El Banco de Rusia señaló que las intenciones de la Comisión Europea respecto al uso de los activos rusos congelados, tanto de manera directa como indirecta, contradicen los principios del derecho internacional y vulneran la inmunidad soberana de esos recursos. Esta declaración anticipó la decisión de llevar el asunto a instancias legales, como respuesta a los recientes movimientos en la Unión Europea para solidificar la inmovilización de bienes rusos y examinar alternativas sobre su uso.
De acuerdo con la agencia rusa Tass y la televisión RBC, el Banco Central de la Federación de Rusia ha interpuesto el 12 de diciembre de 2025 una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear Bank SA/NV, empresa belga dedicada a la custodia de valores y activos. En esta acción judicial, la autoridad monetaria rusa exige el pago de 18,2 billones de rublos, cifra equivalente a 193.700 millones de euros. El reclamo responde a daños y perjuicios atribuidos a la utilización sin autorización, ya sea de forma directa o indirecta, de los activos que pertenecen a la entidad rusa.
El procedimiento legal se basa en la acusación de que Euroclear habría ejecutado acciones sin el consentimiento del Banco Central ruso sobre los bienes que permanecen bloqueados en la Unión Europea. Según informó la entidad dirigida por Elvira Nabiullina, la demanda busca una compensación reparatoria por lo que califican como acciones ilegales del depositario. El banco apuntó a la defensa activa de la soberanía sobre sus recursos internacionales y manifestó su desacuerdo con cualquier procedimiento que permita el acceso o manipulación por parte de terceros, incluso respaldado por sanciones derivadas del conflicto abierto tras la invasión de Ucrania.
En paralelo a este escenario judicial, el comisario económico de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, declaró el viernes que tanto Euroclear como el resto de entidades que custodian activos rusos bloqueados en la UE están "plenamente protegidas". Argumentó que las sanciones que fundamentan la inmovilización de estos recursos cumplen con los estándares del derecho internacional. Así, la Comisión Europea mantiene la postura de que sus actuaciones se encuentran dentro del marco jurídico aceptado por la comunidad internacional.
La semana previa a la presentación formal de la demanda, los estados miembros de la Unión Europea confirmaron la incautación indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos radicados en territorio de los Veintisiete. Según consignó el medio RBC, esta decisión precede al debate para emplear parte de ese capital en un préstamo denominado "de reparación" dirigido a Ucrania, tema que se pretende discutir y consensuar en la cumbre europea de la semana siguiente. Los líderes de la UE evalúan utilizar la rentabilidad generada por esos activos —en lugar del capital congelado en sí— para apoyar financieramente a Kiev.
La reacción del gobierno ruso no tardó en manifestarse. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a través de un comunicado, advirtió que responderá con celeridad si la Unión Europea procede con el embargo de activos rusos a fin de sufragar costes de guerra o otorgar mecanismos de apoyo a Ucrania. Moscú interpretó estos procedimientos como un acto de "robo flagrante", profundizando la confrontación legal y diplomática entre ambas partes.
A su vez, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, reconoció este lunes, según reportó Tass, que existen crecientes dificultades para lograr el consenso necesario entre los países europeos con vistas al crédito para Ucrania basado en los bienes bloqueados. No obstante, Kallas subrayó que la utilización de esos recursos representa la alternativa "más creíble" para los gobiernos europeos y no se barajan otras opciones concretas de momento.
Según publicó el medio RBC, la postura de Moscú también abarca la advertencia explícita de posibles acciones legales complementarias en escenarios donde entidades extranjeras efectúen cualquier tipo de traspaso, uso o inversión de los activos rusos sin la aprobación expresa del Banco Central. La institución reiteró su convicción de que tales actos vulneran la inmunidad soberana y podrían provocar una cadena de litigios internacionales.
Mientras tanto, los procedimientos legales continúan su curso en Moscú, donde el tribunal deberá determinar si la reclamación del Banco Central ruso cumple los requisitos para avanzar. Esta disputa refleja el trasfondo de las crecientes tensiones entre Rusia y la Unión Europea en torno al control y la gestión de activos financieros en el contexto de las sanciones impuestas tras el inicio del conflicto en Ucrania.
El caso abierto podría influir en la manera en que se gestionan los activos soberanos de otros países sujetos a sanciones, debido al precedente que creen las decisiones judiciales y políticas adoptadas tanto en Rusia como dentro de la Unión Europea. Los próximos pasos dependerán tanto de la determinación del tribunal ruso como del desarrollo de las conversaciones políticas y financieras entre Moscú y Bruselas, en medio de un panorama marcado por la incertidumbre sobre el destino de los fondos bloqueados y la legalidad de su eventual uso en beneficio de terceros.
