad regional, según lo informado por Europa Press. El medio especificó que el contexto en el que se produce esta ruptura está marcado por el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y por una tensión diplomática creciente, lo que incrementa la percepción venezolana de hostilidad y aislamiento internacional.
En el plano oficial, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la incautación del ‘Skipper’ como un “acto de piratería”, señalando que fue posible solo gracias a la colaboración activa de las autoridades trinitarias. Según la funcionaria —de acuerdo a Europa Press—, estas acciones constituyen una vulneración de acuerdos internacionales y limitan la capacidad venezolana para desarrollar una política energética soberana.
Finalmente, la administración de Maduro reiteró en varios comunicados que cualquier intento de restablecer las relaciones energéticas con Trinidad y Tobago dependerá de la eliminación de la presencia de equipamiento militar extranjero y del cese de operaciones conjuntas que, a juicio de Caracas y según publicó Europa Press, contravienen sus intereses nacionales y el derecho internacional. Mientras tanto, la ruptura permanece vigente y plantea desafíos tanto para ambos países como para el equilibrio económico y político en el Caribe.
