La influencia sostenida de grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos y Latin Kings sobre la Penitenciaría del Litoral, identificada desde 2021 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador, ha agudizado los desafíos de seguridad, atención médica y alimentación al interior del recinto penitenciario. En este contexto, el CDH reportó que al menos catorce internos fallecieron durante el último fin de semana en la cárcel ubicada en Guayaquil, lo que acentúa la crisis sanitaria y de derechos humanos en una de las prisiones más conflictivas y superpobladas del país.
Según consignó el CDH y diversos medios nacionales, las cifras más recientes forman parte de una tendencia preocupante: al menos 590 muertes han ocurrido en la Penitenciaría del Litoral durante este año, muchas de ellas asociadas a problemas de salud y alimentación. El medio reportó que los cuerpos recuperados presentaban condiciones críticas, alimentando la inquietud sobre el deterioro de la sanidad penitenciaria. El comité señaló que durante el fin de semana se retiraron ocho cadáveres el domingo y seis el sábado, reforzando las alarmas sobre un sistema incapaz de contener la emergencia.
La Penitenciaría del Litoral alberga cerca de 7.000 personas privadas de libertad en doce pabellones, según el informe más reciente del CDH publicado en noviembre. El centro enfrenta sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y servicios esenciales, y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades ha profundizado estas carencias. El reportaje precisó que la situación se volvió más crítica tras la declaración del estado de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, contexto en el que se agravó el dominio de los pabellones por parte de los grupos criminales.
De acuerdo con lo detallado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el gobierno ha justificado la continuidad del estado de conflicto interno alegando el creciente poder de las bandas dentro de los centros de detención. La medida se estableció en enero de 2024 tras una oleada de incidentes violentos, entre los que destacó el asalto armado a un canal de televisión que tuvo origen en el interior de una cárcel. Hechos como este evidenciaron la capacidad de las bandas para operar desde los penales y detonó episodios de violencia nunca antes registrados, indicó el medio.
El CDH denunció que el progresivo deterioro de las condiciones carcelarias aumentó después de la imposición de este estado de excepción, generando un escenario en el que, según el comité, “la administración estatal habría permitido la degradación” de manera deliberada. La organización atribuye la creciente cifra de decesos y la insalubridad reinante a la falta de reacción efectiva de las autoridades responsables. El medio subrayó que, junto a la violencia, preocupan los brotes de tuberculosis y los numerosos casos de desnutrición reportados entre la población penitenciaria.
Durante la primera semana de diciembre se registraron otras veinte muertes en la misma prisión, en una serie de episodios que, de acuerdo con el CDH y múltiples medios, reflejan el carácter sistemático de la crisis. A estas circunstancias se suma la escasez de recursos para atender emergencias médicas, la insuficiencia de alimentos y el acceso restringido a medicamentos y consulta clínica, según denunció el comité. Este panorama ha implicado no solo una elevada mortalidad, sino también hacinamiento, agresiones y vulneraciones continuas a los derechos humanos.
El CDH recalcó que las condiciones precarias dentro de la Penitenciaría del Litoral han derivado en situaciones de violencia letal y contagios de enfermedades, afectando tanto a los internos como a sus familias. Las organizaciones defensoras de los derechos de los presos demandaron nuevamente la aplicación de reformas estructurales al sistema penitenciario y el mejoramiento de las condiciones de vida en los distintos centros de reclusión. De no existir una intervención adecuada, el comité advirtió sobre el riesgo de nuevas emergencias sanitarias y más episodios de violencia.
Tal como publicó el medio, uno de los factores que más incide en la complejidad de la crisis es la imposibilidad de mantener el control estatal al interior del penal. La consolidación del poder de los grupos criminales en la Penitenciaría del Litoral ha dificultado la ejecución de políticas de seguridad y ha limitado la entrega de servicios básicos a los internos. El CDH puntualizó que esta situación continúa generando alarma entre familiares de los privados de libertad y la comunidad internacional.
Los acontecimientos recientes, reportados por medios nacionales y avalados por el Comité de Derechos Humanos, describen la gravedad del colapso carcelario en Ecuador. En este contexto, las peticiones de organizaciones defensoras de derechos humanos apuntan a la necesidad urgente de políticas que permitan responder a la crisis, contener los brotes de enfermedades y reducir el hacinamiento en las prisiones ecuatorianas.
