Notas obtenidas por el equipo de investigación reflejan que Yoon Suk Yeol, entonces presidente de Corea del Sur, abordó en conversaciones privadas desde mayo de 2022 la posibilidad de recurrir a la ley marcial. Estas intenciones, según reconstruyó el consejo de investigación encabezado por el fiscal especial Cho Eun Suk y que recoge el medio Yonhap, se consolidaron en diciembre de 2024, cuando Yoon decretó formalmente la ley marcial para asegurar su permanencia en el poder tras la derrota electoral de su partido. Este procedimiento, según concluyó el equipo del fiscal tras seis meses de indagaciones, había comenzado a prepararse hasta un año antes de su ejecución.
El medio Yonhap detalló que, de acuerdo con los documentos internos, testimonios y otras pruebas reunidas, la imposición de la ley marcial tenía como objetivo central que Yoon Suk Yeol acaparara los poderes legislativo y judicial, utilizando las fuerzas armadas para reprimir a sus adversarios políticos y consolidar su dominio en la vida nacional. En la rueda de prensa ofrecida en Seúl, Cho Eun Suk subrayó que el exmandatario justificó sus acciones alegando la necesidad de proteger el orden constitucional y erradicar "fuerzas antiestatales", término con el que designaba a los partidos opositores.
Como parte de estos planes, la investigación consistente en revisión de anotaciones y documentos, evidenció que Yoon buscó elevar las tensiones con Corea del Norte mediante acciones como el envío de drones con material propagandístico hostil al régimen vecino. El objetivo era crear un escenario de inestabilidad en la península que permitiera legitimar la intervención de las fuerzas armadas. Yonhap consignó que estos intentos, sin embargo, no desembocaron en una respuesta militar por parte del gobierno norcoreano.
El consejo dirigido por Cho Eun Suk determinó además que la fecha elegida para la declaración de la ley marcial, el 3 de diciembre de 2024, respondió a la perspectiva de limitar la intervención internacional, especialmente la de Washington, que en ese momento transitaba el relevo presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. De acuerdo con los reportes analizados, Yoon pretendía aprovechar la atención global dispersa por la transición estadounidense para reforzar el control interno.
Según publicó Yonhap, el equipo especial de investigación también identificó planes del expresidente para arrestar a miembros del organismo electoral del país. Yoon habría asegurado que existía un fraude en las elecciones legislativas de 2024, justificando así, de acuerdo con las pruebas presentadas, la persecución de funcionarios de la Comisión Electoral Nacional luego de que el oficialista Partido del Poder Popular (PPP) sufriera una derrota en dichos comicios.
En contacto con el proceso judicial, un tribunal de Corea del Sur dictó sentencia este lunes contra Noh Sang Won, excomandante del Mando de Inteligencia de Defensa, asignándole dos años de prisión. Noh fue hallado culpable de recolectar información de integrantes de las fuerzas armadas entre septiembre y diciembre del último año, con el propósito de crear una estructura interna para investigar alegaciones de fraude electoral. Además, el tribunal señaló que Noh aceptó sobornos, atribuyéndosele vínculos estrechos con Kim Yong Hyun, exministro de Defensa implicado directamente en la trama de la ley marcial y arrestado por los hechos.
Esta condena constituye la primera resolución judicial derivada del caso de la imposición de la ley marcial. El medio Yonhap precisó que hay al menos 24 personas imputadas en la causa, entre quienes figuran, además de Noh y Kim Yong Hyun, el ex primer ministro Han Duck Soo, el ex director del Servicio de Inteligencia Nacional Cho Tae Yon, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung y Choo Kyung, antiguo líder parlamentario del PPP.
La investigación, que se apoyó en la revisión de documentos, testimonios y otras evidencias, sostiene que la estrategia de Yoon Suk Yeol incluyó manipulación de la percepción pública y pasos concretos para afianzar un control total sobre las instituciones del Estado. Tal como lo relató el fiscal especial Cho Eun Suk en su presentación recogida por Yonhap, la operación puso en marcha dispositivos de represión y buscó neutralizar a opositores mediante la acción directa del aparato militar.
El caso continúa despertando repercusiones políticas y judiciales en Corea del Sur, mientras los tribunales procesan a los implicados y las autoridades analizan el alcance de las maniobras descritas en el expediente de la investigación especial liderada por el fiscal Cho Eun Suk, según información detallada por Yonhap.
