Yasmine Chubin, representante legal de la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), explicó que el proceso contra Roger Lumbala logró avanzar gracias a la determinación de las víctimas, quienes lograron superar el miedo y el estigma para presentar sus testimonios en el tribunal de París. De acuerdo con información publicada por ‘Le Monde’, esta participación fue crucial para que la sala judicial condenara al ex líder rebelde congoleño a treinta años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 2002 y 2003 durante la Segunda Guerra del Congo. La decisión judicial, adoptada tras ocho horas de deliberación, se considera un hito en la historia penal internacional, ya que representa el primer fallo fuera de la República Democrática del Congo vinculado a atrocidades cometidas durante el conflicto en ese país, detalló el medio francés.
Según consignó ‘Le Monde’, Lumbala, de 67 años, lideró desde 1998 la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N), un grupo armado protagonista durante la guerra civil congoleña. El mencionado tribunal de París lo declaró culpable de complicidad en asesinatos, ataques sexuales, esclavitud y trabajos forzados, todos catalogados como crímenes de lesa humanidad. La acusación destacaba su posición como comandante, responsable último de la estrategia militar del grupo, que incluyó la ofensiva conocida como ‘Limpiar la Pizarra’. Esta operación, desarrollada principalmente en las provincias orientales de Kivu Norte e Ituri, tenía el propósito declarado de eliminar a las milicias rivales, asegurando el control sobre los recursos de la región e imponiendo un clima de represión sobre la población civil, reportó ‘Le Monde’.
La investigación y el juicio evidenciaron la naturaleza sistemática de los delitos. Durante los ataques, miembros de la RCD-N sometieron a comunidades étnicas, especialmente nande y bambuti, a secuestros, violencia sexual y desapariciones forzadas. ‘Le Monde’ puntualizó que las víctimas narraron ante el tribunal casos de violaciones colectivas, explotación sexual y represión dirigida tanto a mujeres como a menores, lo que permitió establecer la existencia de crímenes generalizados dentro de un patrón estructural recomendado y tolerado por el mando armado. El caso tomó un carácter inédito debido a la activa participación de organizaciones no gubernamentales como TRIAL International, que acompañó legalmente a más de veinte denunciantes y familiares de afectados, y fue artífice en la documentación e impulso del proceso judicial.
El principio de justicia universal dio fundamento legal a la causa contra Lumbala en territorio francés, una vez que la justicia congoleña no procesó por estos hechos. Este principio habilita a tribunales nacionales a perseguir penalmente graves delitos internacionales aun fuera de sus fronteras, con la intención de evitar escenarios de impunidad cuando no existe respuesta en el país de origen de los crímenes. ‘Le Monde’ explicó que la detención de Lumbala ocurrió en diciembre de 2020 en Francia, tras lo cual se formalizó la investigación el año posterior. El proceso logró reunir pruebas forenses, testimonios de sobrevivientes y documentación oficial que, combinados con la acción coordinada de víctimas y ONG, sostuvieron la acusación y facilitaron la protección de quienes participaron como testigos.
TRIAL International, a través de su representante Daniele Perissi, afirmó según recogió ‘Le Monde’ que “este veredicto es histórico. Por primera vez, un tribunal nacional se ha atrevido a confrontar las atrocidades de la Segunda Guerra del Congo y demostrar que la justicia puede prevalecer incluso después de décadas de impunidad”. El trabajo de organizaciones de derechos humanos y representantes legales se centró en garantizar la representación de las víctimas y su acceso a la justicia, en un contexto marcado por la vulnerabilidad y la dificultad de acceder a recursos judiciales en la República Democrática del Congo.
La Segunda Guerra del Congo, conflicto que abarcó de 1998 a 2003, generó más de un millón de muertes y desplazó a millones de personas, según cifras citadas por ‘Le Monde’. Durante esos años, múltiples facciones —incluida la RCD-N bajo el mando de Lumbala— utilizaron la violencia armada y la explotación de civiles para dominar vastos territorios y apropiarse de los recursos naturales. La operación ‘Limpiar la Pizarra’ demostró, según pruebas presentadas por la fiscalía, una intención deliberada de erradicar a los opositores y someter a las comunidades mediante el terror, siguiendo directrices específicas de su estructura jerárquica, detalló el rotativo francés.
El desarrollo de las audiencias en París fue interpretado por varias ONG y observadores internacionales como un avance significativo en la aplicación del principio de justicia universal para delitos relacionados con violencia sexual en conflictos armados. Estas entidades señalaron ante ‘Le Monde’ que la sentencia representa una excepción en la persecución y sanción de estos delitos, los cuales generalmente permanecen sin castigo en contextos de guerra y fuera del alcance de los tribunales locales e internacionales convencionales.
Según los reportes de ‘Le Monde’, el proceso implicó el testimonio directo de víctimas, sobrevivientes y familiares, quienes relataron ante la corte años de abusos sufridos bajo las órdenes del grupo armado. El trabajo conjunto de la Fundación Clooney para la Justicia, TRIAL International y otras entidades permitió que las víctimas tuvieran acceso a asistencia, seguridad y representación durante todo el proceso judicial en territorio francés.
El tribunal de París, al dictar su sentencia, resaltó la magnitud y naturaleza sistemática de los actos atribuidos a la organización de Lumbala, enfatizando el uso extendido de la violencia con fines de control social, económico y militar en regiones estratégicas de la República Democrática del Congo. Los jueces tuvieron en cuenta pruebas de asesinatos, torturas, trabajos forzados y delitos sexuales como parte de una estrategia dirigida por el acusado para consolidar el poder y los recursos extractivos de la zona.
La resolución judicial motivó a organismos humanitarios y defensores de derechos a reflexionar sobre los nuevos parámetros que establece la justicia internacional para perseguir y juzgar este tipo de crímenes. ‘Le Monde’ consignó que varias ONG subrayaron el valor jurídico del proceso y estimaron que sentencias como esa podrían alentar a otros tribunales europeos y de otras regiones a aplicar el principio de justicia universal en casos similares.
Las autoridades judiciales y los representantes de las víctimas expresaron que el proceso celebrado en París constituyó un referente frente a la insuficiencia de respuestas judiciales en sistemas nacionales africanos, así como en instancias internacionales convencionales. La cobertura de ‘Le Monde’ describió la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales, el equipo legal de las víctimas y las instituciones judiciales francesas como un modelo a seguir en futuros juicios por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El fallo contra Lumbala no solo supuso una condena personal para el exjefe rebelde, sino también la afirmación de la capacidad de la justicia internacional para abordar de modo efectivo los delitos más graves cometidos durante la Segunda Guerra del Congo. El medio francés concluyó que este precedente podría incentivar a otras víctimas y testigos de crímenes de guerra a buscar justicia fuera de sus fronteras nacionales, recurriendo a fórmulas como la justicia universal ante tribunales de otros países.
