Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), los detenidos en las recientes operaciones han admitido durante los interrogatorios que facilitaron datos personales y se involucraron en actividades delictivas tras recibir amenazas y falsas promesas, bajo la presión de intermediarios que supuestamente actuaban en nombre de servicios extranjeros. Las autoridades advierten que estos actos pueden acarrear castigos judiciales severos, incluyendo la cadena perpetua en caso de condena por traición.
El lunes, el FSB y las fuerzas policiales rusas llevaron a cabo arrestos en cinco regiones del país, apuntando a aproximadamente una decena de ciudadanos. Según consignó el medio, los arrestados permanecen bajo la acusación de ejecutar acciones de sabotaje coordinadas por la inteligencia ucraniana, a la que se le atribuyen tácticas de chantaje direccionadas a ciudadanos rusos para forzarlos a participar en delitos contra la seguridad estatal.
De acuerdo con la información difundida por el FSB y citada por las agencias de medios rusos, los individuos detenidos reconocieron haber solicitado importantes préstamos bancarios luego de ser contactados por grupos que operaban como presuntos estafadores. Esos fondos habrían sido transferidos a cuentas específicas bajo instrucciones de esos grupos, quienes posteriormente los conectaron con personas que se presentaron como supuestos agentes policiales rusos. Según lo declarado al FSB, estos agentes falsos amenazaban con incriminarlos por financiar a las Fuerzas Armadas ucranianas salvo que accedieran a ejecutar "actividades ilegales" precisas, entre las que se incluían ataques contra la infraestructura de seguridad y la interferencia en operaciones del transporte.
La agencia de seguridad rusa destacó en su comunicado que la inteligencia ucraniana explota deliberadamente redes sociales e internet con el fin de persuadir y manipular a personas vulnerables en territorio ruso. A esos ciudadanos se les advertía que negarse a participar los exponía a ser acusados de traición, lo que, según la legislación local, puede traducirse en penas de prisión de larga duración o incluso en cadena perpetua.
Tal como publicó el medio, el FSB instó a la población rusa a ejercer especial precaución con cualquier contacto digital que solicite información personal o proponga actividades ilegales, enfatizando que ningún organismo gubernamental auténtico utiliza esos canales para solicitar documentación o iniciar comunicaciones oficiales. En el comunicado oficial se subraya la prohibición absoluta de que entidades estatales entren en contacto con los ciudadanos por estas vías, añadiendo: "Ningún actor gubernamental solicitará jamás datos personales o involucrará a la población en actividades clandestinas mediante internet o redes sociales".
Según detalló la nota, la investigación en curso apunta a desarticular redes de colaboración que, bajo la apariencia de actos civiles o financieros inocuos, terminan facilitando operaciones de sabotaje. El organismo ruso destacó además la complejidad de los métodos empleados, que combinan engaños y presiones psicológicas con amenazas legales, colocando a ciudadanos comunes en situaciones de grave riesgo jurídico y de seguridad.
El Servicio Federal de Seguridad reiteró que procede con acciones judiciales en cada caso y enfatizó la gravedad de las acusaciones. El delito de traición continúa considerando como uno de los cargos más serios en el Código Penal ruso, con implicaciones legales que pueden incluir la privación de libertad de por vida.
Los hechos ocurrieron en el contexto de crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, y el FSB reiteró su llamado a denunciar cualquier intento de contacto sospechoso por parte de presuntos organismos oficiales a través de los canales adecuados. El caso permanece bajo investigación y las autoridades rusas aseguran que mantendrán rigurosas medidas de seguridad interna frente a nuevos intentos de sabotaje o injerencia a través de procedimientos semejantes.
