La misión internacional de observación electoral destacó en su informe la existencia de procedimientos para revisar y corregir posibles errores en actas con inconsistencias antes de proclamar resultados definitivos. Esta información adquirió relevancia en un contexto marcado por demoras en el escrutinio y percepciones de irregularidades técnicas, según reportó Europa Press. El reporte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó la importancia de que las actas físicas permanezcan bajo custodia, ya que constituyen una salvaguarda clave ante cualquier incidente informático, en un proceso electoral donde la desconfianza ciudadana y la polarización han ido en aumento.
De acuerdo con Europa Press, los observadores internacionales identificaron retrasos y problemas técnicos durante el recuento de votos en Honduras, generando inquietud en la sociedad y entre los actores políticos. El físico resguardo de actas y los controles de verificación aparecieron en el informe como los principales mecanismos para blindar la voluntad popular frente a fallas operativas y técnicas ocurridas a lo largo de la jornada electoral.
Europa Press indicó que la percepción de fraude en el electorado hondureño se intensificó por dos factores: la división creciente entre los partidos oficialistas y de oposición, y el papel del órgano encargado de organizar las elecciones. Las demoras y las deficiencias técnicas señaladas por la misión de la OEA avivaron las dudas sobre la transparencia y la capacidad institucional para garantizar la legitimidad de la elección.
Según los datos consignados por Europa Press, con el 99,4% de las actas escrutadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional, figuraba con el 40,52% de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20%. Persistía un pequeño grupo de actas sin procesar, situación que pospuso la declaración oficial de resultados y mantuvo en vilo tanto a los ciudadanos como a los competidores electorales, en un ambiente social fuertemente polarizado.
La composición partidista del organismo rector del proceso electoral fue uno de los principales elementos señalados por el informe de la OEA, citado por Europa Press, como un factor que complicó la administración de la logística y de los sistemas informáticos empleados para la captura y transmisión de resultados. Este diseño institucional habría redundado en demoras y deficiencias en la distribución de material electoral y en la publicación de los datos del escrutinio.
Eladio Loizaga, jefe de la misión de observadores, intervino ante el Consejo Permanente de la OEA para exponer los hallazgos acerca de retrasos y fallos técnicos, atribuidos tanto a proveedores tecnológicos como al software utilizado para el procesamiento de votos. Europa Press recogió que Loizaga fue enfático al afirmar que no existían pruebas de dolo, manipulación intencionada o irregularidades en el material electoral físico ni en los sistemas empleados, aclarando que las incidencias informáticas no equivalían automáticamente a fraude electoral.
A pesar de las deficiencias mencionadas, Europa Press precisó que las autoridades hondureñas no habían incumplido el plazo legal para la difusión de los resultados oficiales y proseguían con la revisión del remanente de actas. Estaban previstas etapas de verificación de inconsistencias y rectificación de documentos antes de la proclamación de los candidatos ganadores.
Durante la presentación ante la OEA, Loizaga transmitió su preocupación por la falta de explicaciones sobre la lentitud en el conteo y la divulgación pública de resultados, reclamando que tanto las autoridades como los partidos cumplieran de inmediato con sus obligaciones institucionales. La misión de observadores pidió no emplear las dificultades técnicas como pretexto para atrasar la culminación del proceso ni para justificar nuevas demoras, según publicó Europa Press.
El informe insistió en que la transparencia y la claridad para la sociedad hondureña constituyen condiciones necesarias para restaurar la credibilidad del sistema electoral, sitos clave ante la atmósfera de desconfianza percibida por los ciudadanos. La OEA remarcó, en sus recomendaciones, que el escrutinio y la publicación de los datos debían desarrollarse dentro de plazos razonables y bajo principios de claridad.
Tanto Eladio Loizaga como Albert Ramdin, secretario general de la OEA, dirigieron llamados a los principales protagonistas políticos del país. Loizaga hizo hincapié en la obligación de defender la legitimidad del proceso y evitar discursos que puedan comprometer la aceptación de los resultados. Ramdin, según difundió Europa Press, formuló peticiones públicas en redes sociales a candidatos y partidos para que priorizaran la estabilidad del país y la paz social durante la fase restante hasta el anuncio final.
En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Ramdin solicitó a las autoridades electorales actuar con imparcialidad y dentro del marco legal vigente, con el objetivo de que la etapa final de la elección cumpliera los estándares esperados de transparencia y libertad. El medio reportó que el clima informativo reflejaba un aumento en la crispación social motivada por el atraso en la comunicación de datos oficiales y la falta de explicaciones claras por parte de los órganos estatales a cargo del proceso.
La polarización política y la percepción de parcialidad institucional formaron parte del análisis de la misión, que destacó la necesidad de mantener la confianza ciudadana a través de protocolos robustos para la revisión y custodia de la documentación electoral. El reporte enfatizó que las imperfecciones técnicas y los problemas logísticos detectados no constituían evidencia suficiente de un intento de alterar los resultados electorales o de vulnerar la voluntad recogida en las urnas. El resguardo estricto de las actas y los métodos de revisión representaban garantías fundamentales mientras continuaban las tareas de procesamiento y verificación.
Europa Press concluyó que la OEA reiteró la importancia de prevenir discursos que busquen socavar el proceso y exhortó a los actores políticos a renovar su responsabilidad con la estabilidad institucional, señalando que la pronta divulgación de los resultados, bajo parámetros de legalidad y transparencia, es indispensable para sostener la confianza pública y el desarrollo democrático en Honduras.
